Al menos el 70% de las personas acusadas de participar en el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero han sido puestas en libertad a la espera del juicio, según una investigación de The Guardian.
Esta elevada tasa de puesta en libertad provisional contrasta con las tasas de detención habituales en el sistema federal de Estados Unidos, donde sólo el 25% de los acusados suelen obtener la libertad provisional antes de su juicio.
Eric Munchel, identificado presuntamente como “Zip Tie Guy” que fue fotografiado en el Senado portando equipo militar y esposas de plástico, fue puesto en libertad a finales de marzo, junto con su madre, después de que un tribunal de apelación pusiera en duda que supusiera un peligro fuera del contexto específico del 6 de enero.
Richard Barnett, el hombre de Arkansas fotografiado con el pie sobre el escritorio de Nancy Pelosi, fue puesto en libertad a finales de abril, casi dos meses después de gritar durante una vista judicial que “no era justo” que él siguiera en la cárcel cuando “los que llevaron a cabo actos de mayor gravedad ya estaban en su casa”.
A varios presuntos miembros de los Proud Boys y de los Oath Keepers, dos grupos ultraderechistas que se enfrentan a los cargos más graves de conspiración relacionados con planes violentos, se les ha concedido la libertad provisional, aunque algunos líderes destacados de estos grupos siguen detenidos.
El contraste en los porcentajes de detención preventiva entre los detenidos por el asalto al Capitolio y los detenidos por otros delitos federales comunes pone de manifiesto lo que, según los expertos jurídicos, es una realidad a la hora de castigar los hechos del 6 de enero: la posibilidad de que una parte importante de los asaltantes no cumpla ninguna pena de cárcel incluso si son condenados o se declaran culpables.
Según los expertos, muchos de los imputados por el asalto al Capitolio están siendo puestos en libertad antes de que se celebre el juicio porque se enfrentan a cargos menores, aunque creen que también han podido influir otros factores en el contraste que se aprecia en relación a otros delitos federales, como los prejuicios raciales.
“Me sorprende y no me sorprende. La mayoría de los imputados por el asalto contra el Capitolio son blancos”, dice Erica Zunkel, directora asociada del Centro de Justicia Penal Federal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. “La mayoría de los detenidos preventivamente en el sistema federal son personas de color”.
En un comunicado, la oficina del fiscal del Distrito de Columbia, que está llevando los casos, ha indicado que los presuntos asaltantes del Capitolio se enfrentan a un tipo de cargos muy diferentes a los de la mayoría de los imputados por delitos federales.
“Comparar el porcentaje de imputados por el asalto al Capitolio detenidos con la media del sistema federal es mezclar churros con merinas”, señala un portavoz de la oficina. “La mayoría de las personas imputadas por el sistema federal se enfrentan a cargos por delitos de inmigración o de drogas, y ambos suelen ir acompañados de detención. Los imputados por los actos del 6 de enero se enfrentan a una variedad de cargos de obstrucción, asalto y allanamiento. La comparación no tiene sentido”.
Zunkel, un exabogado defensor federal, argumenta que es absolutamente justo preguntarse por qué los fiscales y los jueces toman decisiones de puesta en libertad provisional o permanencia en la cárcel diferentes para los casos de drogas e inmigración que para las personas acusadas de participar en el asalto del 6 de enero, que son blancas en más del 90% de los casos.
Según Zunkel, que se basa en datos de sentencias, más del 96% de las personas imputadas por delitos federales de inmigración son hispanas y más del 70% de los imputados por delitos federales de drogas son hispanos y negros.
“Nuestro sistema tiene un grave problema, algo está francamente mal, si tiene una tasa de detención del 75% en todo el país, y en cambio, un subconjunto con una tasa de liberación de más del 70%”, lamenta.
Zunkel y una colaboradora, Judith P. Miller, ambos ex abogadas defensoras, afirman que el nivel de prudencia y recelo con el que los jueces federales deciden si los acusados del Capitolio son lo suficientemente peligrosos como para seguir encarcelados no es en absoluto la norma.
En su opinión, el problema no es que los jueces se estén equivocando al dejar en libertad a los acusados del Capitolio, sino que no sigan el mismo criterio con la mayoría de las personas que esperan ser juzgadas por un delito federal.
“Para mis clientes negros y latinos, que quieren la libertad provisional, el listón está altísimo”, afirma Miller, profesora de Derecho de la Universidad de Chicago. “Los magistrados han mostrado un tipo de empatía y sensibilidad hacia los detenidos por el asalto al Capitolio que pedían ser puestos en libertad hasta el juicio que me gustaría verla en un contexto más amplio”.
La oficina del fiscal del Distrito de Columbia no ha querido confirmar cuántos acusados del Capitolio cumplen prisión preventiva, señalando que el número “puede fluctuar con frecuencia en función de las decisiones de detención en curso”.
Según el Departamento de Justicia, a mediados de mayo, habían sido detenidas por el asalto al Capitolio al menos 440 personas, de las cuales al menos 125 han sido acusadas de agresión o de obstrucción a la justicia.
De los 398 acusados que figuraban en la página web del Departamento de Justicia relativa al asalto al Capitolio hasta el 10 de mayo, al menos 330 figuraban en la página o en los registros de los tribunales federales como liberados. Al menos 56 de esos acusados seguían detenidos.
La cifra y el porcentaje exacto de imputados por el asalto al Capitolio que están en libertad frente a los que están detenidos varía constantemente, ya que mientras se detiene a nuevos presuntos alborotadores otros son puestos en libertad y otros corren el riesgo de volver a ser detenidos por violar las condiciones de su libertad. La cifra y la situación de los casos en la página web de las infracciones en el Capitolio del Departamento de Justicia también va a la cola de los expedientes judiciales.
Sin embargo, la tendencia es evidente: la inmensa mayoría de las personas contra las que se han presentado cargos por haber asaltado el Capitolio esperan el juicio en sus casas.
Según los registros judiciales, algunos de los imputados han sido obligados a cumplir condiciones de libertad más estrictas, con vigilancia por GPS, toque de queda o arresto domiciliario, y limitaciones en su acceso a Internet o a las redes sociales.
Muchos de los acusados se enfrentan a cargos menores, por haber entrado en un edificio de acceso restringido o por haber mostrado una conducta violenta. Un análisis de los documentos judiciales realizado por el Washington Post a mediados de mayo concluía que el 44% de los detenidos sólo se enfrentan a cargos por delitos menores.
Algunos de los jueces federales que se ocupan de los casos del asalto al Capitolio han expresado su preocupación por el hecho de que ciertos acusados puedan haber pasado ya más tiempo en prisión preventiva del que probablemente deban afrontar como castigo por sus delitos.
“En el caso de los acusados de delitos menores, es probable que no cumplan ninguna condena significativa, o incluso que no cumplan ninguna”, ha puntualizado Mary McCord, una experta en extremismo que trabajó casi 20 años como fiscal en la oficina del fiscal de Estados Unidos en Washington. “Es muy posible que si se declarasen culpables, fuesen condenados al tiempo que ya han cumplido o a 30 días”.
Según expertos legales, existe una tensión entre el efecto logrado por la suma de las personas que asaltaron el Capitolio, que impidió momentáneamente la certificación oficial de la elección de Biden como presidente de Estados Unidos, y amenazó la legitimidad de la democracia estadounidense, y aquello que los fiscales federales pueden probar que hicieron cada una de las personas que participaron en el asalto.
“Tenemos un sinfín de leyes que tipifican actos como delitos y es irónico que no se puedan presentar cargos de mayor gravedad”, señala Zunkel.
Daniel Richman, profesor de Derecho de la Universidad de Columbia y exfiscal federal, señala que para poder presentar cargos más graves contra los participantes, como el relativo a conspiración o conspiración sediciosa, sería necesario demostrar la existencia de un acuerdo previo entre los asaltantes, y esto parece faltar en el caso de muchos de los participantes en la caótica turba que entró en el Capitolio.
Richman destaca que parte de la dinámica actual de los casos del Capitolio consiste en ver cómo las limitaciones normales del sistema penal contrastan con las elevadas expectativas de un público que vivió en directo cómo se iba desencadenando la impactante violencia del 6 de enero.
“Los procesos penales nunca terminan en gloriosos momentos de rendición de cuentas en los que todo el mundo está satisfecho de que se haya hecho lo correcto”, dice.
En el caso de muchos de los acusados por el asalto al Capitolio que se enfrentan a estos cargos menores, los fiscales del Departamento de Justicia ni siquiera intentaron que permanecieran en la cárcel hasta el juicio, y fueron puestos en libertad rápidamente con las condiciones habituales.
Los fiscales federales lucharon durante meses para mantener a otros acusados bajo custodia, y los jueces federales acabaron anulando su decisión, sobre todo después de la crucial sentencia del tribunal de apelación que cuestionaba la detención de Munchel, el presunto “tipo de las esposas de plástico”, y de su madre, que concedieron entrevistas en las que hablaban de su voluntad de ejercer la violencia para promover sus creencias, pero que no estaban acusados de haber cometido ningún acto concreto de violencia o vandalismo mientras deambulaban por el Capitolio.
“Mi opinión es que los jueces que decidieron poner en libertad bajo fianza a algunas de estas personas pensaron que el 6 de enero se daban las condiciones ideales para que estos ciudadanos cometieran un delito, y ahora ya no se dan esas condiciones ideales, por lo que no es probable que vuelvan a hacerlo”, señala Wanda Bertram, estratega de comunicación de la Iniciativa de Política Penitenciaria, una organización sin ánimo de lucro que quiere sensibilizar sobre el impacto negativo del encarcelamiento masivo.
En este sentido subraya que la misma lógica podría aplicarse otros delitos menores, e “invertir en las comunidades” para “crear condiciones diferentes” que hagan improbable que las personas que cometan delitos repitan el mismo comportamiento.
“El trato dispensado a las personas implicadas en el asalto al Capitolio debería evidenciar lo que es posible y lo que es lógico en términos de cómo tratar a partir de ahora a aquellas personas que esperan un juicio”.
Ex fiscales defienden la labor del Departamento de Justicia en los casos del Capitolio, y dicen que la identificación y detención de gran parte de los cientos de personas que asaltaron el edificio es fruto de un gran esfuerzo y demuestra hasta qué punto el Gobierno quería asegurarse de que este ataque no quedaba impune.
“Tenían la determinación, y la siguen teniendo, de encontrar a todas las personas que han participado en este asalto”, dice Laurie Levenson, profesora de la facultad de Derecho de Loyola. “Para el fiscal general, las cifras importan. Realmente importa que se responsabilice a cientos de personas. Ese es el mensaje para la gente: no hay que jugar con el sistema”.
“Creo que quieren que en los expedientes de todos aparezca que fueron responsables de estas acciones”, dice Levenson. “Que estas personas salgan de un juicio con un expediente de delito federal menor significa algo. Tiene un impacto en su empleo, en su vida, en su posición en la comunidad. Incluso si sólo obtienen la libertad condicional, a partir de ahora tendrán que ser más cuidadosos”.
Traducido por Emma Reverter.
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