Donald Trump no ha conseguido ampliar el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, pero su Administración ha ido erigiendo lentamente un muro invisible que limita la inmigración a Estados Unidos, según afirman en entrevistas abogados y grupos de refugiados.
Algunas de estas barreras han recibido bastante atención, como las tres versiones del veto migratorio a gente procedente de países de mayoría musulmana y la suspensión de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), un programa de la era de Obama que protegía a los jóvenes sin papeles criados en Estados Unidos.
La Administración de Trump también ha orquestado un ataque más sutil a la inmigración que afecta a las poblaciones más vulnerables, como los refugiados, así como a empresarios poderosos que trabajan en Estados Unidos.
“Creo que, básicamente, esperan que de aquí a cinco años tenga lugar un claro descenso incluso en el número de gente que quiera venir”, dice Sandra Feist, una abogada especializada en inmigración, a the Guardian. “Creo que si seguimos así, eso es lo que veremos”.
Feist, que ha trabajado en legislación de inmigración durante 16 años y es parte del comité de defensa y comunicación de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, dice que una serie de pequeños cambios administrativos han ralentizado de manera drástica el proceso para obtener un visado.
Trabas burocráticas
Esto incluye cambios como un control mayor para el visado H-1B para profesionales especializados y un nuevo requisito en forma de entrevista obligatoria para aquellos que aspiren a un permiso de residencia permanente respaldado por sus empleadores. Los abogados de inmigración también han percibido un aumento en las dificultades, o solicitudes de pruebas, por parte de los Servicios Estadounidenses de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés), que supervisan la inmigración.
Cuando Trump fue elegido, Feist anticipó que el Congreso podría modificar la legislación de inmigración, pero dice que no esperaba trabas en el proceso administrativo.
“No creo haber esperado que atacaran de manera tan agresiva mi proceso de inmigración para alguien de alta cualificación”, dice Feist. “Tampoco estaba preparada para la forma en la que usan los procesos administrativos con tanta habilidad para crear trabas y barreras burocráticas que no necesitaban de cambio alguno en la ley”.
Una preocupación de los abogados de inmigración es la dirección que ha tomado el USCIS bajo la dirección de su nueva defensora, Julie Kirchner, que durante 10 años fue directora de la Federación para la Reforma Americana de Inmigración, un grupo que ha promovido restricciones muy extremas en cuanto a inmigración.
El Grupo de Congresistas Hispanos (CHC por sus siglas en inglés) pidió su dimisión en mayo. “No creemos que una persona que ha pasado más de una década atacando a las comunidades de inmigrantes vaya a trabajar ahora de manera efectiva y con conciencia para promover los derechos de los inmigrantes y a llevar a cabo las importantes tareas que requieren este rol”, dice el CHC.
El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa los USCIS, dijo que no hace comentarios sobre las comunicaciones del Congreso con secretarías.
Contra la inmigración laboral y familiar
Los cambios en los USCIS han afectado a los pilares principales de la inmigración en Estados Unidos: la basada en el trabajo y en la familia, en la que ciudadanos o personas en posesión de permisos de residencia permanente apadrinan la solicitud del permiso de residencia permanente de un familiar.
Trump ha expresado su intención de reemplazar la inmigración con raíces familiares, denominada por él “migración en cadena”, por un sistema de méritos. Trump también ha pedido al Congreso que ponga fin al programa de lotería de visados, que obsequia 50.000 visados a personas en proceso de obtener un visado que provienen de países con niveles bajos de inmigración a Estados Unidos.
“Vamos a acabar pronto con el sistema de lotería y con la migración en cadena. El Congreso se tiene que involucrar de manera inmediata, y están involucrados de manera inmediata, y os puedo decir que tiene un apoyo enorme. Se pondrá fin a eso”, dijo Trump en diciembre.
Contra solicitantes de asilo
Mientras tanto, los programas para ayudar a gente que huye de desastres naturales, violencia y persecución han sido cancelados o ralentizados por las trabas burocráticas bajo la Administración de Trump.
En julio, grupos de activistas presentaron una demanda que acusaba al DHS y a la policía de fronteras de poner en peligro a los solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México al amenazarlos, confundirlos o rechazarlos. Las agencias no han emitido comunicados públicos sobre demandas.
Los altos cargos elegidos por Trump también han cambiado de manera drástica la forma en la que el gobierno federal habla de asilo, llegando hasta a sugerir en comunicaciones públicas que el asilo es un vacío legal del que se abusa continuamente, lo que es una afirmación sin pruebas.
“También tenemos a abogados de inmigración canallas que incitan a sus clientes, que están viviendo en situación ilegal, a presentar solicitudes de asilo falsas dándoles las palabras mágicas que necesitan para argumentar que tienen miedo a volver” (a sus países)“, dijo en octubre el fiscal general, Jeff Sessions.
Los USCIS señalan que no tienen datos que muestren un abuso generalizado del sistema de asilo.
El Departamento de Justicia, que Sessions dirige, envió a the Guardian cinco comunicados de prensa sobre una noticia de fraude migratorio. Ninguno de estos casos demuestra un abuso al sistema de asilo, aunque se descubrió que un bosnio había mentido sobre su participación en la guerra civil del país para obtener estatus de refugiado.
Tres de las tramas de fraude fueron orquestadas por completo o parcialmente por estadounidenses.
Este año, la Administración también ha ido contra un programa que otorga residencia temporal a personas afectadas por situaciones como desastres naturales o conflictos: el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés).
En noviembre se puso fin al TPS de más de 50.000 haitianos y de 5.300 nicaragüenses que tienen que irse antes de 2019 o enfrentarse a ser deportados. El grupo más grande de receptores del TPS, salvadoreños que huyeron de sus hogares después de que el país fuese arrasado por terremotos en 2001, están esperando a escuchar que se ha ampliado su protección antes de que expire en enero.
La Casa Blanca hizo de los refugiados uno de sus objetivos principales una semana después de la toma de posesión de Trump, cuando emitió una orden ejecutiva bloqueando la entrada de refugiados en la primera vez que impuso restricciones de viaje. La Casa Blanca en septiembre limitó la admisión de refugiados en 2018 a 45.000 personas, el cupo más bajo desde que en 1980 los presidentes comenzaron a imponer límites a la admisión de refugiados.
Al contrario que los pequeños cambios administrativos a los procesos de inmigración llevados a cabo por las agencias federales, la restricción de viaje fue respondida fácilmente en los tribunales con recursos y declarada inconstitucional.
Sin embargo, el Tribunal Supremo permitió que la tercera versión de la restricción de viaje fuese puesta en marcha este mes mientras que se enfrenta a recursos legales múltiples. Esta versión no bloquea la entrada de refugiados pero sí impide entrar en Estados Unidos a la mayoría de ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad, Venezuela y Corea del Norte.
Hans Van de Weerd, vicepresidente de programas estadounidenses en el Comité de Rescate Internacional (IRC por sus siglas en inglés), señaló que los intentos de Estados Unidos de restringir la admisión de refugiados muestra a otros países que es aceptable echar a los refugiados. “Hace mucho mayor el desafío global de ofrecer protección a los refugiados”, dice Van de Weerd a the Guardian.
Procesos ralentizados
La Administración de Trump también ha suspendido programas de refugiados como el de Menores de América Central, que permitía a padres con residencia legal en Estados Unidos a traer a sus hijos menores al país –el IRC calcula que el año pasado el programo protegió a casi 2.700 personas–. Trabas administrativas como más trámites y controles de seguridad han añadido una mayor carga a un sistema que ya era lento, en el que los casos tardaban hasta 200 días en procesarse.
“La reputación del país como un faro de seguridad y de que los valores de la nación tienen que ver con ofrecer protección a aquellos en peligro”, explica Van de Weerd. “Estados Unidos está perdiendo esa reputación”.
A pesar de la acumulación de ladrillos en este muro virtual, Van de Weerd señala que mantiene la esperanza porque los intentos de la Administración han inspirado a actuar a los grupos que ayudan a inmigrantes y refugiados.
“Hemos visto un interés masivo desde el sector privado para la reubicación y en donaciones privadas”, dice Van de Weerd. “Hemos visto a empresas manifestarse y decir que quieren dar empleo a gente. Nos ha costado gestionar la gran afluencia de voluntarios”.
Van de Weerd no está seguro de si los esfuerzos y las energías cambiarán la tendencia, pero le da esperanza mientras que el IRC se prepara para exigir más reubicaciones y para mejorar la actitud hacia los refugiados en 2018. “Toda esta situación ha obligado a la gente a dejar claro cuál es su posición”, añade Van der Weerd.
Traducido por Marina Leiva