Angela Merkel, Boris Johnson, Pedro Sánchez y otra veintena de líderes del mundo han anunciado un tratado internacional sobre pandemias, un mecanismo jurídicamente vinculante para protegerse de futuras pandemias y de su impacto en las economías y en la sociedad.
Aunque todavía no se ha concretado el contenido del tratado, el objetivo es que los gobiernos se comprometan políticamente con la seguridad sanitaria, con mensajes que refuercen la colaboración, la cooperación y la solidaridad mundiales para mitigar futuras pandemias.
Tras un año en el que han primado las estrategias nacionalistas para el control de la pandemia de COVID-19, el multilateralismo parece ser más necesario que nunca. Sin embargo, para que tenga sentido la preparación ante pandemias futuras, debemos abordar primero un problema que se ha hecho evidente: ¿por qué los gobiernos no han respetado el derecho internacional y las normas de gestión de pandemias que ya estaban en vigor?
El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) proporciona el marco legal que define lo que los gobiernos deben hacer para prevenir, detectar y responder a los brotes de enfermedades infecciosas. Esto incluye el intercambio de información sobre patógenos emergentes con la OMS; la puesta en marcha de intervenciones de salud pública para prevenir la transmisión de la enfermedad; y, a largo plazo, el aumento de la capacidad de los sistemas sanitarios para poder identificar y responder a las amenazas de enfermedades nuevas.
Paralelamente, han surgido iniciativas políticas de seguridad sanitaria mundial a través de grupos como la Agenda de Seguridad Sanitaria Mundial, el G7 y múltiples esfuerzos regionales como la Red de Vigilancia de Enfermedades de la Cuenca del Mekong. Los gobiernos han reconocido cada vez más la vulnerabilidad común ante el riesgo de enfermedades globales y la necesidad de colaborar con sistemas transparentes para prevenir y responder a las emergencias sanitarias.
Sin embargo, durante la pandemia, muchos de esos gobiernos han optado por dar la espalda a estas normas establecidas, y han decidido actuar por su cuenta. Se desmarcaron abiertamente de las orientaciones de la OMS sobre la mejor manera de responder al virus (a pesar de haber reconocido previamente a la OMS como coordinadora mundial de la enfermedad); no apoyaron a otros Estados en su respuesta a la epidemia; y han incumplido el RSI al aplicar restricciones de viaje en ausencia de tales recomendaciones de la OMS.
Además, muchos Estados siguen eludiendo las normas de solidaridad mundial con su apuesta incondicional por el nacionalismo de vacunas en detrimento de los esfuerzos por una distribución más equitativa de las dosis.
Una de las principales lecciones aprendidas es que la política es el motor que decide el rumbo de las pandemias. La voluntad política para gestionar un brote es crucial para el éxito de cualquier intervención técnica de control de enfermedades.
Un tratado serio requiere que los Estados cedan soberanía
Esto también es aplicable a la gobernanza mundial de las enfermedades: las mejores normas y el derecho internacional solo son tan eficaces como los poderes políticos que se les otorguen. Una crítica importante al RSI es que se trata de una herramienta técnica y legal, que define las responsabilidades del Gobierno para prevenir, detectar y responder a un patógeno nuevo, sin ningún incentivo o mecanismo de aplicación para hacerlo.
Más allá de la condena pública, hay pocas consecuencias para los gobiernos que incumplen la ley. Si el tratado sobre pandemias propuesto puede aportar un mayor compromiso político con la ley y las normas vigentes en materia de seguridad sanitaria mundial y es capaz de hacer que los gobiernos rindan cuentas, sería sin duda el santo grial para la preparación ante una pandemia.
¿Cómo podría ser este tratado? ¿Debería contemplar sanciones económicas o políticas por el incumplimiento del RSI? ¿Compensación económica por una respuesta eficaz a los brotes? Se ha sugerido la posibilidad de que ese poder de aplicar o incentivar provenga del sistema multilateral más amplio.
Esto podría implicar a instituciones más poderosas que tienen tales capacidades o recursos, como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, tanto la zanahoria (los incentivos) como el palo (las sanciones) podrían tener importantes costes políticos y económicos para los países implicados.
Si los gobiernos se toman en serio un tratado eficaz sobre pandemias, esto requeriría que cedieran una parte importante de su soberanía en lo que se refiere al control de enfermedades: dar poder y autoridad a la OMS para compartir información sobre patógenos; recomendar (o incluso aplicar) medidas de salud pública, incluso si estas tienen un coste significativo para el comercio y los viajes en un país; y permitir un poder internacional para imponer su cumplimiento.
Me resulta difícil imaginar a los gobiernos aceptando un tratado que les otorgue menos control en tiempos de crisis, la incapacidad de tomar decisiones soberanas en cuanto a las herramientas políticas aplicadas, y cuyo incumplimiento podría tener efectos secundarios económicos o políticos. Decir que se quiere un tratado es la parte fácil, negociarlo es lo difícil.
El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, del que se habla como posible modelo para este tratado, tenía como objetivo reducir el consumo y el comercio de tabaco, pero varios países, entre ellos Estados Unidos, no ratificaron el tratado debido a las demandas internas de la industria que entraban en conflicto.
Dependiendo del contenido del tratado propuesto sobre pandemias, es fácil imaginar la misma trayectoria: en la carta conjunta publicada la semana pasada, Estados Unidos y China destacan por su ausencia. Aunque se ha dado mucho bombo político a un posible tratado sobre pandemias, es poco probable que la buena voluntad y la solidaridad sobrevivan al proceso de negociación.
Un tratado de respuesta ante pandemias brinda la oportunidad de dotar de poder político a un mecanismo de gobernanza que se tambalea. Pero no hay forma de garantizar que los gobiernos lo cumplan en tiempos de crisis, como hemos visto durante la pandemia de COVID-19. ¿Por qué piensan nuestros actuales líderes políticos que sus sucesores actuarán de forma diferente?
- Clare Wenham es profesora adjunta de política de salud global en la London School of Economics.
Traducido por Emma Reverter.