Estados controlados por el Partido Republicano se están gastando cantidades astronómicas de dinero público en la compra de medicamentos a través de intermediarios no autorizados en un intento desesperado y de dudosa legalidad para llevar a cabo ejecuciones con inyecciones letales.
Una serie de documentos a los que ha tenido acceso The Guardian ponen de manifiesto todo el alcance de los gastos en los que se han embarcado los estados que mantienen la pena de muerte para poder reanudar las ejecuciones que la pandemia obligó a retrasar. Los hallazgos muestran también que ciertos líderes republicanos no solo están listos para saltarse sus propias normas estatales y federales, sino que además están dispuestos a hacerlo gastando a lo grande.
El desembolso más sorprendente es el hecho por Arizona, un estado en el que los republicanos controlan ambas cámaras y el gobernador es del mismo partido. Un documento de una sola página y con muchas líneas tapadas al que The Guardian ha tenido acceso pone de manifiesto que el Departamento de prisiones encargó el mes de octubre del año pasado 1.000 viales de un gramo cada uno de pentobarbital sódico. Y que el envío debía realizarse en “frascos y cajas sin marcar”. Al final del documento figura el precio: “Importe pagado: 1,5 millones de dólares”.
El desembolso extraordinario de 1,5 millones por parte de Arizona muestra con claridad hasta qué punto ese estado tiene la determinación de ejecutar a los presos del corredor de la muerte. El pentobarbital es el sedante que el estado usa en las ejecuciones, inyectando cinco gramos al condenado e induciendo así una sobredosis mortal.
El gasto en el que incurren las autoridades estatales de Arizona comprando medicamentos ilícitos para su uso en ejecuciones es aún más llamativo porque sucede en medio que una pandemia que ha tenido consecuencias muy graves para muchos ciudadanos. Se calcula que en el momento de ordenarse el pago había al menos un millón de personas con problemas de nutrición en Arizona, 300.000 de ellas niños.
Según las leyes federales y las del estado, administrar pentobarbital sin prescripción médica es delito. Los médicos no están autorizados a prescribir pentobarbital para ejecuciones porque terminar con la vida de un preso no constituye un uso médico-terapéutico de la sustancia.
The Guardian ha pedido al Departamento de prisiones de Arizona que explicara esa compra costosa y aparentemente ilegal de pentobarbital. Respondió explicando que no comenta cómo obtiene los medicamentos utilizados en las ejecuciones. Y recalcó en su respuesta que la información solicitada es “confidencial por ley”, secreta por decisión judicial. Un portavoz añadió: “El pentobarbital se ha administrado legalmente y con éxito durante años”.
Otros documentos a los que The Guardian ha tenido acceso están relacionados con los estados de Tennessee y Missouri.
El Departamento de prisiones de Tennessee gastó 190.000 dólares entre 2017 y 2020 en la compra de midazolam, bromuro de vecuronio y cloruro de potasio, los tres medicamentos utilizados en el protocolo de inyección letal. En ese período el estado ejecutó a dos internos con esas sustancias –Billy Irick y Donnie Johnson–. El coste en medicamentos por cada ejecución asciende a casi 100.000 dólares.
En Missouri, y según la documentación disponible, el servicio penitenciario invirtió alrededor de 160.000 dólares en ejecuciones con inyección letal. El dinero se gastó entre 2015 y 2020, años en los que el estado ejecutó a 10 personas. El coste para los contribuyentes por ejecución en medicamentos se sitúa alrededor de los 16.000 dólares.
Acuerdos cada vez más dudosos
Gastos tan cuantiosos quedan lejos de lo planteado cuando comenzaron las ejecuciones con inyección letal. El uso de fármacos para matar presos se remonta a 1977 en Oklahoma. Las autoridades estaban convencidas de que resultaba humano y barato. Calcularon que costaría unos 10 dólares por ejecución. Ninguna de las dos cosas ha resultado ser cierta. La supuesta humanidad de las inyecciones letales se ha visto desmentida por una serie de chapuzas que han conmocionado al país.
La última vez que Arizona ejecutó a un preso fue en 2014. A los verdugos les costó casi dos horas en inyectar 15 veces a Joseph Wood, que gemía y jadeaba atado a la camilla.
El motivo por el que los estados incurren en estos gastos parte de la negativa de las empresas farmacéuticas a permitir que sus productos sean utilizados en las ejecuciones. Argumentan que los medicamentos son para salvar vidas y no para terminar con ellas.
El resultado es que los estados en los que la pena de muerte sigue vigente se han visto obligados a incurrir en una serie de acuerdos cada vez más dudosos y a menudo ilegales con proveedores tanto en Estados Unidos como fuera del país.
En 2010, cinco estados compraron ilegalmente medicamentos para ejecuciones a Dream Pharma, un mayorista que opera desde una autoescuela en Londres, sin la aprobación de la FDA (la entidad reguladora de los medicamentos en Estados Unidos).
Los estados tratan de estirar la ley en sus intentos por saltarse el bloqueo de las empresas farmacéuticas. “Los estados han ido cambiando de una sustancia a otra, han pasado de un estado a otro para comprarlas, han pagado en efectivo y no lo han registrado para que esas compras se mantuvieran en secreto”, dice Debrah Denno, profesora de la facultad de Derecho de Fordham. “Todas esas acciones son violaciones de leyes federales y estatales y han tenido como consecuencia que el precio de los medicamentos ha saltado por los aires”.
Precios inflados
En los últimos años, 19 estados, así como el gobierno federal, han encubierto sus prácticas relacionadas con la aplicación de la pena de muerte. Tratan, sobre todo, de ocultar el origen de las sustancias empleadas en sus inyecciones letales. De ese modo, quienes producen y distribuyen pueden aumentar sus precios sin escrúpulo alguno.
“Cada vez que un gobierno se oculta en el secreto sabes que hay un problema”, dice Robert Dunham, Director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. “Si no se rinden cuentas se abre la puerta al favoritismo, al chanchullo y a tratar con un montón de personajes sombríos que no tienen en cuenta el interés público”.
Prashant Yadav, profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, dice que los precios se han fijado a menudo un 1.000% por encima de su precio habitual en el mercado. “Esos medicamentos se están adquiriendo en una zona sin regulación clara, lo que significa que suelen cobrar más por ellos”.
Otro de los motivos por los que se infla el precio es el coste de posibles demandas. Entre 2018 y 2020 Nevada gastó más de 100.000 dólares en defenderse de una demanda presentada por un fabricante farmacéutico que se opuso a que sus medicamentos se obtuvieran de forma fraudulenta para ser utilizados en las ejecuciones.
“Totalmente contradictorio respecto a los valores conservadores”
Mientras los legisladores de Nevada avanzan en una ley para abolir la pena de muerte, las autoridades estatales están haciendo lo que está en sus manos para ejecutar a Zane Floyd, uno de sus presos en el corredor de la muerte.
Los documentos a los que The Guardian ha tenido acceso gracias a las leyes de información pública no especifican donde se han comprado los medicamentos aplicados en la inyección letal en Arizona, Tennessee y Missouri a un coste tan alto. Lo que sí sabemos es para qué pretenden usarlos.
Arizona presiona para poder retomar las ejecuciones tras la suspensión de siete años que siguió a la problemática ejecución de Wood. El fiscal general del estado ha informado de que pedirá de inmediato que se ejecute a dos presos: Frank Atwood, condenado por el asesinato de una niña en 1984 pese a que existen incoherencias en las pruebas en su contra. Y Clarence Dixon, con un largo historial de enfermedades mentales, esquizofrenia incluida.
Tennessee espera ejecutar a Pervis Payne. Su ejecución ya fue retrasada en diciembre debido a la pandemia hasta después del 9 de abril, cuando se puede dictar una nueva orden. También hay dudas sobre su posible inocencia.
Una de las paradojas de la actual pugna por comprar fármacos de inyección letal de forma ilícita y a precios desorbitados es que los esfuerzos vienen de republicanos, que suelen argumentar a favor del conservadurismo fiscal y la limitación del gasto público. Hannah Cox, responsable de la organización Conservadores preocupados por la pena de muerte, dice que los gastos hechos públicos por The Guardian son impactantes.
“No puedes ir por ahí diciendo que eres un republicano conservador en materia fiscal o que estás a favor de un gobierno muy limitado y el libre mercado, y luego comportarte de este modo. Es totalmente contradictorio respecto a los valores conservadores”, dice.
Traducido por Alberto Arce