Las fuerzas rusas que invaden Ucrania se enfrentan a una resistencia más fuerte y efectiva de la que probablemente había previsto el Kremlin. La gran pregunta es: ¿qué puede pasar ahora? Los militares rusos tienen antecedentes de enfrentarse a esa resistencia con graves violaciones de las leyes de la guerra, como atacar deliberadamente a los civiles y someterlos a ataques indiscriminados y desproporcionados.
Entre 2015 y 2016, los bombardeos rusos y sirios devastaron en gran medida las zonas controladas por la oposición en el este de Alepo, la mayor ciudad de Siria en términos de población. Las fuerzas de la oposición acabaron rindiéndose, en un contexto en el que los habitantes sufrieron las consecuencias de un asedio atroz, así como ataques indiscriminados con municiones de racimo y bombas de barril, armas incendiarias y bombas con fuerte carga explosiva.
El Ejército ruso repitió la misma táctica más tarde, en el este de Guta e Idlib, con resultados igual de devastadores. Bombardearon deliberadamente hospitales, mercados, escuelas y edificios de viviendas, en algunos casos repetidamente. Su objetivo era hacer la vida tan difícil a los civiles que optaran por irse, aislando a las fuerzas de la oposición y facilitando el avance de las tropas terrestres sirias.
El parecido con Chechenia
Sin embargo, en Alepo e Idlib, las fuerzas rusas operaron principalmente desde el aire. Ahora, en Ucrania, participan las fuerzas terrestres. Probablemente la analogía más parecida a la situación actual sea la segunda guerra en Chechenia, entre 1999 y 2000, cuando el Ejército ruso devastó por completo la capital, Grozni, con un despliegue abrumador de armamento indiscriminado. En 2003, las Naciones Unidas calificaron a Grozni como “la ciudad más destruida de la Tierra”. El Ejército ruso también perpetró varias masacres, torturó e hizo desaparecer a miles de personas, y cometió otros graves abusos en las operaciones de “limpieza”.
Ya hay indicios de que en Ucrania el Ejército ruso está actuando de forma también indiscriminada contra la población civil, pero aún estamos en el inicio del conflicto. Los soldados rusos desplegados en el este han utilizado municiones de racimo, que ponen en peligro a los civiles no solo por su uso inmediato, sino también por la gran cantidad de munición sin detonar que dejan tras de sí.
Aunque ni Rusia ni Ucrania se han adherido al tratado que prohíbe las municiones de racimo, estos ataques vulneran la prohibición de las acciones bélicas indiscriminadas, un aspecto del derecho internacional consuetudinario contemplado desde hace tiempo en los convenios de Ginebra y sus protocolos, que ambos gobiernos han ratificado.
Además de disparar misiles balísticos y artillería de cohetes, las fuerzas rusas están utilizando armas explosivas con efectos de gran alcance que son totalmente inapropiadas en zonas densamente pobladas. Y pueden estar avanzando para cercar e imponer un asedio a la capital, Kiev, y a la segunda ciudad más poblada, Járkov. Aunque los asedios son una táctica legal, pueden servir para preparar el terreno para otros abusos graves contra los civiles en la zona asediada.
Qué hacer
Entonces, ¿qué se puede hacer para detener una espiral de guerra indiscriminada que ponga en peligro a incontables civiles ucranianos? Se ha hablado mucho de cómo las numerosas publicaciones de los ataques en las redes sociales podrían servir de elemento disuasorio al documentar y dar a conocer cualquier crimen de guerra. Sin embargo, los ataques en Siria también fueron debidamente documentados en vídeo y difundidos en las redes sociales sin que ello tuviera el suficiente efecto.
En el caso de Idlib, la presión internacional sí sirvió para detener los bombardeos selectivos contra infraestructuras civiles. La presión militar de los ataques de drones turcos contra las fuerzas sirias, la presión diplomática del presidente francés, Emmanuel Macron, y de la entonces canciller alemana, Angela Merkel, y las repetidas denuncias de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU lograron detener los ataques rusos en marzo de 2020. En gran medida, no se han reanudado.
Pero los intereses políticos son mucho mayores en Ucrania, donde lo que está en juego es el legado de Putin. Y ya se ha ejercido una presión mucho más intensa sobre el Kremlin.
La posibilidad de un juicio internacional por crímenes de guerra sigue siendo un posible factor atenuador. Como Siria nunca ratificó el tratado de Roma por el cual se creó la Corte Penal Internacional (CPI), esta no ha tenido jurisdicción sobre los graves crímenes graves que se cometieron en el país. La Asamblea General de la ONU sí estableció un organismo con sede en Ginebra para recabar y conservar las pruebas de los crímenes graves. Ha contribuido a los procesamientos nacionales de autoridades sirias, especialmente en Alemania, bajo el concepto de jurisdicción universal.
Pero a pesar de que Human Rights Watch consiguió trazar una línea de responsabilidad de mando para los crímenes de guerra en Idlib que llevaba directamente a Putin, ningún alto cargo ruso ha sido procesado por esas acciones. No es demasiado tarde para empezar.
Más concretamente, la CPI tiene jurisdicción sobre los graves crímenes cometidos en Ucrania en virtud de las declaraciones presentadas por el Gobierno ucraniano. El fiscal de la CPI ya ha anunciado una investigación, y 39 miembros del tribunal lo apoyan. La comunidad internacional debe garantizar ahora que esta investigación, así como el grueso de la labor de la Corte, cuenten con todos los recursos necesarios.
El poder del pueblo ruso
En última instancia, el factor disuasorio más poderoso para frenar posibles atrocidades de los militares rusos puede ser el pueblo ruso. Decenas de miles de rusos han salido a la calle para protestar, a pesar de que sabían que probablemente serían detenidos. Más de un millón de personas han firmado una petición contra la guerra, y personalidades de reconocido prestigio –artistas, músicos, académicos, escritores– han firmado cartas abiertas contra la guerra.
Los debates de emergencia sobre Ucrania en la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU están dando lugar a una condena mundial y a la creación de un mecanismo especial para supervisar, informar y recabar pruebas de los crímenes de guerra en Ucrania. Estos organismos de la ONU deberían establecer un mecanismo similar para la represión en Rusia.
De la misma manera que los gobiernos del mundo imponen sanciones selectivas a las personas cómplices de la guerra y la represión, deben evitar en lo posible hacer daño a los rusos de a pie. Apoyar al pueblo ruso en su intento de frenar las brutales tácticas de Putin puede ser la mejor herramienta que tenemos para evitar que Kiev y Járkov se conviertan en las próximas Alepo y Grozni.
Kenneth Roth es director ejecutivo de Human Rights Watch
Traducido por Emma Reverter.
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