La preocupación aumenta en las agencias de la ONU y grupos humanitarios por el acuerdo firmado entre Bangladesh y Myanmar para repatriar a varios centenares de miles de refugiados rohingyas en un periodo de dos años.
Los medios estatales de Bangladesh informaron esta semana que el primer grupo de rohingyas será devuelto a Myanmar la semana que viene. Grupos defensores de derechos humanos han señalado que sigue sin estar claro si se obligará a los refugiados a volver en contra de su voluntad.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha señalado que el acuerdo de repatriación firmado este martes en la capital de Myanmar, Naypyidaw, también tiene que aclarar si se permitirá a los rohingyas volver a sus casas o si por el contrario vivirán en campamentos construidos ad hoc.
“Lo peor sería trasladar a esta gente de campos en Bangladesh a campos en Myanmar”, afirmó Guterres durante una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York. El acuerdo no contempla ningún papel para la agencia de refugiados de la ONU, añadió, lo que complica “garantizar que la operación cumpla los estándares internacionales”.
Unos 750.000 rohingyas huyeron a Bangladesh tras las campañas de represión del Ejército de Myanmar en el Estado de Rakhine iniciadas en octubre de 2016 y en agosto del año pasado. La minoría musulmana ha sufrido durante décadas opresión sistemática en Myanmar. El Gobierno de EEUU ha descrito el último episodio de violencia como limpieza étnica.
Paul Ronalds, director ejecutivo de Save the Children Australia, sostiene que el acuerdo es “todavía muy impreciso” y no aborda las condiciones a las que se enfrentarán los rohingyas en su regreso. “Si los rohingyas van a volver a Myanmar, es fundamental que tengan la certeza de que se les va a proteger y de que no sufrirán la opresión y la violencia que han vivido durante décadas”, añade.
Ronald explica que las “condiciones mínimas” para cualquier acuerdo tienen que incluir la provisión de derechos básicos a los rohingyas, tales como la ciudadanía, la libertad de movimiento y el acceso al empleo sin impedimentos.
Bajo el acuerdo del martes, los refugiados serán trasladados de cinco campos cercanos a la frontera de Bangladesh a dos centros de recepción dentro de Myanmar. Desde allí se les llevará a un alojamiento temporal en un campamento de 50 hectáreas cerca de la población de Mungdaw.
Más de 100.000 personas viven en campos para desplazados internos en Myanmar, muchos de ellos en condiciones que las agencias de la ONU han descrito como pésimas.
Aquellos a los que se ha trasladado desde los campos han sido reasentados en lugares “donde tendrán oportunidades de trabajo”, ha asegurado el ministro de Bienestar de Myanmar, Win Myat Aye.
Amnistía Internacional ha descrito los planes para devolver a los refugiados rohingyas asentados en Bangladesh como “alarmante” por considerarlo “prematuro”. “Los rohingyas tienen todo el derecho a volver y a residir en Myanmar, pero no debe haber prisa por devolver a la gente a un sistema de apartheid. Cualquier repatriación forzosa sería una violación del Derecho internacional”, explica James Gomez, director regional de la organización.
Myanmar culpa del reciente aumento de la violencia a una serie de ataques realizado el 25 de agosto por combatientes rohingyas en puestos de seguridad de Rakhine, una región remota y poco desarrollada a la que habitualmente se niega el acceso a periodistas y trabajadores humanitarios.
La máxima autoridad de la ONU responsable de los derechos humanos en Myanmar, Yanghee Lee, a quien se prohibió recientemente la entrada en el país, ha señalado que continuará su trabajo desde Tailandia y desde Cox's Bazar, al sur de Bangladesh, donde vive la mayoría de los rohingyas en campamentos humanitarios.
“Al denegarme el acceso a Myanmar y negarse a cooperar con el mandato, mi labor se complica, pero seguiré obteniendo testimonios de primera mano de víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos de cualquier forma posible”, asegura Lee.
Traducido por Javier Biosca Azcoiti