A punto de ser intubado a un respirador en una de las unidades de cuidados intensivos de Nueva York, ya colapsadas, un paciente grave de coronavirus le preguntó a su enfermero: “¿Quién va a pagar esto?”. Fueron sus últimas palabras.
Así lo contó la pasada semana en Facebook Derrick Smith, enfermero anestesista de un hospital de la ciudad. “Corazón roto a otro nivel, el de escuchar a un paciente moribundo que gasta sus últimas palabras en preocuparse por su factura médica”, escribió.
En el país más rico del mundo, la crisis del coronavirus pone de manifiesto una vez más la esencia de un sistema sanitario totalmente incapaz de lidiar con la pandemia. La autoridades federales y locales, las aseguradoras y las empresas hablan de ayudar a los ciudadanos a cargar con el coste de la crisis, pero pasar de las palabras a los hechos requiere de una revisión muy profunda de un sistema que durante décadas ha priorizado el dinero sobre los cuidados.
“Esta epidemia deja claro que cualquiera de nosotros, en cualquier momento, podría enfermar y requerir hospitalización y ventilación mecánica”, afirma Adam Gaffney, médico de urgencias en Boston. “Y eso, en Estados Unidos, puede significar una factura médica que lleve a la ruina”.
Gaffney es, además, presidente de Médicos por un Plan Sanitario Público, una organización a la que pertenecen más de 20.000 profesionales que apoyan un sistema sanitario universal para Estados Unidos. Son algunas de las personas que ven de primera mano las consecuencias de que muchos tengan que tomar decisiones médicas con el precio como criterio.
“He escuchado de boca de algún paciente que se ha saltado el uso de inhaladores porque no podía permitirse la dosis”, explicó Gaffney. “He escuchado de boca de algún paciente que ha pasado años sin atención primaria porque no tenía seguro y le preocupaba acabar en cuidados intensivos”.
En 2018 había 27,9 millones de personas sin seguro médico en Estados Unidos y se espera que la cifra incremente en millones de personas debido a la cantidad récord de desempleados, de momento unos 22 millones, que está dejando esta crisis. Mientras tanto, el país registra alrededor de 700.000 casos de coronavirus confirmados y 35.000 muertes, pero las cifras reales pueden ser incluso muy superiores.
El Gobierno de Estados Unidos y las principales aseguradoras dijeron que cubrirían los costes de las pruebas de detección y tratamiento de coronavirus, pero la complejidad bizantina del sistema y el miedo a la quiebra siempre deja un manto de duda sobre el potencial paciente, asustado ante la recepción de una factura que, semanas o meses después, se lleve por delante todo lo que tenga.
El precio de las pruebas y tratamientos dependerá siempre del tipo de seguro que cada persona haya contratado –en el caso de que tengan seguro- y del hecho de que sobreviva o no. Una empresa que paga el seguro médico de sus empleados podría decidir no cubrir el tratamiento de un empleado incluso si la aseguradora contratada afirmara que asume los pagos relacionados con el coronavirus.
El instinto nortamericano de preguntar el coste de los tratamientos médicos es ya un obstáculo en la pandemia. Según una encuesta de la empresa Gallup realizada en diciembre de 2019, desde 2006, el 30% de los estadounidenses ha retrasado todo tipo de tratamientos médicos por su precio. En los últimos 14 años, cada año, el 19% de los estadounidenses ha retrasado el tratamiento de alguna enfermedad grave, según la misma encuesta.
Otra encuesta realizada en 2018 por la Universidad de Chicago apunta a que hay estadounidenses preocupados por el coste de su asistencia sanitaria, un 40%, que por caer gravemente enfermos, un 33%.
Gaffney explica que “es difícil enfrentarse a una epidemia si la gente tiene miedo de ir al médico, de que los vean en una unidad de emergencias”. “Eso podría significar que hay personas a las que no se realizan pruebas, por lo que que algunas personas reciben cuidados más tarde y corran el riesgo de hacerse daño a sí mismas”, asevera.
Una pandemia que cierra clínicas y destruye empleos
La crisis provocada por la pandemia se ve exacerbada por la devoción que tiene este sistema por unos beneficios que suelen pasar incluso por encima de los seres humanos. Los sanitarios se van para casa sin trabajo, incluso los que han estado en primera línea, en cuanto sus empleadores buscan reducir costes.
Alteon Health, una empresa relacionada con un fondo de inversiones que emplea a 1700 médicos de urgencias, entre otras especialidades, anunció que suspendía los beneficios sociales de sus empleados, incluida cualquier hora pagada remunerada -vacaciones o días de descanso- según un comunicado de la web especializada STAT.
Mientras, las unidades de cuidados intensivos y emergencias están emitiendo facturas muy altas y se nota una ralentización cuando no pausa total en cuidados no esenciales. Eso ha provocado que disminuyan los beneficios de las empresas sanitarias. Y sin poder beneficiarse de los tratamientos que más ingresos les reportan como las terapias físicas, las cirugías estéticas o los procedimientos ortopédicos, el sistema sanitario, dicen, tiene problemas para cubrir sus costes administrativos y sus salarios.
La Academia Americana de médicos de Familia ha calculado que podrían cerrar o quedar bajo mínimos hasta 60.000 consultorios en el mes de junio y que serán despedidos o verán sus contratos reducidos unos 800.000 empleados. Y en los pasillos de hospitales por todo el país, el personal no solo está siendo especialmente cuidadoso y se preocupa ante cualquier tos o fiebre, también tiene la preocupación extra de que sus salarios, empleos o equipamiento para trabajar estén en la cuerda floja.
“Smpre estamos en el filo y esto añade un nivel extra a una conciencia muy clara de que no podemos gastar dinero”, afirma Joe Manginn, enfermero de urgencias en Madison, Wisconsin. Manginn y su esposa, también en el sector sanitario, están atentos a sus propios costes médicos.
“Si enfermamos y acabamos hospitalizados, nos golpeará en lo económico, por los pagos, pero, sobre todo, porque no podremos trabajar. Sería un golpe doble para todos los empleados del sistema sanitario en este momento”, lamenta.
Su seguro médico, en el que se incluye a sus tres hijos, cuesta 5.000 dólares al año más el dinero que ahorran para pagos en metálico en una cuenta paralela exenta de impuestos. “Trabajamos para el hospital, deberíamos tener acceso a la atención sanitaria pero desgraciadamente, ya sabes, nuestro país no funciona así”, afirma.
El Congreso ha destinado 100.000 millones de dólares para ayudar a los hospitales. El viernes, la Casa Banca dijo que los hospitales que acepten el dinero no podrán hacer dos cosas a las que están acostumbrados: emitir facturas a pacientes sin seguro médico o cobrarles por recibir cuidados de un médico que esté en el hospital pero no directamente empleado por la institución.
Al igual que otras de las medidas aprobadas por el Gobierno, quedan muchas preguntas por responder sobre la efectividad de ese dinero a la hora de resolver problemas en un sistema sanitario complejo. También sobre su capacidad de salvar tanto empleos como centros asistenciales.
El golpe sobre los trabajadores en primera línea
Un desafío de estas características al sistema sanitario puede terminar con médicos y enfermeros en paro, pero comienzan a verse las pruebas de que las empresas aseguradoras podrían salir indemnes. No solo porque las empresas que venden medicina entran en la crisis bien provistas de capital, sino porque muchos analistas aventuran que sus costes van a disminuir debido a que baja el número total de personas que llega a los hospitales a recibir atención.
David Blumenthal, presidente de un think-tank que analiza el sector, The Commonwealth Fund, dice que la personas que tienen cobertura anual completa seguirán pagando sus cuotas pero requerirán menos procedimientos y las empresas tendrán menos costes de operación.
“Seguiremos pagando nuestras cuotas porque sabemos que podemos contagiarnos de coronavirus y terminar en cuidados intensivos y pagar decenas de miles de dólares si no tenemos seguro”, dice Blumethal. “Vamos a seguir pagando pero no vamos a ir a ver un médico si no lo necesitamos mucho. Eso son buenas noticias para las empresas de seguros”.
Al mismo tiempo, las 22 millones de personas que han perdido sus empleos en el último mes van a suponer una carga extra sobre el sistema sanitario si pasan a engrosar las filas de las personas sin seguro que usan Medicaid, el seguro del Gobierno para las personas de menos recursos.
Blumenthal afirma que la crisis tendría consecuencias negativas para la salud. Enfermedades como la depresión derivada de la pérdida de ingresos o la malnutrición provocada por el mismo motivo, harán que muchas personas puedan enfermar más fácilmente de otras dolencias.
Benjamin Sommers, profesor de política sanitaria y economía en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, cree que hay pocas evidencias de que la crisis lleve a la administración Trump a reflexionar sobre el sistema sanitario. “Tendremos que ver dónde termina ubicándose la percepción de la ciudadanía en cuanto a la respuesta a la epidemia por parte del poder público”, aporta Sommers, que también trabaja como médico de atención primaria.
Gaffney, médico de urgencias, está seguro de que el modelo de financiación del sistema sanitario en Estados Unidos multiplica las consecuencias de la epidemia. “A la vez que sube el desempleo y aumenta la recesión, cada vez más gente pierde su cobertura y recibe más facturas si se pone enferma. No tiene ningún sentido”, concluye.
Traducido por Alberto Arce