La detención de Roman Pratasevich expone lo lejos que puede llegar el presidente-dictador bielorruso para acabar con las protestas.
El sábado tres agentes del servicio secreto y un jet de combate bielorruso secuestraron un avión de la aerolínea Ryanair proveniente de Atenas mientras atravesaba el espacio aéreo bielorruso, minutos antes de que llegara a Lituania. El objetivo era un periodista, Roman Pratasevich, colaborador del canal de Telegram Nextra, plataforma principal de los opositores al régimen, muchos de ellos exiliados en Lituania y Polonia. Este episodio parece ser el equivalente bielorruso de un Litvinenko o un Navalni, un mensaje para la oposición: nadie está a salvo del régimen, ya sea en casa o en el extranjero.
Detenido en la capital bielorrusa de Minsk, Pratasevich fue forzado a realizar un video como rehén en el que “admite” haber organizado disturbios masivos y donde se ve que ha sido golpeado. Pratasevich es uno de los cientos de presos políticos detenidos en Bielorrusia desde el inicio de las protestas masivas en contra de la elección fraudulenta de agosto de 2020.
Este insólito secuestro aéreo se traduce en: un intento del presidente-dictador Alexandr Lukashenko de silenciar por completo las protestas en contra de su mandato iniciado hace 27 años (Pratasevich tiene 26); la internacionalización de lo que hasta entonces había sido un asunto doméstico; y una demostración de desprecio por la capacidad de Europa y Estados Unidos de hacer algo al respecto.
¿Por qué el régimen apuntó a Pratasevich? En 2005, Condoleezza Rice llamó a Bielorrusia “la última dictadura verdadera en el corazón de Europa”. Lukashenko ha manipulado cada elección desde 1994. La UE impuso sanciones a Bielorrusia por primera vez en 2004, centrándolas en Lukashenko y sus asociados a partir de 2011.
La situación geopolítica del país cambió drásticamente a partir de 2014, con la guerra en Ucrania. Bielorrusia tuvo que proteger su propia soberanía y diversificarse económica y diplomáticamente para reducir su dependencia de Rusia.
La capital fue el escenario de los acuerdos de Minsk, con las negociaciones de paz por la guerra en Ucrania. La elección de 2015 fue fraudulenta, como de costumbre, pero no hubo protestas ya que la oposición no quiso agitar aun más las aguas en aquella ocasión. El régimen empezó a objetar ser llamado “el régimen”. Lukashenko incluso bromeó diciendo que él ya no era el último dictador: Vladimir Putin en Rusia y Ilham Aliyev en Azerbayán eran peores. La mayoría de las sanciones fueron levantadas al año siguiente.
La gran represión tras las protestas de 2020
Sin embargo, para 2020, las cosas habían cambiado.
Tras seis años de cambios, la sociedad se encontraba empoderada frente a un Gobierno cuya autoridad estaba diezmada por haber subestimado el coronavirus. Entretanto, Lukashenko gestionó las elecciones de mala manera, o más bien no logró manipularlas a su favor. Excluyó al que consideraba el más peligroso de los candidatos; pero permitió, como si de una broma se tratara, que la esposa de uno de ellos, Sviatlana Tsikhanouskaya, se presentara con el apoyo de mujeres de otros espacios políticos.
Lukashenko dijo que las demandas de la tarea presidencial harían “colapsar a esa pobrecita”. No fue así. Mientras que Lukashenko afirmaba haber ganado las elecciones con el 80% de los votos a favor frente al 10% obtenido por su adversaria, algunos recuentos independientes y la plataforma virtual de registro de votos Golos (“voz” en bielorruso) indicaRON que Lukashenko y Tsikhanouskaya estaban empatados o bien que esta última llevaba la delantera.
La propaganda vinculada a la COVID-19 debilitó la legitimidad de los medios de comunicación oficiales. La gente empezó a acudir a otras plataformas para obtener información científica; y luego hicieron lo mismo con la verdad política.
Pratasevich es cofundador de Nexta (“[eres] alguien” en bielorruso), herramienta fundamental para la organización de las protestas multitudinarias que tuvieron lugar de agosto a noviembre del año pasado. Nexta estaba semi-encriptado y permitía a los manifestantes eludir tanto los medios de comunicación oficiales como los frecuentes cortes en el acceso a internet.
En su pico, Nexta contaba con 2,5 millones de usuarios en Bielorrusia, cuya población ronda los nueve millones. Irónicamente, la estrategia de diversificación del Gobierno había implicado fortalecer el área de tecnologías de la información. Muchos trabajadores del sector terminaron al frente de las manifestaciones y criticando al régimen en la red.
En tres meses el Gobierno logró acabar con las protestas gracias a una represión sin precedentes.
Más de 30.000 personas fueron arrestadas y cientos torturadas en prisión. Al menos tres manifestantes fueron asesinados y otros tantos desaparecieron. En comparación, en la Polonia comunista solo 10.000 personas fueron arrestadas en los años 80 bajo la ley marcial, siendo la población polaca cuatro veces más grande que la bielorrusa. En cualquier caso, Nexta siguió en marcha mientras la oposición adoptaba otras estrategias para dispersar las manifestaciones.
La UE, el Reino Unido y Estados Unidos impusieron sanciones que resultaron insuficientes y no se habían actualizado desde diciembre hasta la decisión de esta semana.
Desde entonces, el Gobierno busca eliminar todo lo que queda de la oposición. Se estima que hay más de 400 presos políticos encarcelados. Circulan supuestos planes de las autoridades para construir centros de detención y perseguir a miembros de la oposición en el extranjero. En abril, un presunto plan para derrocar a Lukashenko obtuvo un enorme despliegue mediático en los medios de comunicación del Estado. No es coincidencia que la captura de Pratasevich se produjera justo después de que las autoridades dieran de baja el portal de noticias independiente más grande de Bielorrusia, Tut.by. Su audiencia local de 3,3 millones equivalía al 63% de los usuarios de internet del país.
¿Cómo debería reaccionar el resto del mundo? La UE convocó a las aerolíneas europeas a no volar sobre Bielorrusia y prohibió a la aerolínea nacional Belavia utilizar los aeropuertos del continente. Sin embargo, esto impide que los opositores abandonen Bielorrusia. El país no es tan invulnerable como parece. Su economía es débil y Rusia no puede pagar todas las cuentas. Sanciones específicas sobre las exportaciones de minerales de potasa y productos de aceite podrían ser una presión efectiva. De lo contrario, puede que Europa acabe con un Estado rebelde dentro de su territorio.
Andrew Wilson es profesor de Estudios Ucranianos en el University College de Londres y autor de Bielorrusia: la última dictadura europea (Belarus: The Last European Dictatorship).
Traducción de Julián Cnochaert