El Tribunal Supremo ha reconocido este lunes que el expresidente Donald Trump tiene inmunidad para los actos presidenciales pero no para los privados.
La decisión del Supremo tendrá claras implicaciones en los tres juicios penales que aún tiene pendientes Trump, dos de ellos federales, donde ya ha intentado alegar que los hechos por los que se le juzga están vinculados con su presidencia y, por lo tanto, gozaría de inmunidad presidencial. Ahora la cuestión será discernir hasta donde llegan los actos presidenciales y los actos privados.
Trump consigue la inmunidad parcial
El ex presidente se ha asegurado una victoria este lunes con el fallo del Tribunal Supremo de EEUU que le otorga cierta inmunidad frente a procesos penales. Aunque no queda libre de cargos en el caso federal por alteración electoral abierto contra él en Washington DC, verlo enfrentando un juicio por este proceso antes de las presidenciales de noviembre se ha vuelto menos probable.
La decisión de los jueces tiene una clara correlación con las líneas ideológicas del tribunal (seis votos a favor y tres en contra) y acabará retrasando el juicio, lo que favorece el aplazamiento casi perpetuo que caracteriza a la estrategia jurídica de Trump. Redactado por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, el fallo desmonta una de las acusaciones y cuestiona la viabilidad jurídica del resto.
Para entender qué está pasando exactamente, hay que hacer un repaso a los detalles del caso de alteración electoral contra Trump presentado por el fiscal especial Jack Smith.
Smith sostuvo que Trump había convocado a grupos de electores falsos y llevado a cabo “falsas investigaciones electorales” usando al Departamento de Justicia de Estados Unidos con el objetivo de impedir la certificación de la victoria de Joe Biden en la elección presidencial de 2020.
Según Smith, Trump quería permanecer en el Despacho Oval a pesar de su derrota en las urnas. Esto implica una acusación por conspiración para cometer fraude contra los Estados Unidos, una acusación por conspiración para obstruir un procedimiento oficial, una acusación por obstrucción e intento de obstrucción de un procedimiento oficial, y una acusación por conspiración contra los derechos.
En el escrito de acusación se dice que para hablar sobre el supuesto fraude electoral Trump se reunió con su fiscal general en funciones, Jeffrey Rosen, y con otros altos cargos del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca. La acusación sostiene que cuando Rosen se negó a cumplir con las exigencias del ex presidente, Trump lo amenazó una y otra vez con despedirlo.
El Tribunal Supremo dictaminó que las acusaciones contra Trump relacionadas con Rosen hacían referencia a un acto oficial. En su fallo, el tribunal sostiene que Trump tiene “inmunidad absoluta frente a procesos penales por acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente y tutelar”.
Las conclusiones del fallo que hacen referencia a otras acusaciones contra Trump no desmontan por completo el caso, pero van a estar en el centro de una batalla judicial que retrasará el procedimiento. El tribunal dictaminó que Trump “tiene derecho al menos a la inmunidad judicial presunta por todos sus actos oficiales” y que “no hay inmunidad por actos no oficiales”.
El fallo representa un duro golpe para la primera acusación, conspiración para cometer fraude contra los Estados Unidos, que implica supuestas presiones de Trump sobre el Departamento de Justicia. A pesar de los supuestos intentos de Trump de involucrar al Departamento de Justicia para alterar el resultado electoral, el dictamen sostiene que hacer algo así seguiría estando dentro de sus poderes y protecciones como presidente.
“Teniendo en cuenta que el presidente no puede ser procesado por una conducta que entra dentro de su exclusiva autoridad constitucional, Trump es absolutamente inmune ante procesos por supuestas conductas relacionadas con sus conversaciones con autoridades del Departamento de Justicia”, dice el fallo.
En un futuro próximo, lo que probablemente siga sin respuesta es la cuestión sobre la viabilidad de las otras tres acusaciones.
Según la acusación, Trump organizó listas falsas de electores para engañar a Mike Pence, su vicepresidente, haciéndole creer que el resultado de las elecciones no estaba claro. Como Pence no mordió el anzuelo, Trump aprovechó la insurrección del 6 de enero para tratar de impedir la certificación de Biden haciendo referencia a reclamaciones falsas por supuesto fraude electoral. Según la acusación, el objetivo de Trump era ejercer presión sobre los miembros del Congreso para retrasar la certificación de Biden.
La decisión del Tribunal Supremo establece que “las alegaciones en la acusación de que Trump trató de presionar al vicepresidente para que tomara una serie de medidas en relación con su papel en el procedimiento de certificación implican, por tanto, una conducta oficial, y Trump es, al menos presuntamente, inmune a un procesamiento por dicha conducta”.
Los magistrados señalaron que la “cuestión pasa a ser entonces si esa presunción de inmunidad queda refutada teniendo en cuenta las circunstancias”. “[Es] tarea de los fiscales refutar la presunción de inmunidad”, dijeron, sin más pronunciamientos sobre la cuestión.
Con este tema se va a producir otro retraso, ya que es un tribunal inferior el que tiene que decidir sobre él. Y si ese tribunal inferior falla en contra de Trump, una opción que parece probable, una apelación está casi garantizada. Si Trump no obtiene con ella el resultado que desea, volverá a llevar el asunto ante la Corte Suprema.
El Tribunal Supremo también derivó la cuestión de determinar si constituyen o no actos oficiales las interacciones que durante las elecciones tuvo Trump con personas ajenas al poder ejecutivo, incluidos ciudadanos privados. Los magistrados también dejaron en manos del tribunal de primera instancia el tema de los comentarios de Trump relacionados con el 6 de enero que, según la acusación, forman parte de su supuesta conspiración para la alteración del resultado electoral.
El presidente posee “un poder extraordinario para hablar a sus conciudadanos y en su nombre (...). Así que es probable que la mayoría de las comunicaciones públicas de un presidente caigan cómodamente dentro del perímetro exterior de sus responsabilidades oficiales”, escribieron los jueces.
“No obstante, puede haber contextos en los que el presidente hable de manera no oficial, tal vez como candidato a un cargo, o como líder de un partido. En la medida en que ese pueda ser el caso, un análisis objetivo de 'contenido, forma y contexto' será el que necesariamente informe a la investigación”, añadieron.
Incluso antes de este fallo, el caso contra Trump por alteración del resultado electoral no podía haber llegado a juicio antes del 20 de septiembre. El procedimiento avanzará a un ritmo incluso más lento ahora que varias cuestiones han sido derivadas a un tribunal de primera instancia.
Esto claramente beneficia a Trump. La estrategia de sus abogados siempre ha sido hacer presión para retrasar los juicios hasta después de las elecciones. Si Trump vence a Biden en las presidenciales, podrá nombrar a un fiscal general afín que desista en las acusaciones federales contra él.
Una disidente mordaz
En su escrito, la jueza progresista Sonia Sotomayor argumentó que lo que hace el fallo es proteger al presidente contra cualquier responsabilidad legal en casos penales. El presidente de Estados Unidos es la persona más poderosa del país, y posiblemente del mundo. Según el razonamiento de la mayoría en la Corte Suprema, ahora estará libre de juicios penales siempre y cuando esté utilizando sus poderes oficiales de alguna manera.
“¿Ordena al equipo Seal 6 de la marina que asesinen a un rival político? Inmune ¿Organiza un golpe militar para aferrarse al poder? Inmune ¿Acepta un soborno a cambio de un indulto? Inmune. Inmune, inmune, inmune”, escribió.
“Permitamos que el presidente vulnere la ley, permitamos que explote los privilegios de su cargo en beneficio propio, permitamos que emplee su poder oficial en fines perversos. Porque si supiera que algún día puede afrontar responsabilidades por vulnerar la ley, no sería tan audaz y valiente como nos gustaría que fuera. Ese es el mensaje que ha mandado hoy la mayoría”, añadió.
Próximos acontecimientos
Se espera que este 11 de julio Trump escuche la sentencia por el caso del soborno a una actriz porno en Nueva York. En Georgia también enfrenta una acusación estatal relacionada con la interferencia electoral, y en Florida tiene un caso penal federal por la retención de documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca.
La probabilidad de que cualquiera de estos casos llegue a juicio antes de las elecciones de noviembre es prácticamente cero.
El Tribunal de Apelaciones de Georgia suspendió en junio el proceso contra Trump por alteración del resultado electoral. Y lo hizo mientras sopesaba si sacar del caso a la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, tras saberse que mantenía una relación romántica con el fiscal especial que ella misma había nombrado.
En el sur de Florida, la jueza designada por Trump Aileen Cannon desistió oficialmente de la fecha prevista para el juicio (el 20 de mayo) sin dar una nueva fecha para iniciar el proceso. Cannon ha concedido un amplio margen de maniobra a los abogados de Trump, accediendo a casi todas sus peticiones de prórroga y considerando sus más descabelladas teorías de defensa.