Donald Trump no hará pública su declaración de la renta incluso después de haber prometido repetidamente que lo haría una vez que esta fuera sometida a una supuesta auditoría, según señaló una destacada consejera el pasado domingo. Ello confirma que el presidente romperá una tradición de 40 años de antigüedad y no enseñará a los estadounidenses el alcance de sus intereses y obligaciones financieras.
Kellyanne Conway, asesora destacada del presidente, declaró al programa This Week, de la cadena ABC, que la administración Trump no responderá a las peticiones que solicitan la publicación de esta información. “La respuesta de la Casa Blanca es que Trump no va a hacer pública su declaración de la renta”, señaló Conway. “Nos opusimos a ello durante todo el proceso electoral”, añadió.
La promesa incumplida ha enfadado a Wikileaks, que durante meses en la campaña electoral publicó emails hackeados del Partido Demócrata y los cuales aprovechó a menudo Trump para denigrar a su oponente Hillary Clinton.
El domingo, el grupo tuiteó: “El incumplimiento de la promesa de Trump de publicar su declaración de la renta es todavía más gratuito que Clinton ocultando sus transcripciones de Goldman Sachs”. Posteriormente la organización pidió a alguien que le filtrase su declaración de la renta para poder publicarla.
En declaraciones a la ABC, Conway señaló que “a la gente no le importa” la declaración de la renta de Trump, contradiciendo así las encuestas que muestran que la mayoría de los estadounidenses la quieren ver. “Le votaron y permíteme dejar esto bien claro: la mayoría de los estadounidenses está centrada en cómo será su declaración de la renta con Donald Trump como presidente, no en cómo es la suya”.
La semana pasada, una encuesta de The Washington Post y ABC mostró que el 74% de los estadounidenses, incluido el 53% de los republicanos, quiere ver la declaración de la renta de Trump. En octubre, un sondeo de la CNN reveló que el 73% de los votantes registrados, incluido el 49% de los republicanos, quería ver su declaración.
El pasado domingo por la noche, una petición en la página web de la Casa Blanca por la publicación inmediata de la declaración de Trump y de “toda la información necesaria para verificar el cumplimiento de la cláusula de honorarios” alcanzaba ya 218.465 firmas.
La declaración de impuestos podría mostrar el alcance de los intereses financieros de Trump por todo el mundo, incluidos los lugares donde hace negocios, quiénes son sus socios y a quién debe dinero.
Expertos en ética temen que el peso de los negocios de Trump pueda afectar a las políticas de la Casa Blanca y a cómo el presidente se gasta el dinero del contribuyente: por ejemplo, cómo se comportará con los bancos que son dueños de cientos de millones de su deuda, cómo tratará a las naciones extranjeras que ya se han ganado su favor o se han convertido en socios inmobiliarios o si reorientará las políticas internas para acomodarlas a sus intereses.
A principios de este mes, Trump reafirmó que no publicaría su declaración de la renta porque “está bajo auditoría”. Ninguna ley prohíbe la publicación de declaraciones de la renta durante una auditoría. En este sentido, los abogados de Trump han dicho que está siendo sometida a auditoría, pero no han presentado ninguna prueba de que realmente su declaración de la renta esté siendo auditada. El Ministerio de Hacienda se ha negado tradicionalmente a comentar el estado de las auditorías sobre cualquier ciudadano.
Durante la campaña, Trump prometió en repetidas ocasiones hacer pública su declaración después de la supuesta auditoría. En mayo, por ejemplo, afirmó: “Tan pronto como termine la auditoría, yo publicaré mi declaración”. También tuiteó: “Publicaré mi declaración de impuestos cuando la auditoría haya terminado, ¡no después de las elecciones!”.
En octubre, The New York Times publicó la declaración de la renta de Trump de 1995. El periódico adquirió los documentos a través de una fuente anónima y los verificó con el excontable del empresario. La declaración muestra que Trump perdió más de 850 millones de euros en un solo año, lo que le podría haber permitido no pagar impuestos federales durante 18 años, una acusación que él no ha negado.
Conway insistió que Trump y su familia “están cumpliendo con todas las normas éticas y con todo lo que tienen que hacer para alejarse de sus negocios y ser un presidente a tiempo completo”. Sin embargo, no existen pruebas de que Trump se haya alejado de sus negocios, que deben cientos de millones de dólares a grandes bancos repartidos por Estados Unidos, Europa y Asia y que pueden haber provocado que Trump haya violado la prohibición de la Constitución contra los pagos procedentes de gobiernos extranjeros.
Durante una rueda de prensa a principios de mes, sus ayudantes se negaron a dejar ver a los periodistas los documentos que supuestamente demostraban los intentos por separarse de sus negocios.
Trump se ha negado a desprenderse de sus negocios o a establecer un fideicomiso ciego. En su lugar ha afirmado, sin pruebas, que ha entregado el control de sus empresas a sus dos hijos adultos. Expertos legales en ética han afirmado en repetidas ocasiones que Trump no ha dado los pasos efectivos para evitar conflictos de intereses.
Traducido por Javier Biosca Azcoiti