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Sólo tres países de Europa no permiten la objeción de conciencia para atender un aborto: Finlandia, Lituania y Suecia

Andrés Gil

Corresponsal en Bruselas —
28 de septiembre de 2021 13:40 h

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El acceso al aborto está lejos de ser fácil en Europa. Así lo demuestra el Atlas Europeo de Políticas de Aborto, publicado por los colectivos IPPF EN y EPF, que puntúa a 52 países y territorios europeos de acuerdo a sus marcos legales para acceder al aborto seguro. El estudio evidencia que “Europa no está tan avanzada en los derechos reproductivos de las mujeres como podría parecer”.

“Si bien los medios internacionales se han centrado recientemente con razón en Texas y Estados Unidos en términos de acceso restringido al aborto, la situación en Europa también merece una atención específica. Nuestro atlas muestra una situación mixta en todo el continente. Si bien los sistemas nacionales de salud de 21 países tratan el aborto como cualquier otro servicio médico, en 14 países y territorios el aborto sigue siendo técnicamente un delito, aunque la mayoría de los europeos consideran que el aborto es un derecho de las mujeres”, dice Neil Datta, secretaria de la EPF.

Este primer análisis en profundidad de las políticas de aborto en Europa encuentra que la legislación sobre la atención del aborto en toda Europa es un mosaico legislativo y administrativo diverso: la consecuencia es que la experiencia de las mujeres en la atención del aborto depende en gran medida de su código postal.

Así, el informe demuestra que 31 países no incluyen el aborto en la cobertura financiera del sistema nacional de salud, lo cual “penaliza a todas las mujeres y niñas, pero específicamente a las vulnerables (por ejemplo, las de bajos ingresos, las que viven en áreas rurales, romaníes, trabajadoras sexuales y migrantes indocumentados)”.

Además, el atlas revela que 19 países, incluidos varios conocidos por sus posturas progresistas, “obligan a las mujeres a soportar requisitos médicamente innecesarios antes de acceder a la atención del aborto, como el asesoramiento obligatorio y en ocasiones parcial, periodos de espera forzados...”.

“Un aborto voluntario y seguro no debe considerarse un delito”, afirma el documento, “y, sin embargo, 16 países de Europa regulan la atención del aborto principalmente a través de su código penal”.

Por otro lado, hasta 26 países, entre ellos España. “permiten que los trabajadores de la salud nieguen la atención sobre la base de sus creencias o conveniencia personales, lo que podría poner a las mujeres en grave peligro”. Además, “18 países europeos no brindan a las personas información clara y precisa sobre la atención del aborto”.

Las organizaciones prefieren hablar de rechazo a la atención debido a creencias personales en lugar de “objeción de conciencia” “porque esta expresión pone todo el énfasis en los sentimientos y derechos de la persona que no presta la asistencia, y no considera los derechos y sentimientos de la mujer que necesita atención para un aborto. El centro es la mujer que necesita atención, y si alguien invoca cláusulas de conciencia lo que sucede es que a la mujer se le niega la atención. Sólo tres países de Europa dan prioridad a los derechos de las mujeres y no permiten la denegación de atención: Finlandia, Lituania, Suecia”.

Por otro lado, en 8 países no existen disposiciones legales sobre denegación de atención, lo que no significa que nunca ocurra en la práctica sino que quienes lo invocan no tienen base legal para ello: Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Chipre, Georgia, Moldavia, Rumania y Turquía.

La mayoría de estos países son cristianos ortodoxos, con la excepción de Turquía. Muchos pertenecían al antiguo bloque socialista o la URSS, donde las actitudes hacia el aborto y la práctica del aborto eran muy diferentes.

“El acceso a la atención del aborto sustenta la salud reproductiva de mujeres y niñas”, prosiguen las autoras del informe, “y, sin embargo, en Europa se enfrentan a obstáculos que amenazan su seguridad, dignidad y libertad, con 38 países y territorios con problemas. Existen casos atípicos como Polonia y Malta, donde los gobiernos obligan a las mujeres a soportar un embarazo. Pero incluso en los países llamados progresistas, las mujeres y las niñas continúan soportando procedimientos médicamente innecesarios o la denegación de atención por parte de profesionales médicos sobre la base de creencias personales o conveniencia”.

“Es sorprendente el desprecio que algunos gobiernos tienen por la vida de las mujeres. Se acaba de presentar un nuevo proyecto de ley en el Parlamento polaco que, si se aprueba, eliminaría la posibilidad de acceder a servicios de aborto incluso en casos de violación o incesto. Esta medida se produce después de que, hace casi un año, se prohibiera el aborto en casos de defectos fetales graves e irreversibles. Las mujeres se han visto obligadas a viajar al extranjero, principalmente al Reino Unido para acceder a la atención, pero pronto necesitarán un pasaporte para ingresar, lo que restringirá aún más sus opciones”. dice Caroline Hickson, directora regional de IPPF.

Así, las asociaciones llaman a los gobiernos para “modernizar las leyes de aborto (despenalizar las leyes de aborto, extender los límites de tiempo); asegurar que la atención del aborto esté cubierta por el sistema nacional de salud; eliminar los obstáculos innecesarios para acceder a la atención del aborto siguiendo las recomendaciones de la OMS; prohibir a los proveedores de salud optar legalmente por no participar en cualquier parte del espectro completo de atención de salud reproductiva; brindar información precisa sobre la atención del aborto”.

La iniciativa del Atlas está impulsada por el Foro Parlamentario Europeo de Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) y la Red Europea de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF EN).

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