La que hace unos días era descrita como la culminación de la regresión democrática en Guatemala tuvo un alto. La Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país, ha respaldado la decisión del Tribunal Supremo Electoral y ha confirmado una segunda vuelta, que se celebrará el 20 de agosto, entre Sandra Torres, candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla.
El máximo tribunal de Guatemala emitió este jueves un dictamen en el que anuló cualquier suspensión en contra de la agrupación política de izquierdas Semilla, como había solicitado y conseguido el Ministerio Público ante un juez penal un día antes.
Impase desde las elecciones
El proceso estaba en un impase, que se venía arrastrando desde el 25 de junio, cuando tuvo lugar la primera vuelta electoral en Guatemala. En esa votación, la ciudadanía decidió que la conservadora Torres y —ante una sorpresa generalizada— el progresista Arévalo debían disputarse la presidencia.
Pero una serie de recursos legales detuvieron la oficialización de resultados por parte del órgano electoral. El primero, un amparo planteado por nueve partidos políticos que, disconformes con el resultado, se presentaron ante la Corte de Constitucionalidad para exigir un recuento de votos. La Corte resolvió en ese momento a favor de los partidos, y ordenó que se revisaran las disconformidades y, de ser necesario, se hiciera el recuento de votos. Esto encendió las alertas de la población.
El tribunal constitucional es una institución cuestionada en el país. Sus magistrados son señalados por formar parte de un sistema cooptado, que ha emitido fallos que han favorecido a personajes sombríos. Por ejemplo, durante la elección de Fiscal General, realizada en 2022, la Corte ordenó que en el listado de elegibles debía incluirse a la fiscal María Consuelo Porras, quien finalmente fue reelecta y quien ha sido señalada por el Departamento de Estado de Estados Unidos por socavar la democracia y obstruir investigaciones sobre actos de corrupción.
Durante el proceso electoral actual, este tribunal, junto con la Corte Suprema de Justicia –cuyos magistrados debieron entregar el poder hace cuatro años–, ha jugado un papel clave para eliminar a candidatos incómodos para el sistema que despuntaban en las encuestas; o para favorecer a otros, como Zury Ríos, hija del exdictador Ríos Montt, quien por prohibición constitucional no tenía permitido participar en las elecciones.
Por esta razón, el hecho de que la Corte fallara a favor de estos partidos abría la puerta, según analistas, a un posible fraude. Pero esto no ocurrió. Después de la revisión de las actas de votación, la Corte Suprema de Justicia confirmó que el Tribunal Electoral había cumplido con lo ordenado por el Constitucional y dio vía libre para que se oficializaran los resultados.
Horas de tensión e incertidumbre
Este miércoles, minutos antes de la conferencia de prensa en la que se confirmaría a los candidatos a presidente que pasarían a segunda vuelta, la Fiscalía anunció que un juzgado de Guatemala había suspendido al Movimiento Semilla.
El juez a cargo, Fredy Orellana, ganó notoriedad en los últimos meses en Guatemala: es quien procesó penalmente al periodista José Rubén Zamora, quien condenó a dos de sus abogados y quien solicitó una orden de captura en contra de Juan Francisco Sandoval, fiscal anticorrupción que hoy está en el exilio.
La decisión del juzgado fue anunciada por Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), una dependencia del Ministerio Público que durante años investigó casos de corrupción y que hoy, tras el desmantelamiento de la institución, se ha dedicado a promover acciones penales contra jueces, fiscales, periodistas y ahora partidos políticos. Curruchiche, igual que Porras, también forma parte de la lista de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos.
La resolución, sin precedentes en Guatemala, encendió las alarmas de la ciudadanía, de organizaciones, sector privado, universidades y de la comunidad internacional, que advirtieron que este podría considerarse como el último movimiento de una regresión democrática en Guatemala y confirmaba lo que muchos actores han cuestionado en los últimos años: el deterioro del Estado de Derecho.
La mañana del jueves, la tensión aumentó después de que la fiscalía se presentara en la sede del Tribunal Supremo Electoral para realizar un allanamiento. Los fiscales, acompañados de policías con pasamontañas, se llevaron los archivos con las hojas de afiliación y adhesión del Movimiento Semilla, que estaban resguardadas en el Registro de Ciudadanos.
Desde que Curruchiche anunció la resolución que suspendía al Movimiento Semilla, abogados guatemaltecos especializados en derecho constitucional recalcaron que hacía aguas legalmente.
La Ley Electoral y de Partidos Políticos, la norma que rige los procesos electorales en Guatemala, señala claramente que ningún partido político puede ser suspendido durante la contienda. Esto sería confirmado un día después por Ramiro Muñoz, responsable del Registro de Ciudadanos —la entidad que se encarga de inscribir a candidatos y partidos—, quien anunció que habían presentado un amparo en contra de la resolución del juez, ya que estaba fuera de su competencia.
El miércoles por la tarde, algunos analistas se atrevían a hablar de un intento de golpe de Estado en Guatemala. Oswaldo Samayoa, abogado integrante del Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Seguridad (FOSS), dijo al medio digital Ocote: “En este momento estamos en un golpe de Estado técnico a la Constitución de Guatemala”. Samayoa advirtió que “la Corte de Constitucionalidad debería revocar de oficio esa resolución del juez por ser inconstitucional”.
La Corte de Constitucionalidad a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/CGVPJmZArL
— CC Guatemala (@CC_Guatemala) July 13, 2023
No actuó de oficio, ni revocó la resolución del juez, por ahora, pero el máximo órgano constitucional sí recalcó que la segunda vuelta debe celebrarse en Guatemala, el 20 de agosto y con los dos candidatos que el TSE oficializó: Sandra Torres y Bernardo Arévalo.
¿Y ahora qué?
Con esta nueva resolución de la Corte de Constitucionalidad, el proceso sigue ahora su curso. Aunque la institución también dio a entender que la Fiscalía puede continuar con la persecución penal, según expertos, esta resolución implica que ya no hay marcha atrás y no caben más acciones para detener el proceso electoral en Guatemala.
Edgar Ortiz, abogado constitucionalista y analista político, explica a elDiario.es que el fallo echa por tierra el impasse en el que estaba el proceso. “La Corte tenía suficientes herramientas para poner fin a este problema o para alargarlo más, y dio un mensaje interesante. Hay que reconocer que tanto el Tribunal Supremo Electoral como la Corte de Constitucionalidad, al momento de que se puso la línea roja, no la cruzaron y se pararon con firmeza en momentos cruciales”, dice.
Por su parte, el Tribunal Electoral, un órgano que también ha sido duramente cuestionado durante este proceso, y cuyos magistrados incluso fueron señalados por recibir supuestos sobornos del Gobierno, también se reafirmó en su decisión. En un comunicado, reiteró los resultados oficiales y remarcó que no aceptará ningún intento de interferir en el proceso electoral mediante la judicialización del mismo.
El TSE descarta por ahora que vayan a tomar acciones legales en contra de la Fiscalía y del juzgado. Por su parte, Bernardo Arévalo confirmó que ya han planteado una denuncia en contra del fiscal Curruchiche. El partido también ha anunciado que ha presentado una querella en contra de Fredy Orellana, por incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, resoluciones violatorias de la constitución y prevaricato. El recurso se suma al que la organización Acción Ciudadana había presentado la mañana de ayer, también en contra de Orellana, Curruchiche y Porras.
En redes sociales, tanto cuentas anónimas que durante los últimos meses han anticipado acciones de la Fiscalía, como miembros de la llamada Fundación Contra el Terrorismo —una organización cuestionada, que ha interpuesto denuncias contra jueces, fiscales y periodistas—, han hecho hincapié en que la Corte deja la puerta abierta a que la persecución penal contra Semilla continúe.
Sin embargo, Ortiz recalca que la resolución de la Corte no da la opción a más recursos legales en materia electoral. “La Fiscalía puede seguir actuando contra Semilla, pero lo penal no puede afectar a lo electoral”, dice el experto.
Desde horas de la mañana, en Guatemala se organizaron varias manifestaciones en respaldo al Movimiento Semilla y en contra de la decisión de la Fiscalía y del juez. Durante horas, la ciudadanía exigió la renuncia de Porras y de Curruchiche, en Ciudad de Guatemala, en otros municipios del país y en ciudades del extranjero donde se encuentran personas exiliadas. Para hoy viernes hay convocadas más acciones ciudadanas.