El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado este jueves limitar la autoridad de la gubernamental Agencia de Protección Ambiental (EPA) para regular las emisiones de gases contaminantes emitidos por las centrales eléctricas.
En una sentencia redactada por el presidente del Tribunal, el juez John Roberts, y apoyada por los otros cinco jueces conservadores de la corte, la mayor instancia judicial del país consideró que la ley de Aire Limpio no ofrece a la EPA amplia autoridad para regular las emisiones de plantas ya construidas.
El fallo de la corte podría complicar los planes de la administración para combatir la crisis climática. La propuesta para regular las emisiones de las centrales se espera para fin de año. El presidente Joe Biden tiene como objetivo reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero de para fines de la década. Las centrales eléctricas representan aproximadamente el 30% de la producción de dióxido de carbono, informa la agencia Associated Press.
La ONU califica de “revés” el fallo
El portavoz del secretario general de la ONU ha calificado esta decisión como un “revés” para la lucha contra el cambio climático, pese a que —ha resaltado— “no es el papel de la ONU proporcionar comentarios legales sobre las decisiones judiciales de los Estados miembros”.
“De manera muy general, podemos decir que esto supone un revés en nuestra lucha contra el cambio climático, cuando ya estamos muy lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París”, ha señalado en un comunicado.
Biden puede acabar con la política de asilo de Trump
El Supremo también ha autorizado este jueves al presidente del país a suprimir el programa “Quédate en México”, una política migratoria instaurada por su antecesor, Donald Trump, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar a que se resuelva su caso fuera del territorio estadounidense.
En su primer día en la Casa Blanca, Biden intentó acabar con este programa, pero un juez federal de Texas ordenó reinstaurarlo y el Gobierno recurrió ante el Supremo, que ha fallado a su favor al considerar que la decisión no vulnera la ley.
La máxima instancia judicial estadounidense no evaluó la política migratoria de Trump, conocida oficialmente como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), sino la legalidad de la decisión de Biden de acabar con el programa.
Con cinco votos a favor y cuatro en contra, los jueces del Supremo consideraron que el memorándum emitido en octubre del año pasado por el Gobierno para acabar con el “Quédate en México” no violó la ley federal de inmigración.