La extrema derecha está a punto de entrar en el Gobierno de Suecia y de ganar las elecciones en Italia –en ambos casos de la mano de los populares europeos–. Pero ya hay países de la UE, como Hungría y Polonia, donde soberanistas ultraconservadores llevan tiempo en el poder cometiendo asaltos al sistema judicial, persiguiendo a los colectivos LGTBI y asfixiando a las universidades, medios de comunicación y recortando derechos de las mujeres –Hungría exige que las mujeres escuchen el latido del corazón del feto antes de abortar–.
Este jueves el Parlamento Europeo concluía que Hungría ya no podía considerarse una democracia homologable, sino un “régimen híbrido de autocracia electoral”. Es decir, un lugar en el que se celebran elecciones, pero sin llegar a ser democrático. El informe aprobado en el Parlamento Europeo llega justo cuatro años después de que la propia Eurocámara pusiera en marcha una censura contra el Gobierno de Viktor Orbán –activando el Artículo 7 por vulnerar los “valores europeos”– y a pocos días de que la Comisión Europea decida proponer a los gobiernos de la UE cortar fondos europeos por la corrupción en el país.
La decisión que está previsto que tome el Ejecutivo europeo este domingo nace en el pasado abril, cuando activa el mecanismo de condicionalidad del Estado de derecho, aprobado a finales de 2020 de la mano de los fondos europeos de recuperación, para proteger el dinero de la UE de malas prácticas en los países.
“Hoy todos somos conscientes de que debemos luchar por nuestras democracias, todos los días”, decía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el pleno del Parlamento Europeo durante el debate del estado de la Unión, este miércoles en Estrasburgo: “Debemos protegerlas tanto de las amenazas externas a las que se enfrentan como de los vicios que las corroen desde dentro. La protección del Estado de derecho es el deber y la misión más noble de mi Comisión. Por lo tanto, permítanme asegurarles esto: seguiremos insistiendo en la independencia judicial. Y también protegeremos nuestro presupuesto a través del mecanismo de condicionalidad”.
Independencia judicial y mecanismo de condicionalidad, dice Von der Leyen. ¿Por qué? Porque el dinero de los fondos de recuperación a Polonia –35.400 millones– está bloqueado hasta que el Ejecutivo descolonice el Poder Judicial. Y mecanismo de condicionalidad porque está activado con Hungría, y a punto de avanzar un paso más.
Una vez que Bruselas proponga la suspensión de un 20% del dinero adjudicado para Hungría en el presupuesto 2021-2027 –36.000 millones de euros–, según avanza la prensa húngara, los gobiernos de la UE tendrán un mes –extensible a otros dos– para tomar una decisión –esto requiere una mayoría cualificada, al menos 15 Estados miembros que representen al menos el 65% de la población–.
¿Y cuál es la respuesta de Hungría? “El Gobierno de Orbán ha estado trabajando para cumplir con el mandato que nos dio la mayoría del electorado húngaro: hemos estado luchando contra la presión de la inmigración ilegal en nuestras fronteras del sur; manteniendo a los activistas LGBTQ fuera de nuestras escuelas protegiendo a nuestros niños y, en este momento, somos los que más se oponen a la fallida política de sanciones de Bruselas contra Rusia”, según el portavoz húngaro, Zoltan Kovacs.
Lucha contra la corrupción
Von der Leyen ha explicado en el pasado: “En el caso de Hungría, lo hemos dejado claro. El tema es la corrupción, hemos discutido con Hungría cuestiones sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia, y aquí el requisito son reformas para luchar contra la corrupción”.
En el informe aprobado este jueves en el Parlamento Europeo, también se pide a la Comisión Europea no aprobar el plan de recuperación de Hungría hasta que el país cumpla plenamente todas las recomendaciones del Semestre Europeo y aplique todas las sentencias relevantes del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal de Derechos Humanos; excluir de financiación los programas de cohesión que contribuyan al mal uso de los fondos de la UE o a vulneraciones del Estado de Derecho; y aplicar el Reglamento de Disposiciones Comunes y el Reglamento Financiero de manera más rigurosa para evitar un uso indebido de los fondos comunitarios por razones políticas.
De todo eso, ya hay algo que está pasando, y es que Bruselas mantiene congelado el plan de recuperación húngaro, 5.800 millones de euros, por su deriva autoritaria. En respuesta, Orbán mantiene el veto al impuesto mínimo del 15% a escala europea para las multinacionales. Veto que España, Italia, Alemania, Francia y Países Bajos quieren sortear, igual que han tenido que sortear los 26 países de la UE la oposición constante de Hungría a las sanciones contra el Kremlin por la invasión de Ucrania decretada por el presidente ruso, Vladímir Putin, el 24 de febrero pasado.
La UE tiene abiertos cada vez más frentes con Orbán, y va estrechando el cerco a un sistema que ya se define, en palabras del Parlamento Europeo, como “régimen híbrido de autocracia electoral”.