Las vacunas anti-COVID han recibido casi 5.000 millones de financiación pública y filantrópica para I+D, según un informe

Desde que comenzó la pandemia, las vacunas contra el coronavirus han recibido una suma de casi 5.000 millones de euros de fondos públicos y de organizaciones filantrópicas solo para su investigación y desarrollo. La cifra, que no tiene en cuenta los acuerdos de compra, viene recogida en un informe publicado este jueves por la alianza de organizaciones No es Sano, que hace hincapié en la “enorme inversión pública” que los gobiernos han destinado a apoyar a las grandes empresas que están detrás de las principales vacunas que se han desarrollado contra el coronavirus.

No obstante, denuncian que esta inversión “se ha dejado en manos” del sector farmacéutico “sin condiciones y sin asegurar” el acceso universal ni precios justos para todos los países.

“Si hoy contamos con vacunas seguras y eficaces es porque gobiernos de todo el mundo se comprometieron, en 2020, a financiar la I+D y a firmar acuerdos de compra avanzada que aseguraban la distribución y el suministro a las compañías”. Sin embargo, recuerdan, “la posterior respuesta de ‘mi país primero’ ha traído” un reparto de vacunas “injusto y desigual” que ha concentrado la compra en los países ricos y ha dejado atrás a los países de ingresos bajos y medios. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en la actualidad más del 75% de todas las vacunas administradas se concentran en solo 10 países. “El acaparamiento por parte de unos pocos, acompañado de una capacidad de producción limitada, nos ha llevado al escenario actual en el que muchos países no alcanzarán un buen ritmo de vacunación hasta 2023”.

“En verano de 2020 empezamos la carrera a contrarreloj que puso a la cola a los países más pobres. ¿Quiénes han sido los países que han podido negociar y asegurar vacunas? Los países ricos con capacidad de compra”, ha dicho durante la presentación del documento Irene Bernal, investigadora de Salud por Derecho, una de las organizaciones que forman parte de No es Sano, compuesta por ONG, colegios profesionales y asociaciones que defienden el derecho a la salud y el acceso a los medicamentos a un precio asequible. 

El informe –que analiza en profundidad diferentes aspectos de las principales vacunas existentes, como su origen, los acuerdos de compra o sus diferentes precios– explica que la investigación y la contribución pública en las tecnologías que han dado lugar a estos preparados “se han sucedido desde hace décadas”. No obstante, el comienzo de la pandemia de coronavirus “fue la mecha que llevó a los gobiernos a impulsar en un tiempo récord iniciativas que permitieran acelerar la innovación” en vacunas.

Janssen, Moderna y Pfizer/ BioNTech, a la cabeza en fondos públicos

De acuerdo con el documento, EEUU y Alemania son, de lejos, los mayores inversores en I+D de vacunas. Les sigue un número pequeño de países principalmente ricos (Reino Unido, la UE, Canadá, Noruega, Singapur) y China. Grupos de investigación y empresas farmacéuticas han sido los receptores de estos fondos. 

Los laboratorios Janssen, Moderna, Pfizer/ BioNTech y Curevac encabezan la lista de actores que más dinero público para I+D han recibido: juntos concentran más de la mitad de la inversión pública documentada, que se basan en el análisis del Global Health Centre de Ginebra. 

La financiación pública representa la gran mayoría (el 98%) de los datos rastreados por los investigadores de este centro, que no incluyen cifras específicas de las farmacéuticas, “que no han revelado cifras concretas sobre sus inversiones en I+D”. El análisis también tiene en cuenta el dinero invertido por la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), cuyas contribuciones proceden en su enorme mayoría del sector público.

Según el portal del Global Health Centre de Ginebra, Janssen, la filial encargada de la vacuna monodosis de Johnson & Johnson, recibió 1.028 millones de dólares (843 millones de euros) de EEUU al igual que Moderna, a la que el país norteamericano destinó alrededor de 955 millones de dólares (783 millones de euros), y también percibió fondos de CEPI y la cantante Dolly Parton. Mientras, Pfizer/ BioNTech fueron receptoras de aproximadamente 800 millones de dólares (656 millones de euros) en I+D de Alemania, la UE y Singapur.

A la compañía germana Curevac –cuya vacuna se encuentra en la fase de desarrollo clínico– Alemania, la UE y CEPI le han destinado unos 742 millones de dólares (608 millones de euros). Le sigue la compañía estadounidense Novavax, que recibió 508 millones de dólares (417 millones de euros) en financiación tanto de EEUU, CEPI (la mayoría) y procedentes de la filantropía (la Fundación Gates). 

A ellas se suma el caso de la empresa china Sinopharm, que fue destinataria de 145 millones de dólares (119 millones de euros) del gigante asiático, según los datos del Global Health Centre, que reflejan también que la asociación AstraZeneca/Oxford tienen entre sus grandes financiadores a Reino Unido y CEPI, así como a la organización benéfica británica Wellcome Trust, los cuales aportaron cerca de 118 millones de dólares (97 millones de euros). En la lista de receptores de fondos públicos hay otros desarrolladores de vacunas avanzadas como la canadiense Medicago.

En un intento de recoger todo el gasto que podría ser categorizado como inversiones en I+D, los investigadores de Ginebra también estiman la magnitud de los acuerdos de compra anticipada firmados entre los países y las farmacéuticas para acelerar el desarrollo de las vacunas, sellados antes de que reciban aprobación por autoridad regulatoria estricta. Si se consideran estos acuerdos como incentivos al desarrollo, la UE y EEUU concentran la mayor parte de la financiación, y el sector público y CEPI han invertido miles de millones de euros más, algo que también ha recalcado Bernal durante la presentación del informe de No es Sano. 

Las inversiones en I+D para las vacunas contra la COVID-19 se concentran, además, en un número relativamente pequeño de países de renta alta, y Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá son los que más fondos reciben.

Financiación sin condiciones sobre el acceso

“Los Estados tienen que ser más conscientes de su papel fundamental como inversor en el desarrollo de medicamentos y vacunas y exigir, a cambio de su inversión, un retorno”, dice Adrián Alonso Ruiz, investigador responsable del análisis del Global Health Centre de Ginebra.

“Este retorno puede ser en algunos casos económico, pero también –y en este caso es lo deseable– puede ser exigir condiciones que faciliten el acceso a las vacunas de manera global. Si los Estados invierten, pero no exigen nada a cambio, permiten y perpetúan las inequidades en el acceso a vacunas y medicamentos”, sostiene Alonso Ruiz, que menciona que la principal dificultad de obtener estos datos es “la imposibilidad de saber la inversión de la industria”. “Es un problema de falta de transparencia”.

La misma crítica hace No es Sano, que señala, a pesar de que en el inicio de la pandemia se repitieron los discursos políticos que consideraban las vacunas como bienes públicos globales, y a pesar de las grandes inversiones de dinero público, “ni los Estados ni las agencias financiadoras han hecho valer este esfuerzo”. 

Los contratos de financiación, dicen, no han incluido condiciones que garanticen aspectos como que las vacunas producto de esa inversión pública tengan un “precio justo” o que esté asegurado el “acceso completo a los datos” fruto de las investigaciones. “Al contrario, todo ese conocimiento ha terminado en manos de las compañías que tienen licencias exclusivas e imponen la confidencialidad sobre todo tipo de acuerdos de producción y distribución alcanzado con gobiernos y organismos internacionales”.

El respaldo público viene de antes de la pandemia

Pero el informe explica que el respaldo de los gobiernos ha ido mucho más allá de la inversión durante la pandemia y sitúa el origen de muchas de estas vacunas en proyectos que llevan años desarrollándose en centros públicos de todo el mundo y gracias al dinero público.

“Ha habido una enorme inversión antes de la pandemia sobre muchos de los productos que tenemos ahora en el mercado”, ha dicho Irene Bernal, quien ha citado como ejemplo las investigaciones sobre ARN mensajero (empleadas en los innovadores preparados de Pfizer, Moderna y CureVac) que “comenzaron hace cuatro décadas” o el caso de AstraZeneca, cuya rapidez en el desarrollo tiene “mucho que ver” con los ensayos previos de la Universidad de Oxford con otro coronavirus, el causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS).

La campaña también recuerda la “opacidad” que rodea a cuestiones como la fijación de los precios de las vacunas. El informe recoge casos como el de Pfizer – cuyos precios oscilan “entre 7 dólares que paga Túnez” frente a “los 47 dólares de Israel”, lo que “ha llevado a pensar en un posible trato preferencial” en la distribución de la vacuna.

La de Moderna, una de las más caras, varía entre los 15 y los 37 dólares por dosis, mientras la de AstraZeneca alcanza los 2,9 euros por dosis en la UE, pero otros países, como Sudáfrica y Uganda, han pagado 5,25 y 7 dólares, respectivamente, señala el documento citando las últimas informaciones publicadas. 

La enorme desigualdad en la distribución

A juicio de No es Sano, la falta actual de acceso a las vacunas contra la COVID-19 evidencia un modelo de innovación y desarrollo de medicamentos “roto, ineficaz y cuyas disfunciones no deberían ser una barrera en un contexto de pandemia como el actual, en el que son necesarias respuestas urgentes, coordinadas y efectivas”.

El informe hace énfasis en las enormes desigualdades en la distribución de vacunas, y recuerda que más de 8870 millones de dosis se han comprometido en compras avanzadas a nivel global, unos 7750 millones a través de acuerdos bilaterales y 1120 millones a través del mecanismo de reparto COVAX, que ahora mismo se enfrenta a una escasez importante de suministro. Del total, el 53% han sido reservadas por los países ricos. Mientras, los países de renta media y baja tienen aseguradas apenas un 17% del total, indican.

“Estamos vacunando a 1 de cada 4 personas en los países ricos y a 1 de cada 500 en los países con menos recursos. Es una desigualdad tremenda que cuesta millones de vidas. Saldremos de la pandemia mucho más tarde y en peores condiciones”, ha criticado Vanessa López, directora de Salud por Derecho

Las farmacéuticas calcularon una producción de 9.500 millones para 2021 y hasta ahora solo han distribuido algo más de 1680 millones, escribe No es Sano. “No podemos cubrir ahora mismo las necesidades de inmunización global debido a unos cuellos de botella. Es necesario incrementar la producción de vacunas y también componentes, viales o jeringuillas”, dice Bernal.

El estudio recoge que, bajo el control de las empresas propietarias de la propiedad intelectual y el know-how, la producción de las vacunas aprobadas “ha quedado muy concentrada geográficamente” en países ricos, principalmente en Europa y EEUU. Sin embargo, denuncia el texto, “existe una potencial capacidad de producción en Asia, América Latina y África que está siendo desaprovechada”. No es Sano explica que naciones como Bangladesh o Vietnam podrían sumarse a la producción y otros que ya están produciendo podrían tener una capacidad mayor, como Argentina, India o EEUU y también en Europa.

Creen que esto podría ocurrir “en pocos meses” desde la transferencia de tecnología, es decir, de habilidades, métodos de fabricación y conocimiento técnico para fabricar las vacunas. “En acuerdos ya realizados las compañías socias solo han necesitado seis meses para ponerse a punto y comenzar la producción”.

Para ello, dicen, hay que promover la expansión “con políticas de licencias abiertas, no exclusivas, y eliminando las barreras de propiedad intelectual que impiden que se haga la transferencia de tecnología y de know-how completos para que otras compañías puedan producir”.

Para ello, el informe pide a los gobiernos, farmacéuticas y centros de investigación se sumen a C-TAP  (el Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la COVID-19), un mecanismo creado hace un año por la OMS que busca la concesión de licencias de forma no exclusiva y transparente para aprovechar la mayor capacidad de fabricación posible. De momento, ningún fabricante de las principales vacunas se ha unido a la iniciativa. España ha anunciado su apoyo recientemente al mecanismo.

No es Sano reclama también a los Estados que apoyen la propuesta de India y Sudáfrica para suspender temporalmente las patentes y otros derechos de propiedad intelectual. “España debe mantenerse firme en el apoyo a la suspensión, y ser pedagógico con los países de UE”, ha dicho López, de Salud por Derecho.

“El progreso hay que compartirlo. Se trata de salvar vidas, de justicia y de equidad”, ha concluido Irene Bernal.