México conoce hoy un triste balance que muestra la realidad más negra que vive el país latinoamericano. La violencia derivada del crimen organizado, especialmente el narcotráfico, ha costado la vida a 28.000 personas desde 2006, año en el que tomó las riendas del país el actual presidente, Felipe Calderón.
Este nuevo dato que cuestiona la estrategia seguida hasta ahora por el mandatario mexicano, ha sido publicado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Según ha explicado el director de este organismo, Guillermo Valdés, entre las principales causas de estas muertes destacan los enfrentamientos entre los grupos armados y las fuerzas de seguridad que han alcanzado un total de 936 en el último sexenio, lo que supone “casi un conflicto al día de promedio”.
El funcionario achacó estas cifras a la administración anterior, presidida por Vicente Fox (2000-2006), cuya inversión en seguridad fue insuficiente para dotar a las instituciones y a sus profesionales de una estructura competente para luchar contra las redes criminales instaladas en el país.
Sin embargo, Valdés amonestó también al gobierno de Calderón por no suplir completamente las deficiencias del sistema y lastrar con ello la mejora de los mecanismos contra el tráfico de drogas, de armas y el blanqueo de capitales procedentes de estas actividades, informó el diario local El Universal.
Mayor colaboración internacional
Ante esta realidad de violencia diaria, las autoridades mexicanas consideran la colaboración con terceros países algo fundamental. Especialmente con Estados Unidos, su vecino del norte, el mayor consumidor mundial de cocaína y por lo tanto principal objetivo de los cárteles de la droga que operan en México.
Consciente de ello y del problema del tráfico ilegal de armas, el embajador de México en España, Jorge Zermeño, ha pedido a Estados Unidos “mayor colaboración” para controlar la venta de armas en la lucha contra el narcotráfico. “Son bandas peligrosas, que manejan grandes recursos económicos y cuentan con armamento muy sofisticado que compran en Estados Unidos y esto no puede resolverse de manera aislada”, ha señalado.
Zermeño ha recordado que el narcotráfico es un problema que “rebasa las fronteras nacionales” y que necesita la “colaboración de otros países” para frenar la venta de material bélico. Así, ha denunciado que en el sur de Estados Unidos hay “más de 7.000 armerías” en las que no existe “ninguna restricción” para la compra de armas “no sólo convencionales”, sino también de “uso exclusivo para los ejércitos” que, según dijo, “están al alcance de cualquier ciudadano”.
Así lo ha explicado en un encuentro con los medios posterior a su intervención en la inauguración del seminario A cien años de la Revolución Mexicana, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), y en el que también han participado la directora del curso, María Teresa Márquez y el rector de la institución académica, Salvador Ordóñez.
Por otro lado, Zermeño ha reconocido que el actual gobierno mexicano ha emprendido una lucha “muy fuerte” contra las bandas organizadas y “ha logrado” los mayores decomisos de droga y de armas de “toda la historia”. “Con el armamento que se confisca en México podríamos ser capaces de armar dos veces al ejército del país”, apuntó.
Respecto a la Ley de Arizona,
el embajador ha afirmado que a los mexicanos les “lastima” mucho que se les ponga barreras y que exista una norma que “criminalice” a una persona “sólo por la sospecha de ser inmigrante”. “Es una medida injusta y violatoria de los Derechos Humanos que tarde o temprano tendrá que modificarse”, ha asegurado.