Amnistía Internacional ha instado a las autoridades chinas a
realizar una investigación independiente sobre la violenta represión militar que se ejerció en 1989
contra manifestantes pacíficos en la
plaza de Tiananmen y sus alrededores, cuando se conmemora el 20
aniversario de estos sucesos.
El Gobierno chino ha frustrado todo intento de arrojar luz sobre la
represión militar de junio de 1989, como consecuencia de la cual
murieron y resultaron heridas centenares de personas. Cuando se cumplen
20 años de aquellas protestas, las autoridades han intensificado aún más
la represión de que son objeto actualmente activistas y abogados.
El gobierno chino no ha hecho pública ninguna cifra oficial, pero varias
organizaciones no gubernamentales calculan que aún continúan encarceladas por su participación en las protestas de 1989 en favor de la democracia entre 20, como mínimo, y quizá 200 personas.
“Entre las atribuciones de la Asamblea Nacional Popular figura la de
poder iniciar el proceso necesario para que se presente una relación de
las personas que murieron, de las que fueron encarceladas y de las que
continúan presas como resultado de la represión“, ha manifestado
Amnistía Internacional en una carta abierta a Wu Bangguo, presidente de
la Asamblea Nacional de China, del 13 de mayo de 2009.
“Varias personas que continúan en prisión fueron declaradas culpables de
delitos ‘contrarrevolucionarios’ que se eliminaron del Código Penal
chino en 1997 –ha manifestado Roseann Rife, directora adjunta del
Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional-. Las autoridades
chinas deben poner en libertad de inmediato a quienes continúan
encarcelados, como primer paso para la rendición de cuentas.“
No todas las personas encarceladas por su relación con el movimiento de Tiananmen en favor de la democracia participaron realmente en las protestas de hace 20 años
. Como consecuencia de la represión constante
ejercida por las autoridades chinas para impedir el debate público sobre
aquellos sucesos, muchas personas fueron condenadas a prisión después de
1989 simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, por
ejemplo, por mantener debates a través de Internet o colgar en la red
poemas conmemorativos de lo ocurrido en Tiananmen.
El encarcelamiento no es el único método utilizado por las autoridades
chinas para reprimir el debate público sobre los sucesos de 1989. Dos destacados líderes del grupo Madres de Tiananmen, Ding Zilin y Jiang Peikun, son a menudo víctimas de hostigamiento policial y detención arbitraria.
En mayo se les prohibió asistir a una ceremonia de duelo en
la que sí pudieron participar otros 50 miembros del grupo tras prometer
al Ministerio de Seguridad del Estado que no habría en ella ninguna
persona ajena al grupo, en especial periodistas.
En la presentación del Informe 2009 de Amnistía Internacional, la secretaria general de la organización, Irene Khan, pidió a China que firmara y ratificara el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Aunque Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la
reciente iniciativa del Gobierno chino de emprender un plan de acción
nacional sobre los derechos humanos que contiene disposiciones dirigidas
a erradicar la detención ilegal y proteger los derechos humanos
garantizados en la Constitución china, el éxito de tal plan depende de
cómo se ponga realmente en práctica.
“En medio de una crisis económica global, el gobierno chino ha
demostrado que está dispuesto a asumir el liderazgo en la estabilización
del sistema económico mundial; sin embargo, cuando se trata de proteger
los derechos humanos, no llega nunca a cumplir las expectativas del
mundo –ha manifestado Roseann Rife-. El número de personas aún en
prisión por lo que hicieron en la plaza de Tiananmen hace 20 años es una
clara muestra de la falta de compromiso con los derechos humanos que
persiste todavía en China“.