La Fiscalía Anticorrupción pide que se le imponga una pena de 15 años de cárcel y una multa de 2,3 millones de euros al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública.
Los otros imputados en el denominado 'caso Fabra', instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules (Castellón) -Maria Amparo Fernández, esposa de Fabra; el empresario Vicente Vilar y la mujer de éste, Montserrat Vives- se enfrentan a penas de prisión de entre cuatro y ocho años.
En su escrito, la Fiscalía señala que en 1999 Vicente Vilar, administrador único de la firma de productos fitosanitarios Naranjax SA, y su esposa, Montserrat Vives, se pusieron en contacto con Carlos Fabra para que, valiéndose de su cargo como presidente de la Diputación castellonense, tratara de influir ante los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización de dichos productos.
Añade que las actuaciones de Fabra ante los ministerios se produjeron entre los años 1999 y 2002, constando diversas reuniones tanto con responsables políticos como administrativos de los citados Ministerios y de las Cortes Generales.
En este punto, se refiere a una reunión celebrada el 12 de julio de 1999 con Fabra, el entonces ministro Jesús Posadas, y el secretario de Hacienda y diputado por Castellón Juan Costa, entre otros, en la que se trató, entre otras cuestiones, “la situación de retraso en la tramitación de licencias para la fabricación y comercialización de productos fitosanitarios y en las que se informó sobre el estado administrativo en el que se encontraban las solicitudes” cursadas por Vilar.
Asimismo, señala que Fabra realizó una tarea de intermediación “en favor no sólo de las empresas propiedad de Vilar y Vives, sino también de su esposa, y que estuvo dirigida a conseguir una mayor agilización en la concesión de licencias para la producción de productos fitosanitarios, valiéndose para ello de sus relaciones con Miguel Vicente Prim y Vicente Sánchez Peral, que era subdelegado del Gobierno en Castellón, y llegando a mantener reuniones con el director del gabinete de Presidencia, Alfredo Timermans del Olmo, y con la ministra de Sanidad, Celia Villalobos”
Además, la Fiscalía apunta que en abril de 2000, Carlos Fabra constituyó una sociedad (Carmacas SL) de la que era administrador único y titular del 90% de participaciones sociales y que utilizó parte de su facturación para “ocultar los pagos” realizados por Vicente Vilar.
El escrito también refleja que durante el período 1999 a 2004 Carlos Fabra y María Amparo Fernández “tuvieron ingresos que fueron ocultados a la Hacienda Pública, los cuales no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados”. De este modo, especifica que en 1999 los ingresos no declarados de Fabra fueron de 518.388 euros; de 328.520 euros en 2000; de 295.317 en 2001; de 369.876 en 2002; 358.256 en 2003 y 217.212 en 2004 (algo más de dos millones de euros en total). En el mismo período, constan ingresos no declarados de su esposa por valor de unos 1,6 millones.
Dicha “ocultación de ingresos”, apunta la Fiscalía, dio lugar a que fueran “defraudados” a la Hacienda Pública diversas cantidades anuales, todas ella superiores a 120.000 euros. En el caso de Fabra estas fueron de 253.254 euros en 1999, y de 158.976, 141.302, 174.836 y 158.105 en los sucesivos ejercicios hasta 2003. Igualmente, las cifras de Fernández alcanzaron entre 1999 y 2003 los 162.295 euros, 145.835, 124.963 y 153.276 euros.
DELITOS
Por todo ello, el fiscal considera que Carlos Fabra es autor de los delitos continuados de tráfico de influencias y cohecho y de otros cinco contra la Hacienda Pública. Por su parte, a María Amparo Fernández se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública y a Vicente Vilar y Montserrat Vives, un delito de cohecho.
En concreto, el fiscal pide para Fabra un año de prisión por el delito de tráfico de influencias y cinco de inhabilitación para empleo o cargo público; por el de cohecho cuatro años de prisión, multa de 600.000 euros, 10 de inhabilitación especial para cargo público, así como comiso de las cantidades percibidas. Por los delitos contra la Hacienda Pública demanda, por el correspondiente a 1999, dos años de prisión y multa de 500.000 euros; por el del año 2000, dos años de cárcel y 3000.000 euros de multa; por el de 2001, dos años de prisión y 350.000 euros; dos años de prisión más y 350.000 euros por el delito de 2002 y otros años de cárcel y 300.000 euros por el correspondiente a 2003.
Para María Amparo Fernández, la petición de cárcel es de ocho años y multa de 1.186.000 euros. En el caso de Vicente Vilar, solicita cuatro años de prisión y multa de 600.000 euros, lo mismo que para Montserrat Vives.
Carlos Fabra y María Amparo Fernández también deberán indemnizar a la Hacienda Pública en las mismas cantidades que supuestamente defraudaron más los intereses correspondientes devengados desde el último día de presentación voluntaria de las declaraciones fiscales.
Por último, la Fiscalía pide en su escrito que se proceda a formar pieza de responsabilidad civil para asegurar las responsabilidades pecuniarias derivadas tanto de la defraudación tributaria a la Hacienda Pública, como de la correspondiente multa e intereses de demora, como del resto de delitos imputados.