Nueve entidades y sindicatos riojanos denuncian que La Roja “aún no es un espacio seguro” para las mujeres que deciden ejercer su derecho al aborto. Así, Amnistía Internacional, Asociación Feminista de Murillo de Río Leza, Asociación Luz Ultravioleta, Café Feminista de Calahorra, Comisiones Obreras (CCOO), Horizonte Violeta, Kirké: Feministas en Acción, Feministas de La Rioja y Marea Blanca han firmado un comunicado ante las “dudas generadas en torno a la garantía del derecho al aborto y la apertura del Centro de Crisis en La Rioja”.
Así, aseguran que el Gobierno de La Rioja sigue sin garantizar “atención sanitaria publica, sin discriminación ni limitaciones, a todas las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo porque todas las interrupciones en la red pública se han realizado mediante el método farmacológico”. Los abortos quirúrgicos, insisten las entidades firmantes, “siguen realizándose en un clínica privada de Navarra donde son derivadas las mujeres riojanas”.
En lo relativo al Centro de Atención 24 horas de La Rioja, estas asociaciones ponen de manifiesto el desconocimiento que tienen sobre este nuevo servicio. “Son centros que deben garantizar la atención psicológica, jurídica y social a las mujeres víctimas de violencia sexual salvo la adjudicación de las obras reforma de un local en la calle Labradores de Logroño no tenemos más información”. Razón por la que han trasladado una carta a la Consejería de Salud y Servicios Sociales para saber la fecha definitiva de apertura, la dotación técnica y de personal con la que contará y la modalidad de gestión porque resulta fundamental conocer si esta se llevará a cabo por el gobierno autonómico de forma directa o si se externalizará a una empresa privada“.
Pero además, y en la misma misiva, solicitan información sobre la disponibilidad de los medios médicos, farmacológicos y quirúrgicos para realizar una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), las medidas específicas que se están tomando desde la Consejería de Salud para hacer efectiva la Ley 2/2010, de 10 de marzo, y la Ley 7/2023, de 10 de abril de 2023, en cuanto a la obligatoriedad de garantizar una atención sanitaria integral en centros públicos riojanos a las mujeres que solicitan una IVE, o sobre el tiempo que transcurre de media entre la solicitud de intervención y su realización.
“Esperamos que la respuesta sea clara”, dicen, “porque cada día que se deja de prestar esa atención integral que exigen nuestras actuales legislaciones, se puede poner en riesgo una vida. Además, es una responsabilidad ineludible de las instituciones que se den pasos firmes en la garantía de los derechos de las mujeres y las niñas desde una perspectiva feminista, especialmente de aquellas más vulnerables”.