Calahorra vuelve a cambiar el pleno y coincide otra vez con el del Congreso al que asiste la líder de la oposición

El próximo pleno del Ayuntamiento de Calahorra se celebrará el jueves 21 de marzo, coincidiendo con un pleno en el Congreso de los Diputados al que asiste como diputada la portavoz del grupo socialista, Elisa Garrido. El PP cambió la fecha ordinaria de los lunes a los martes en un acuerdo de pleno que el PSOE recurrió en los tribunales y que está pendiente de resolución.

El PP ha cambiado el día del próximo pleno adelantándolo adelantado 5 días respecto el día previsto, martes 26 de marzo, en una Junta de Portavoces urgente celebrada a las 8:00 de la mañana. El acuerdo recogía claramente que los plenos se celebrarán el último martes de cada mes o, en circunstancias especiales y oída la junta de portavoces, se podrá modificar dos días antes o dos días después.

Se da la circunstancia que el martes 26 de marzo no hay pleno en el Congreso de los Diputados pero sí que hay el jueves 21 de marzo, cuando se celebrara el pleno por petición del PP. El PSOE denuncia esta nueva estrategia de la alcaldesa Mónica Arcéiz y denuncian que “resulta groseramente evidente que la intención de la señora Arcéiz es impedir la presencia de la líder de la oposición en los plenos del Ayuntamiento”.

“Para ello no solamente ha variado sin ninguna justificación la fecha ordinaria de celebración de los mismos, sino que cuando tiene conocimiento de que la misma puede ser compatible con la presencia de la señora Garrido, no duda en saltarse, incluso el propio acuerdo de pleno para variar la fecha a su conveniencia”, subrayan desde el grupo socialista, que consideran que es una forma de impedir el ejercicio de los derechos fundamentales y constitucionales de los concejales. También afean que ni VOX ni Izquierda Unida se han opuesto.

Por ello, el PSOE presentará un recurso de reposición ante el acuerdo de la celebración de este pleno, así como trasladará al juzgado contencioso administrativo esta situación que “no deja de ser una burla hacia el propio juzgado y hacia los derechos constitucionales de representación de los ciudadanos, que todos los concejales y cargos electos tienen consagrados por la Constitución Española”.