Capellán reitera su oposición a la financiación singular de Cataluña: “Hay que evitar un perjuicio irreparable”

El jefe del Ejecutivo regional, Gonzalo Capellán, ha reiterado hoy, 18 de noviembre, que el Gobierno de La Rioja “se opondrá a cualquier transformación del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) que se haga por la puerta de atrás” y “suponga la quiebra del estado del bienestar y la imposibilidad de contar con los recursos suficientes para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales a los ciudadanos riojanos”. Gonzalo Capellán ha hecho estas declaraciones durante su intervención en una jornada celebrada en la Universidad de La Rioja, en la que el Colegio de Economistas ha presentado el informe sobre el impacto que tendría para las arcas públicas riojanas la salida de Cataluña del SFA. Una “evidente merma” de ingresos que oscilaría entre los 244 y los 305 millones de euros. 

El presidente ha hecho un llamamiento a la sociedad riojana, los grupos parlamentarios y los agentes económicos y sociales a “estar en plena alerta” para evitar “un perjuicio irreparable, tal como han cuantificado los economistas”, que se suma a diversos estudios, y que “permiten la toma de decisión de las políticas públicas sustentada en evidencias y en datos constatados”. 

Además de que una financiación singular para Cataluña “va en dirección contraria a la homogeneización que reclaman los expertos, esta propuesta, fruto de un acuerdo bilateral, puramente político, entre dos partidos de una comunidad autónoma –ha señalado Gonzalo Capellán-, es censurable por motivos de índole político, normativo y jurídico-constitucional”. Estos tres aspectos “ya deberían ser suficientes”, por cuanto “la legitimidad de cualquier modificación del Sistema se basa en que la reforma ha de ser consensuada de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Autonómica (CPFF)”. También ha remitido a los informes y denuncias del colectivo de técnicos de la Administración Pública del Estado que señalan la inconstitucionalidad de la medida porque alteran lo previsto en la Constitución Española en materia tributaria. Pero, “adicionalmente ahora sabemos” a través del informe del Colegio de Economistas que el Estado difícilmente “podrá sustituir” la merma de ingresos que provocará sobre las autonomías de régimen común.

Gonzalo Capellán ha advertido de que “todas las comunidades autónomas estamos infra financiadas”, lo que en el caso de La Rioja se demuestra con la disposición de recursos, entre otros los destinados para atender la dependencia que no está contemplada en el actual sistema de SFA.  

El presidente ha incidido en que la financiación singular para Cataluña atenta contra la equidad y la solidaridad interterritorial, y por ello “el Gobierno de La Rioja, de manera responsable, se opondrá a esta transformación del SFA por un puro acuerdo político y bilateral”.

El informe, elaborado por el economista, analista financiero y profesor universitario, Javier Santa Cruz Cano a partir de los cálculos que anualmente aporta FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), echa por tierra la premisa de que Cataluña esté infra financiada, ya que, recoge el documento, le corresponde “una financiación efectiva ajustada en la media (100,9)”. En este sentido, cabe recordar que este es el argumento utilizado en “el pacto que posibilitó la formación de gobierno en Cataluña” con el que se justificaría “la salida de esta comunidad del Sistema y, por tanto, la retirada de su aportación a los fondos que redistribuyen recursos entre las comunidades con mayor renta y las de menor renta”. 

Dos posibles escenarios

El estudio toma 2026 como año de salida de Cataluña del SFA, analiza los recursos financieros relevantes del Sistema (transferencias del Fondo de Garantías y el Fondo de Suficiencia) que restarían financiación a La Rioja, partiendo del Presupuesto 2024, y establece dos escenarios posibles ajustando las cuantías a la inflación para que sean plenamente comparables: uno que denomina ‘optimista’, que tiene en cuenta la media de liquidaciones entre 2020 y 2022 (último facilitado por el Ministerio de Hacienda), trienio en el que se produjo un incremento a dos dígitos tanto de la recaudación como de la aportación del Estado al SFA; y otro ‘prudente’, en el que el análisis abarca desde 2019, año electoral, con un crecimiento más moderado del PIB y una caída del volumen de recursos del SFA.

Cualquiera de las dos proyecciones “afectan de raíz” al volumen de recursos de los que dispondría La Rioja para garantizar la prestación de recursos públicos básicos. Concretamente, la Comunidad perdería entre 170 y 213 millones de euros de recepción neta del Fondo de Garantía (representa el 75% de los ingresos) y entre 74 y 92 millones de euros del Fondo de Suficiencia. En consecuencia, La Rioja tendría una pérdida total entre los 244 y los 305 millones de euros. 

Además, si el Estado, “en línea con la hipótesis de que buena parte del ‘agujero’ que deja Cataluña pueda ser cubierta con recursos de la Administración Central, tendría que decidir si financiarlos con cargo a impuestos presentes o impuestos futuros (más deuda pública emitida)”, lo que impactaría de lleno sobre los contribuyentes riojanos y el resto de ciudadanos de las comunidades de régimen común, “aparte del shock permanente que supone sobre la estabilidad presupuestaria y el control de la deuda”.

Como conclusión, este estudio “puede servir de utilidad para empezar a evaluar las consecuencias de una posible reforma de la financiación autonómica que vaya no sólo a la denominada financiación singular catalana sino también a un Estado autonómico probablemente más disfuncional y parecido a un modelo confederal que a uno federal o, al menos, en el que se consagren los principios del federalismo fiscal”. “Los órdenes de magnitud son relevantes para La Rioja –añade el informe–, lo cual impactará en su política fiscal tanto actual como futura, pero muy especialmente en los ciudadanos y empresas que están radicadas en esta Comunidad, cuya elección de residencia no sólo depende del nivel impositivo sino también de la calidad y financiación de los servicios públicos básicos como sanidad, educación y dependencia”.