Cáritas recibió 597.172 peticiones de asistencia básica en 2008, la cifra más alta de los últimos 40 años. Estas cifras se extraen del informe “La respuesta de Cáritas ante la crisis”, que recoge un sondeo entre el 60 por ciento de las 68 cáritas diocesanas que trabajan en España, y revela que las peticiones de acogida y asistencia primaria se incrementaron un 50% de media en toda España durante 2008. Aunque en algunas delegaciones, como las de Andalucía y las grandes ciudades, el crecimiento alcanzó el 70%.
Según la organización, estos datos se deben al “bajo nivel de protección social” que ofrecen las administraciones públicas españolas para afrontar la crisis económica y el crecimiento del desempleo, según la opinión del secretario general de la organización, Silverio Agea.
Agea ha explicado que del millón de personas que atendió Cáritas en 2007, un total de 400.000 demandaron ayudas económicas para servicios básicos relativos a la vivienda y a la alimentación, que han sido las mismas necesidades más solicitadas en 2008. En este año se registró un incremento cercano al 90 por ciento en las peticiones de ayuda para alimentos, que ocuparon el primer lugar en las demandas, seguido de la vivienda.
El incremento de los solicitantes se debe a dos “nuevas pobrezas” generadas con la crisis económica: la de quienes han pasado de la vulnerabilidad a la carestía por la pérdida del empleo, y la de aquellas personas que habían participado en procesos de inserción social con Cáritas y que dada su situación de precariedad, se han visto de nuevo obligadas a acudir al servicio por caer en exclusión social.
El perfil de los solicitantes de ayuda se ciñe a cinco grupos determinados: familias jóvenes con niños pequeños, parados recientes que comienzan a agotar la prestación por desempleo y a entrar en situación de “ingreso cero” en sus hogares, hombres solos sin hogar y en paro, mujeres mayores con pensiones mínimas e inmigrantes en situación irregular que han visto empeorada su situación.
Entre el colectivo inmigrante, Agea destacó que se han incrementado las solicitudes de asesoramiento jurídico para pedir la regularización por arraigo, porque han pasado tres años desde el proceso de regularización masiva y mucha gente se quedó fuera. También han crecido las peticiones de ayuda para reagrupación familiar, porque los inmigrantes temen que la reforma de la ley acabe con este sistema.
La organización católica atribuye estas cifras, entre otros motivos a la “grave dimisión de responsabilidades” de los servicios sociales públicos en la atención a los más desfavorecidos. Según afirman, el 52 por ciento de las personas que atiende Cáritas han sido derivados desde los ayuntamientos. Proponen un “pacto de Estado” para llevar a cabo esta iniciativa que debería cubrir a todos los necesitados en todo el territorio nacional, sin diferencias entre autonomías.