La Asociación de Consumidores y Usuarios del Transporte Aéreo y Viajes Combinados (Acutavc) ha iniciado la tramitación de una demanda colectiva contra Iberia, por los retrasos y cancelaciones de vuelos en diciembre y enero, y otra contra Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), por su responsabilidad en la “paralización” del aeropuerto de Madrid-Barajas los días 9 y 10 de enero.
En un comunicado, la organización señaló que las aerolíneas, ante incidentes de este tipo, “nunca ceden” hasta que se presenta una demanda judicial, y entre tanto aplican la “técnica de la disuasión”, consistente en que los afectados se vayan cansando de sus peticiones, lo que “en un 99% de los casos les da resultado”.
En el caso de Iberia, Acutavc sostiene que la supuesta huelga de celo de los pilotos “ni era imprevisible, ni era inevitable”, por lo que, en su opinión, la compañía debe responder ante sus clientes por los perjuicios causados, “de conformidad con el criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre las huelgas de personal propio como causa no exoneradora de responsabilidad contractual”.
Según recordó, la normativa comunitaria distingue cuatro derechos de los pasajeros afectados por una cancelación aérea: derecho a compensación económica (entre 250 y 600 euros en función de la distancia), derecho al reembolso del precio del billete, derecho a atención (llamadas telefónicas, comida, refrescos y, en su caso, alojamiento) y derecho a información.
Asimismo, la asociación aseguró que los pasajeros podrán reclamar a Iberia una “indemnización por daño moral”, cuya cuantía variará dependiendo de la entidad del perjuicio causado (excepto por los días 9 y 10 de enero).
Respecto a la demanda a Aena, Acutavc considera que “se está ignorando las responsabilidades del ente aeroportuario, ya que su obligación es respetar la normativa vigente y tener en cuenta el Anexo 14 del Convenio de Chicago, que es vinculante para los aeropuertos internacionales españoles como Barajas”.