El Comité Regional de UGT de La Rioja ha aprobado hoy un plan de acción articulado para dar una respuesta más adaptada a la crítica situación laboral, económica y social de la región.
En una nota, este sindicato ha detallado que el plan incluye propuestas que se oponen a las políticas, organizaciones y gobiernos que utilicen exclusivamente el ajuste económico hacia los trabajadores como salida de la crisis.
Además, UGT apuesta por una salida de la crisis a través del diálogo social y, paralelamente, la concreción inmediata de un plan por el empleo en La Rioja.
Por otro lado, el Comité ha instado al Gobierno regional a impulsar el cambio de modelo productivo con la búsqueda de empresas punteras en materia de nuevas tecnologías, saliendo fuera para ofertar suelo industrial y las necesarias condiciones de asentamiento a industrias tecnológicamente competitivas.
Además, ha pedido al Ejecutivo que intervenga en materia de política fiscal dentro de sus competencias, para hacerla más progresiva y pague más quien más ingresos obtiene.
En materia de economía sumergida, ha exigido una acción más coordinada del Gobierno autonómico y las corporaciones locales con los ministerios de Trabajo y Hacienda para terminar con esta lacra.
También ha rechazado el papel de “grupo de presión” que adopta la patronal riojana en los últimos años y ha pedido que asuma su papel como interlocutor social en la región.
“Resulta completamente irresponsable y peligroso que la cúpula de la Federación de Empresarios de La Rioja (FER) incumpla su responsabilidad social en materia de negociación colectiva, por lo que deberá comprometerse a dotarla de políticas y planes de igualdad, así como formación para los trabajadores”, ha añadido.
En cuanto a los trabajadores autónomos, pequeñas y medianas empresas, el Comité ha considerado “imprescindible” que se facilite crédito asequible para el mantenimiento y avance de sus negocio y se busque una solución “inmediata”a los problemas de los agricultores y ganaderos.
Por otro lado, este sindicato ha rechazado las posibles políticas privatizadoras hacia servicios públicos esenciales y la introducción del co-pago en sanidad y educación.