El 70 por ciento de los docentes que acuden a la línea telefónica del Defensor del Profesor, puesta en marcha hace dos años por el sindicato docente ANPE, denuncia “la imposibilidad para dar clases debido a la conflictividad en las aulas”, según se desprende de la 'Memoria del Defensor del Profesor 2006-2007', dada a conocer por el presidente de esta organización, Nicolás Fernández Guisado. De La Rioja procedieron un total de 85 llamadas.
Según explicó, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) fue la que concentró “el mayor número de denuncias” con un 65 por ciento. Asimismo, de las 4.603 llamadas recibidas desde la implementación de esta herramienta en noviembre de 2005, el 20 por ciento correspondió a casos de “agresiones o amenazas verbales” y un 7 por ciento a “agresiones físicas”. Además, el 3 por ciento de los docentes también manifestó “tener problemas” con la Administración Educativa o con el equipo directivo del centro.
Por comunidades autónomas, Madrid concentró en dos años 3.342 denuncias, de las cuales el 58 por ciento correspondió a “problemas para dar clases”; el 19 por ciento a casos de “acoso y amenazas de los padres”, y el 13 por ciento a “agresiones verbales de los alumnos”. En Andalucía se recibieron 266 llamadas, en Galicia (118), Navarra (6), Asturias (89), La Rioja (85), Cantabria (5); Murcia (160), Castilla La Mancha (193), Comunidad Valenciana (83) y Extremadura (72).
Frente a esta situación, Guisado reclamó “más consideración de autoridad pública para los profesores en el ejercicio de su función así como un aumento de la valoración social de la tarea docente”. “Se debe reconocer la autoridad pública al profesor en el ejercicio de su función --como la de los policías y los inspectores-- para que las conductas contra su persona estén especialmente agravadas en su punibilidad”, explicó.
Por su parte, la coordinadora estatal del Defensor del Profesor, la psicóloga, Inmaculada Suárez Valdés, afirmó que si bien no existe un perfil de alumno conflictivo, “los alumnos varones son los que llevan a cabo en general las agresiones”. Además, negó que el aumento de la población inmigrantes en el sistema educativo sea una de las causas del aumento de la violencia. “No es un factor desencadenante, y no se puede extrapolar de ninguna manera”, indicó.