“Una vez más hay que insistir en la insuficiencia de la actuación del Banco de España, en concreto del Servicio de Reclamaciones para cumplir las funciones asignadas por las normas de resolución de conflictos entre particulares y entidades financieras”, sostiene.
El Defensor del Pueblo resalta que son un problema recurrente las comisiones que las entidades cargan a sus clientes por las operaciones que realizan y que, aunque en un mercado libre no se pueden establecer tarifas, sí se puede supervisar su procedencia y su correspondencia con el servicio prestado.
En este sentido, recalca que las comisiones deben responder a una solicitud del cliente y no a una imposición arbitraria de la entidad y que el importe de las mismas debe ser proporcional con el coste que la prestación suponga para la entidad.
Para la institución, el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez debería resolver los problemas entre las entidades y los clientes de la manera más sencilla, económica y eficaz, para evitar que el usuario de los servicios financieros se vea abocado a acudir a los tribunales.
“Lamentablemente, los usuarios finalmente renuncian a sus derechos permitiendo que las entidades operen con cierta impunidad”, reconoce el Defensor del Pueblo, para el que la experiencia ha demostrado que el Servicio de Reclamaciones del Banco de España “es inoperante para el cumplimiento de su finalidad tutelar”.