El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Jaua, solicitó a la Asamblea Nacional la aprobación de un proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte) que regula la difusión de mensajes a través de Internet.
Lo que parecía un tema olvidado, después de que en el mes de marzo el presidente Hugo Chávez solicitara a la Asamblea Nacional regular Internet debido a los mensajes falsos que anunciaban la muerte de dirigentes del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), y no se escuchara alguna respuesta del parlamento, ha vuelto a la palestra venezolana.
Esta propuesta de Elías Jaua no sólo pretende sancionar a la Red, también plantea aumentar las sanciones a los medios de comunicación.
La intención principal de este proyecto es prohibir la difusión en Internet de mensajes que sean “manipulaciones mediáticas”, e incorpora a los “proveedores de servicio de Internet y medios electrónicos”. Además, se incluyen los “servicios de difusión por suscripción” y “otras modalidades de servicios de difusión audiovisual, sonoro y electrónico que surjan como consecuencia del desarrollo de las telecomunicaciones”.
Por ejemplo, en el artículo 8 del proyecto se prohíbe la difusión a través de radio, televisión y medios electrónicos de mensajes que “pudieran inducir al magnicidio” o que “puedan constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra en la ciudadanía o alterar el orden público”.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) tendrá la potestad para ordenar a los proveedores de servicios de Internet restringir el acceso a portales que incumplan las normas.
Si incumple lo multan
La propuesta contempla que si un medio divulga mensajes que hablen de magnicidio o que vaya en contra de la seguridad social, tendrá que pagar una multa equivalente al 10% de los ingresos brutos registrados durante ese año y la suspensión hasta por 72 horas continuas de sus labores.
Aunado a esto, las sanciones también irán dirigidas a aquellos que inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas por diferencia de género por racismo o xenofobia. También a los que pudieran incitar o promover la apología del delito, constituir propaganda de guerra, manipulaciones mediáticas dirigidas a la población.
Reacciones
Ante estas intenciones del Gobierno venezolano de regular el contenido de Internet, que se vienen dando desde el mes de marzo, cuando pretendía sancionar un sitio Web de noticias, Noticiero Digital, porque dos de usuarios anunciaron la supuesta muerte de un militante del PSUV, la organización Reporteros sin Fronteras expuso su oposición a través de una nota de prensa.
En este comunicado expresaban que “aplicar restricciones a Internet no resolverá el problema de difusión de noticias falsas. Este caso sirve de pretexto al gobierno para legitimar la regulación de un espacio cuyo control no ha conseguido hasta ahora. Una recuperación del poder por parte de las autoridades podría poner en peligro la libertad de expresión en Internet, mientras el gobierno actual ha reforzado su control de los medios de comunicación, sobre todo audiovisuales, a lo largo de los últimos años”.
Los venezolanos están a la espera de la decisión de la Asamblea Nacional, que luego de las elecciones parlamentarias del pasado 26 de septiembre mantiene su mayoría oficialista.