El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, ha exigido al Gobierno de Concha Andreu Andreu que “no recorte” el número de profesores de refuerzo para el próximo curso y que “mantenga” los 220 docentes que fueron contratados durante la pandemia para hacer frente al desdoblamiento de aulas.
Garrido ha realizado esta reclamación durante una rueda de prensa en la que ha planteado la necesidad de mantener los “desdobles” de aulas “para reducir los contagios y evitar el trastorno que sufren los padres cada vez que se produce un positivo por COVID-19 en la clase de sus hijos”.
“Toda medida de precaución seguirá siendo necesaria hasta que no se haya vencido de manera definitiva al COVID-19”, ha señalado Garrido, para quien es fundamental seguir garantizando la “seguridad” de los centros educativos.
De igual modo, Jesús Ángel Garrido ha reclamado al Gobierno que esos 220 profesores “se repartan de manera equitativa entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, sin discriminar a la concertada”.
En este sentido, ha señalado que “el 98 por ciento de los refuerzos que se contrataron el curso pasado se destinaron a la red pública, y solo un 2% a la concertada, que se vio claramente agraviada por el Gobierno de La Rioja”.
“No hay evidencia científica de que el virus sea más contagioso en los centros públicos que en los concertados. Los recursos deben distribuirse en función del número de alumnos —66% en la pública y 34% en la concertada— y no de la titularidad de los centros”, ha afirmado el portavoz del PP en la Cámara.
Para Garrido, “este nuevo hachazo a lo público que quiere llevar a cabo el Gobierno de Concha Andreu no es un problema de recursos, es un problema de incompetencia en la gestión”.
Dado que “La Rioja cerró 2020 con el mayor superávit fiscal de toda España y que la partida que recibió el curso pasado procedente del Fondo COVID se verá reducida en apenas 2 millones de euros”, ha pedido al Gobierno de Andreu que “no ponga como excusa la falta de dinero para ampliar a la educación su política de recortes”.
Por tanto, ha otorgado un “suspenso” a la gestión educativa del Gobierno riojano, que contrasta con el “diez” con el que ha puntuado tanto la labor de profesores, auxiliares y administrativos como la actitud de los alumnos y sus familias durante el pasado curso.
A este respecto, ha denunciado que “Andreu pretende apropiarse del mérito de los equipos directivos y docentes a los que dejó solos en el mes de julio y agosto de 2020 en la preparación del Plan de Contingencia para el siguiente curso”.
Para el portavoz del Grupo Popular, la Consejería de Educación “ha sido protagonista esencial de la inestabilidad que caracteriza al Gobierno de La Rioja”.
De igual modo, ha lamentado la soberbia del Consejero de Educación al no reconocer el “caos” producido por el nuevo sistema de escolarización, así como la falta de transparencia que le caracteriza, como demuestra el hecho de que sigamos sin conocer el número de alumnos matriculados en su primera opción.
“Tenemos un Gobierno que sigue maniatado en su pretensiones por el control del Tribunal Superior de Justicia”, que en junio de 2020 suspendió cautelarmente la eliminación de nueve líneas educativas en Alcaste y Escolapias, y al que “se le han organizado dos manifestaciones multitudinarias” para rechazar sus nefastas políticas de recortes en los servicios públicos.