El PSOE riojano ha anunciado que “lleva al Fiscal el caso de 'mobbing' porque nos ha costado más de 81.000 euros a todos los riojanos que no tenemos que pagar”.
El secretario general del PSOE en La Rioja ha presentado un escrito al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de La Rioja para “denunciar un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos, ante el caso de la indemnización recibida por un funcionario público por parte del Ejecutivo autonómico”.
El caso se refiere a una sentencia de 6 de noviembre de 2007, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, “por la que se condenó a la consejería de Obras Públicas y Transportes del Ejecutivo de Sanz a indemnizar a un funcionario de éste departamento con la cantidad de 4.160 euros por daños materiales y 70.000 euros por daños morales y por responsabilidad patrimonial de la Administración”, ha afirmado Aldama.
El pago de la indemnización incluía, además las indemnizaciones fijadas en la sentencia, los intereses legales y las costas, según ha informado la formación política a través de nota de prensa.
“El Gobierno de La Rioja debe aplicar la Ley para que no seamos todos los riojanos quienes asumamos el gasto de esta indemnización, que asciende a 81.492 euros”, ha sentenciado Aldama.
El secretario socialistas ha defendido que “deben ser los responsables de la consejería de Obras Públicas y Transportes del Ejecutivo regional, quienes se hagan cargo de hacer efectivas éstas indemnizaciones y no se abonen con el dinero de todos los contribuyentes”.
El secretario general de los socialistas riojanos ha pedido al Gobierno regional que “cumpla y haga cumplir las leyes”. Además, ha añadido que “a día de hoy no sabemos si el Gobierno de La Rioja ha cumplido la ley al respecto”.
Por ello, los socialistas en su escrito remitido al fiscal dicen que “no tienen que ser todos los ciudadanos de La Rioja quienes sufraguen con sus impuestos y el dinero del Presupuesto de la Comunidad Autónoma las irregularidades cometidas por responsables directos que deben hacerse cargo de las mismas”.
Los responsables del Gobierno regional “deben responder ante estas irregularidades”. Y ha subrayado que “ante el silencio de Pedro Sanz , los insulto constante del PP y la falta continua de transparencia, hemos decidido acudir a la Fiscalía para que investigue este asunto” ha concluido Aldama.