El Gobierno de La Rioja da el primer paso para aplicar la Ley de Violencia de Género con más de un año de retraso

El Gobierno de La Rioja ha publicado en el portal Participa de la página web www.larioja.org el Proyecto del Plan de acción de desarrollo general de la Ley 11/2022 contra la Violencia de Género de La Rioja. Se trata con ello de dar voz a la ciudadanía para que puedan realizar aportaciones al respecto desde hoy, martes 22 de octubre, hasta el próximo 21 de noviembre. Este paso adelante que busca impulsar la participaciónd e la sociedad riojana en la lucha contra la violencia de género, llega con un importante retraso, ya que la ley se aprobó en el Parlamento de La Rioja el 20 de septiembre de 2022, hace más de dos años, y fue publicada en el BOE número 238, el 4 de octubre de 2022.

El Título IX de esta norma referido a las Garantías de aplicación de la ley, en su artículo 74.1, hace alusión al Plan de Acción en estos términos: “El Gobierno de La Rioja elaborará y aprobará un plan de acción de desarrollo general de la ley, que deberá incluir como mínimo el marco temporal al que deba aplicarse, los objetivos perseguidos y las medidas a adoptar en los distintos ámbitos de la acción pública, los medios económicos previstos para su ejecución, la implantación progresiva de las medidas y la atribución de responsabilidades”.

No señala el Gobierno de La Rioja en su comunicado que ese artículo viene precedido por otra frase que establece que ese trámite debía hacerse en el plazo de un año desde la aprobación de la ley. Es decir, se acumula ya al menos un año de retraso ya que el plan debía estar listo y sometido a información pública en septiembre de 2023. A partir de ese momento, se establecía un plazo de seis meses para elaborar planes secotriales. Es decir, la ley debería haber estado ya en marcha la pasada primavera.

La Ley contó en su día con el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios que componían el Parlamento de La Rioja en la pasada legislatura (PSOE, PP, Podemos-IU y Ciudadanos). Con el cambio de Gobierno y con mayoría absoluta del Partido Popular, Vox ha insistido en numerosas ocasiones en su demanda de paralizar la aplicación de la ley. El Gobierno ha defendido en todo momento que no se daría marcha atrás con esta necesaria norma pero lo cierto es que los retrasos se han ido acumulando hasta acumular más de un año.