A Marianela le dio un infarto en un box de Urgencias del Hospital San Pedro con 55 años el 22 de febrero de 2020. Estuvo ingresada en la UCI durante un mes y después, ingresó en planta con grave daño cerebral hasta su fallecimiento dos años más tarde. La familia denunció mala atención e iniciaron una larga batalla judicial que acaba de concluir con una sentencia que reconoce los retrasos para atender a la paciente pero niega la indemnización porque no se ha podido justificar que con un tratamiento se hubiera evitado el mismo resultado.
“Esto es terrorífico. Estoy muy mal anímicamente. Me dicen que tengo que seguir con mi vida, pero no se puede. Cuando mejoras, viene otro revés con la sentencia”, cuenta María Trevijano, la hija de Marianela, que a sus 29 años lucha para que al menos se conozca su situación.
Marianela acudió en Urgencias tras unos días sintiendo presión en el pecho. Con su hija recién operada y su madre y su suegra ingresadas en el hospital, pensaron que sería ansiedad. Sin embargo, cuando llegó al Hospital a las 13.56 horas, le sentaron en una silla de ruedas y le llevaron directamente a clasificación. Allí le hicieron un electrocardiograma y después en el box una analítica de sangre, aunque ningún médico valoró los resultados. Además, se monitorizó a la paciente pero minutos después se le retiró porque llegó otro paciente que se priorizó al haber en esos momentos previos a la pandemia solos cinco equipos.
Los protocolos determinan, para una clasificación en triaje II, como fue este caso, un tiempo de atención médica de 10 minutos, cuando en realidad, desde que ingresó hasta que un médico la asistió transcurrieron 73 minutos, según recoge la sentencia. La primera médica que visitó a Marianela en el box de Urgencias a las 15.10 horas la encontró cianótica y en parada cardiorespiratoria.
Además del retraso en la atención, la sentencia también recoge que “si la paciente hubiera estado monitorizada en el momento de producirse la parada, se hubiera activado el sistema de alarma, lo que hubiera permitido atenderla de inmediato”. Aunque varios testigos acreditaron que Marianela estaba estable en el momento de la retirada del equipo, ningún médico había valorado a la paciente todavía, por lo que la propia sentencia concluye que “fue precipitado” quitarlo.
Aquel infarto le provocó a Marianela un daño cerebral irreversible que provocó su fallecimiento casi dos años después, el 2 de enero de 2022. Su hija María recuerda lo duros que fueron aquellos meses y considera que a su madre no se le prestó la atención adecuada: “Me decían que no había nada que hacer, pero mi madre sí respondía a algunos estímulos”. Incluso llegó a solicitar la eutanasia pero se desestimó por el equipo médico. Poco tiempo después del infarto, denunciaron la negligencia pero el juicio se demoró hasta diciembre de 2022 y siguió con una segunda sesión casi seis meses más tarde, el 14 de junio. Durante el tiempo del proceso judicial, la paciente falleció, por lo que la indemnización reclamada de 1,2 millones de euros se redujo a la mitad, 634.650,41€.
La desesperación de la familia se acrecienta ahora con la sentencia, que llega 10 meses después del juicio, y que reconoce que hubo negligencias en la atención que se le prestó a Marianela. Sin embargo, la jueza ha desestimado la demanda y absuelve a la parte demandada, la asegurada de la sanidad riojana, y obliga a la familia a pagar las costas del juicio. “Si bien se ha apreciado retraso en la atención médica y la retirada de la monitorización, un retraso en el conocimiento del los valores de troponina, no se ha podido justificar que existiera un tratamiento que procurara una probabilidad de evitar el daño o de reducirlo”, recoge textualmente esta sentencia.
Un jarro de agua fría para la hija de Marianela. “Ha sido un camino muy duro, que hace que la gente no quiera denunciar las negligencias. Cabe recurso pero estamos estudiando qué hacer porque las fuerzas se agotan”, dice María que ahora lucha porque lo que ocurrió se conozca para que no vuelva a pasar a otros.