El Ministerio Fiscal ofreció como “alternativa” acusar a los cinco miembros de Comisiones Obreras (entre ellos su secretario general, Koldo González) de un delito contra el Derecho de los Trabajadores, en vez de uno de coacciones, y rebajar la pena a un año.
La vista oral por los sucesos ocurridos la noche del 28 al 29 de septiembre del año 2010, alrededor de la huelga general y en la empresa Talleres Lispar, puso ayer encima de la mesa dos versiones contradictoras.
Mientras hasta seis empleadas de la empresa coincidieron en asegurar que tuvieron “miedo”, que se les amenazó e insultó y se pararon las máquinas, obligando a los trabajadores a dejar de ejercer su labor, desde los acusados se insistió en que fue una acción pacífica en la que solo se informó a los trabajadores para que se unieran a la huelga.
El escrito inicial de la acusación del Ministerio Fiscal imputaba a los acusados dos delitos: uno de coacciones y otro de daños, que suponían dos años de cárcel (por las coacciones) y multa de nueve meses con una cuota diaria de seis euros (por los daños).
No obstante, al comienzo de la vista la fiscal propuso a la jueza que instruye el caso una opción “alternativa” y, ya en el momento de las conclusiones, le indicó que, “si su señoría lo entiende” conveniente se puede cambiar el delito de coacciones por otro contra el Derecho de los Trabajadores que “podría ser más adecuado”.
El cambio, de aceptarlo la jueza, supondría que la petición para los acusados se rebajaría de dos a un año, aunque a los nueve meses de multa se le añadirían otros seis (a seis euros al día).
En cualquier caso, la fiscal entendió que “ha sido amenazado” el derecho de los trabajadores de la empresa Talleres Lispar a decidir, libremente, ir a trabajar el día que había convocada una huelga general.
También vió reconocido que dejaron de trabajar “por miedo” porque no se trató de un piquete informativo sino que se les instó a dejar de hacerlo “de forma agresiva”.
En este mismo orden de cosas las seis testigos llamadas a la causa explicaron que los integrantes del piquete generaron un “caos total” y un “follón de miedo”, desenchufaron las máquinas, lanzaron petardos en zonas donde había productos inflamables, les insultaron y abrieron llaves de agua. Las seis hablaron de “miedo”.
Los hechos sucedieron en el turno de noche (que comienza a las 22:00 horas). Su responsable, Juan Antonio Apellaniz, aseguró ayer que “sacaron del eje” la puerta de entrada y entraron con “insultos y empujones”. Incluso apuntó a agresiones físicas que no se han denunciado. La fábrica “se tuvo que cerrar por miedo”, dijo.
Los acusados, sin embargo, aseguraron que se encontraron la puerta abierta y calificaron la acción del piquete de “pacífica”. Se negaron los insultos y, con respecto a los petardos, uno de los acusados, Sebastián Sánchez, explicó que se lanzaron fuera de la fábrica y lejos de ésta; “en una parte diáfana de la carretera”.
Esta línea fue apoyada por un integrante de UGT, que esa noche coincidió en la fábrica también en acción de piquete, quien explicó que fue el propio responsable del turno el que anunció que se iban a apagar las máquinas para que hablasen fuera con los trabajadores. Todos los acusados insistieron en que ellos no pudieron apagar las máquinas porque no pasaron “la línea amarilla” que da a esta zona.
El abogado de los acusados, Fausto Sáiz, resaltó cómo no se habían concretado daños y puso el acento en que la acusación se dirige sobre cinco personas, y no sobre un piquete, y, sin embargo, no se ha podido señalar quién paró una máquina o quién ejerció alguna acción violenta concreta.
Por otro lado, exhibió jurisprudencia relativa al hecho de que, en momentos como una huelga general, la “intensidad” que se requiere para considerar que un acto supone “coacción” debe ser “mayor” que en otras circunstancias. Mantuvo su petición de absolución.
En los últimos momentos del juicio, uno de los acusados, J.C.B, explicó que había pedido a una de las trabajadoras que “por sus hijos y las consecuencias de la reforma laboral” dejase su puesto de trabajo.
Ya a la salida de la vista oral, el secretario general de Comisiones Obreras, que la noche del 28 de septiembre actuaba como supervisor de piquetes junto con un miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, Jordi Ribó, que también negó en el juicio acciones violentas, mostró “tranquilidad”.
Tras apoyarse en el hecho de que no se ha “acreditado” nada concreto porque “aunque el escrito de acusación hable de que se pararon ochenta máquinas no se ha acreditado cuáles se pararon”, destacó que, desde la Fiscalía, se ofrezca la posibilidad de rebajar la pena a la mitad y dejarla en un año.