La conocida como Ley Arizona sigue levantando críticas, en esta ocasión de los encargados de llevarla a la práctica: la policía del estado de Arizona. Ocho altos cargos policiales estadounidenses le comunicaron este miércoles al fiscal general del país, Eric Holder, que la polémica nueva normativa de inmigración de Arizona deteriorará los lazos de la policía con los ciudadanos, obligará a distraer unos recursos ya de por sí limitados e incluso podría provocar un aumento de la criminalidad.
El encuentro entre los ocho jefes policiales (dos de ellos de Arizona) con Holder se ha producido en un momento en que el fiscal general estudia plantear un recurso para impedir la aplicación de la ley, que si se cumplen los plazos previstos entrará en vigor el próximo día 29 de julio.
Los mandos policiales acusaron además al Gobierno federal de dejadez con respecto al problema de la inmigración irregular, pues sostienen que los estados no tienen recursos suficientes para afrontar el problema solos.
“Los cuerpos de policía estatales no son la solución para un sistema roto”
, afirmó el jefe de la policía de Los Ángeles, Charlie Beck.
Por otro lado, el jefe de policía de Tucson (Arizona), Roberto Villaseñor, alertó de que esta medida, que según sus detractores es inconstitucional ya que consideran específicamente dirigida contra la comunidad latina del Estado, favorecerá un aumento de la criminalidad.
“Cuando se aprueba una legislación que convierte a todos los sujetos de una comunidad en objetivo potencial de las autoridades, y que despierta temor a acudir a la policía, nuestra capacidad de obtener información para resolver crímenes se deteriora”
, afirmó.
Holder, por su parte, no hizo declaraciones tras el encuentro, si bien un portavoz afirmó que al fiscal general le había resultado muy útil escuchar las opiniones de las fuerzas de seguridad sobre cómo podría afectar a su trabajo la aplicación de esta nueva ley.