La consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Cinta Castillo, aseguró que las empresas andaluzas “ya cumplen” el nivel de emisiones de CO2 que la Unión Europea les exigirá en 2012, gracias “a la inversión” en nuevas tecnologías.
Castillo indicó en una entrevista que “la mitad aproximadamente del CO2 que se emite a la atmósfera proviene de la actividad industrial”, a lo que añadió que, en este sentido, a través de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), que da las autorizaciones, “todas las empresas contaminantes están controladas”.
La titular de Medio Ambiente incidió en que este control se produce porque “hay una inversión importante por parte de las empresas”, al tiempo que aseguró que existe “una disminución progresiva del mercado de emisiones respecto a otras comunidades autónomas, al conjunto del Estado y a la Unión Europea”.
En Andalucía, respecto al resto de España, “existe una mayor concentración de este tipo de industria, por lo que teniendo en cuenta todo esto, los resultados son cada vez mejores”, precisó Castillo.
La comunidad andaluza ocupa el tercer lugar en cuanto a emisiones difusas, que “no tienen que ver con la industria, sino que se emiten a través del transporte fundamentalmente, la actividad agrícola o la actividad turística”, sin embargo, ''no llega a los límites comprometidos con la UE“ afirma la consejera.
Castillo destaca que ''Andalucía es una de las regiones europeas que más ha conseguido disminuir [sus emisiones] en los últimos tiempos, sin embargo no llegamos al compromiso de la Unión Europea“.
En cuanto a la Ley GICA, norma de carácter autonómico aplicable sólo a Andalucía, Castillo señaló que es “muy importante” porque permite dar la autorización medioambiental unificada a más del 80 por ciento del empresariado, a lo que añadió que “va bien, teniendo en cuenta que tenemos ahora mismo 14 reglamentos en marcha”.
Esta ley, aprobada en 2007, es novedosa ya que por primera vez se regulan la contaminación lumínica y la acústica, así como la gestión de residuos no peligrosos.
El objetivo principal de la norma es lograr que se respete con máxima eficacia el principio de “quien contamina paga” y la restauración de los daños ambientales que se produzcan.