Esta semana estaban previstos los desahucios de dos bloques de viviendas en la calle Concepción Arenal, en el barrio logroñés de El Campillo. Por el momento no se han ejecutado las órdenes y el proceso está paralizado. Pero nadie sabe hasta cuándo ni en qué condiciones. “La situación actual es un poquito deprimente porque estamos viviendo con contratos de alquiler que, en muchos casos, ni siquiera sabemos si son fraudulentos o no”, señala Jorge Rodriguez como portavoz de los vecinos afectados.
Son contratos de alquiler con opción a compra que tienen validez legítima hasta el año 2017 y que la totalidad de los inquilinos pagan puntualmente. Aunque no todos lo hacen a la misma cuenta. “Hace meses que se nos notificó que teníamos que pagar nuestro alquiler al Juzgado, pero bajo las mentiras de Levalta que nos ha hecho darles parte de ese dinero cada mes en concepto de gastos de comunidad y otros aspectos relacionados con el edificio”, explican los vecinos, “pero hay gente que lleva seis meses viviendo aquí y está pagando su alquiler a la promotora, que ya no es la propietaria de los pisos”.
El bloque es ya propiedad de la Sareb, el banco malo participado en un 45% de dinero público. Sin embargo, Levalta sigue realizando contratos de alquiler y cobrando por ellos. “No sabemos qué hacer ni a quién acudir, no sabemos a quién tenemos que pagar nuestro alquiler”, protesta Jorge, “hemos contactado con la Sareb y no quieren dar la cara. Estamos muy preocupados por la situación que nos espera en un futuro próximo, incluso en los próximos días”.
Por su parte, Levalta sigue dando la callada por respuesta. “La empresa siempre nos lleva a su terreno y no cuenta más que menitras. Ahora mismo sólo tenemos el apoyo de la PAH porque ni siquiera el Juzgado nos aclara qué va a pasar con esto”, relatan.
En medio de toda esta situación, los vecinos siguen apostando por mantener sus viviendas. No quieren irse. “Algunos llevmos aquí cinco años, desde el inicio de la construcción, este es nuestro hogar, tenemos nuestra vida en el barrio y llevamos a nuestros hijos a los colegios cercanos”, señalan, “nadie quiere renunciar a eso y menos por un motivo tan injusto”.
La Sareb es ahora la propietaria
La titularidad del edificio pertenece ahora a la Sareb. Desde la PAH recuerdan que este organismo mantenido en buena parte con dinero público, se gestiona a través de cuatro Fondos Buitre. “Tres de ellos están situados en Estados Unidos y por supuesto no les importa si hay gente o no viviendo en estos pisos, lo único que quieren es vender esos activos tóxicos antes de 2017, que es la fecha establecida para ello”, argumentan desde la Plataforma.
“Los vecinos se encuentran en total indefensión, no saben siquiera en qué situación están porque la responsable de la Sareb en La Rioja les dijo que ella no se hacía cargo de esta zona”, apuntan los portavoces de la PAH, “si ahora la Sareb vende esta promoción con todo gestionado por los Fondos Buitre, ¿qué van a hacer los vecinos?, ¿quién va a ser su interlocutor? No van a saber ni por dónde tirar ni con quién negociar”.