A estas movilizaciones se han unido los cinco sindicatos policiales, Sindicato Unificado de Policía (SUP), Confederación Española de Policía (CEP), Unión Federal de Policía (UFP), Sindicato profesional de Policía (SP) y Sindicato Comisarios Policía.
El colectivo reclama al ministerio del Interior mejoras salariales, aseguran que la diferencia salarial entre la escala básica de la Policía Nacional y las autonómicas es de 13.557 euros y de 18.701 en la superior.
Según el portavoz de los sindicatos en La Rioja, Jesús Salvador se niegan a cobrar un 30% menos al año que las policías autonómicas. Todo esto comenzó en 2005, cuando las organizaciones sindicales firmaron un acuerdo económico con el Ministerio del Interior. El Gobierno socialista incluía en su programa electoral la equiparación salarial con estas policías. Negociaron en firmar acuerdos que adecentaran las retribuciones de los funcionarios públicos. Con este acuerdo estas policías se aprovecharon para negociar con las consejerías del interior de sus respectivas Comunidades Autónomas acuerdos de mejoras retributivas sustanciosos.
Por ello en 2006 estos sindicatos pidieron una renovación del Acuerdo firmando en 2005 para evitar que las desigualdades retributivas continuaran creciendo y se hiciera imposible alcanzar la equiparación salarial en algún momento. Esta solicitud fue denegada por lo que provocó que en noviembre de 2006 comenzasen las movilizaciones contra el Ministerio del Interior.
Desde entonces el malestar de los sindicatos policiales ha ido creciendo y ha desembocado en las últimas acciones, la más reciente el pasado 27 de junio con un día de trabajo a reglamento.
Hoy el colectivo de sindicatos policiales en La Rioja ha anunciado nuevas movilizaciones. Se concentrarán frente a la Jefatura Superior de Policía los días 23 y 24 de julio a las 12:00 horas, y frente a la Delegación de Gobierno, en el Espolón el día 30 de julio a las 20:00 horas. Durante estos días trabajarán exclusivamente ajustándose al reglamento, eso sí, matizan que en ningún caso afectará a la seguridad del estado, de los ciudadanos y a los servicios de carácter urgente y de carácter humanitario.