Los letrados de la administración de Justicia que dirigen los juzgados y oficinas judiciales irán a la huelga el próximo 26 de enero “como expresión del descontento de nuestro colectivo y punto de partida de una lucha que en los últimos años se ha visto frenada por la esperanza de alcanzar una solución pacífica que tristemente nunca ha llegado”.
En una nota, reivindican “dignidad y respeto para el Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia”.
Según detallan, la paralización en la actividad de los Letrados de la Administración de Justicia implicará que miles de demandas en España dejarán de incoarse, miles de embargos dejarán de practicarse y se suspenderá cuanta operación se encuentre ligada a la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales que también gestionamos.
Las subastas y adjudicaciones de bienes se verán paralizadas y los juicios suspendidos, al no poder dar fe de su práctica con todas las garantías.
En cuanto a los motivos de la huelga, apuntan que “las reformas procesales y organizativas aprobadas en los últimos años (desde el 2.009) en el ámbito de la Administración de Justicia han derivado en un notable incremento de competencias y responsabilidades del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia”.
“El propio Gobierno, consciente del nuevo marco generado en el que cobramos un papel esencial en el funcionamiento de la Justicia, incorporó en la Ley 11/2020, de 30 de Diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.021, la Disposición Adicional 157 en la que asume el compromiso de la adecuación salarial como mecanismo de respuesta a estas nuevas funciones. Este compromiso ha sido flagrantemente incumplido”, añaden.
“Conforme a la ley, somos directores de la oficina judicial, y, como tales, debemos tener el derecho reconocido a una negociación colectiva propia, representada por nuestras asociaciones profesionales, como ocurre con otros cuerpos directivos nacionales. No nos sentimos representados por los sindicatos generalistas y las negociaciones que éstos dicen hacer en nuestro nombre, han sido perjudiciales para nuestro colectivo. De la mesa de negociación se extrae que, los que se sentaron en ella, no han hecho una defensa digna de nuestros intereses. Por ello, pedimos nuestra propia negociación colectiva”, concluyen.