Los pequeños municipios podrán instalar cámaras de videovigilancia en lugares públicos

Los ayuntamientos riojanos podrán solicitar la instalación de cámaras de videovigilancia en lugares públicos. Así lo ha avanzado este miércoles el delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la consejera de Servicios Sociales, Ana Santos, tras la reunión de trabajo mantenida a fin de coordinar las áreas de actuación comunes entre la Administración General del Estado y la Administración Autonómica.

Pérez ha subrayado que, hasta la fecha, en los pequeños municipios en los que no hay Policía Local no era posible colocar estas cámaras de videovigilancia. La petición de instalar estos sistemas en algunos lugares públicos se había trasladado por parte de varios alcaldes riojanos, por lo que se ha adoptado esta iniciativa.

A partir de ahora, los ayuntamientos interesados podrán solicitar a la Delegación del Gobierno la instalación de estas cámaras “en casos concretos”, ha puntualizado Pérez. Posteriormente se pedirá un informe la Guardia Civil para ver si la petición está fundamentada y “se trasladará una comisión de garantía de videovigilancia, presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de la que forman parte también Fiscalía y Abogacía del Estado, y en la que hemos querido que estén presentes la Dirección General de Justicia y la de Política Local, aunque sea sin voto”.

Si la comisión entiende que procede la instalación de esas cámaras se colocarán (su coste correrá a cargo del municipio). “Solamente se podrán visionar las imágenes por parte de la Guardia Civil y en aquellos casos en los que ocurra algún hecho delictivo”, ha recalcado el delegado del Gobierno, añadiendo que las imágenes estarán disponibles durante un mes.

“Con ello damos respuesta al mundo rural con una mayor seguridad, que es lo que solicitan, además de favorecer el trabajo de la Guardia Civil en ese entorno”, ha afirmado Pérez, que ha relatado como ejemplo de la aplicación de este sistema el caso del Ayuntamiento de Bañares, que comprobaba cómo en varias ocasiones se accedía a su punto limpio cuando estaba cerrado, causando destrozos en las instalaciones.