Los vecinos de Rivas de Tereso, aldea perteneciente al municipio de San Vicente de la Sonsierra, se han levantado “contra la pretensión del alcalde de expropiarles el agua” del manantial de 'La Cerraja', situado en las proximidades de ese núcleo de población, y que ha venido siendo utilizado tradicionalmente por ellos. El alcalde pretende instalar contadores y facturar por un servicio que le es completamente ajeno, algo que lo que los vecinos califican como “prácticas coloniales”.
Han afirmado, a través de un comunicado, que “pretenden expropiarles de manera encubierta la fuente, que ellos han gestionado durante muchos años, y que en la actualidad siguen manteniendo, llevando a cabo los preceptivos controles de cloración y cuidando ellos mismos la red de distribución”. Se da la circunstancia de que “fueron los mismos vecinos quienes llevaron a cabo la canalización, hace de eso casi sesenta años”.
Aun admitiendo que la legislación de régimen local “establece la obligación para los municipios de proporcionar servicios básicos, como es el suministro de agua (pretexto utilizado por el alcalde), no es menos cierto que el mismo está perfectamente cubierto en la actualidad, gracias a la propia gestión vecinal, con lo que no resulta necesario en modo alguno cambiar el sistema actual, que funciona a la perfección, manifiestan”.
Para los vecinos, en el 'affaire' subyace “una voluntad por parte del alcalde de San Vicente de obtener lucro por un servicio que hasta la fecha se ha venido financiando por ellos mismos, únicamente con un propósito recaudatorio, pero sin que suponga ninguna mejora respecto a la situación actual”.
Los planes de la alcaldía se producen “en un contexto de falta de transparencia y comunicación a los vecinos de Rivas, ocultando cualquier aspecto del proyecto y presentando ante ellos hechos consumados, incurriendo en una clarísima situación de vía de hecho, puesto que no existe un procedimiento con las mínimas garantías que haya permitido que los vecinos puedan expresar sus reparos y formular alegaciones y con el agravante de que se ha tramitado a través del Plan de Obras y Servicios La Rioja, para conferirle una apariencia de legalidad y oportunidad del que carece por completo”.
La voluntad de los vecinos “es plantar cara ante lo que consideran un verdadero atropello, mediante movilizaciones y acciones judiciales”.