La lucha antiterrorista de Estados Unidos ha sido cuestionada desde hace tiempo por las organizaciones defensoras de los derechos humanos. En esta ocasión, el objeto de investigación no ha sido la Administración estadounidense en sí, sino los gobiernos que permitieron los vuelos secretos de la Agencia de Inteligencia de EEUU (CIA).
Amnistía Internacional (AI) ha hecho público su informe Un secreto a voces: Crecientes indicios sobre la complicidad de Europa en entregas extraordinarias y detenciones secretas, el cual muestra los indicios más recientes de complicidad de países europeos en los programas de la CIA emprendidos en el contexto de la lucha contra el terrorismo tras los atentados en Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001, según la organización.
Ante estas evidencias, AI ha pedido a los gobiernos europeos que hagan justicia a las víctimas de los programas de entrega ilegal y detención secreta de la CIA, que hicieron posible la desaparición forzada, tortura y maltrato de varias personas.
“La UE no ha tomado en absoluto medidas para hacer rendir cuentas a los Estados miembros por los abusos que han cometido”, ha manifestado Nicolas Beger, director de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.
“Estos abusos se cometieron en suelo europeo. No podemos dejar sin más que Europa se sume a Estados Unidos para convertirse también en zona sin rendición de cuentas. Las cosas están cambiando, pues algunos países han iniciado investigaciones, pero hay que hacer mucho más”, aseguró Beger.
Según Amnistía internacional, varias personas fueron objeto de desaparición forzada, incluida detención secreta a manos de la CIA, y sigue sin conocerse el paradero de algunas. Cada una de las víctimas de entrega entrevistadas por Amnistía Internacional ha manifestado que fue torturada o sometida a otros malos tratos bajo custodia.
Al frente de las iniciativas de investigación de las violaciones de derechos humanos asociadas a los programas de entrega y detención secreta de la CIA hay organizaciones intergubernamentales como el Consejo de Europa, la Unión Europea y la ONU. A raíz de las revelaciones de sus informes, en países como Alemania, Italia, Lituania, Macedonia, Polonia, Reino Unido, Rumania y Suecia se han llevado a cabo o hay actualmente en curso investigaciones sobre la complicidad del Estado o procesos judiciales dirigidos a exigir responsabilidades individuales.
El caso español
En cuanto a la implicación española , Amnistía Internacional asegura que ésta va “desde el uso del espacio aéreo y el territorio español en el marco del programa de detenciones secretas y entregas extraordinarias lideradas por Estados Unidos, hasta la presencia de policías españoles quienes realizaron interrogatorios ilegales en Guantánamo”.
“Actualmente, hay tres procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional en conexión con estos hechos, pero los tres avanzan muy lentamente y no se ha producido la diligencia debida de las autoridades españolas en su respuesta a estos procedimientos. La víctimas siguen sin justicia ni reparación” afirma la organización a través de un comunicado.
“Al igual que otros países europeos, España permitió durante más de cuatro años (desde enero de 2002 hasta septiembre de 2007) que la CIA utilizara aeropuertos y el espacio aéreo español para sus operaciones de detenciones secretas y entregas extraordinarias. Alrededor de 200 personas detenidas llegaron a Guantánamo en aviones militares estadounidenses que aunque no siempre despegaron de bases españolas, sí cruzaron el espacio aéreo español, cuyo uso también está sometido a autorización de las autoridades españolas” denuncia AI.
Amnistía Internacional pide al gobierno español que asegure que las víctimas del programa de entregas extraordinarias y detenciones ilegales de la CIA reciben justicia y reparación. “Para ello deben investigarse todos estos hechos y establecerse las responsabilidades individuales que correspondan” asegura AI.