Ya ha pasado un mes desde que el Ministro del Interior francés, Brice Hortefeux, anunciara la intención del gobierno de desmantelar 300 campamentos ilegales de gitanos en territorio galo y de expulsar a 700 romaníes a sus países de origen en un plazo de tres meses. El Ejecutivo francés parece estar empleándose a fondo en esta labor, pues según el Ministro de la Inmigración, Éric Besson, dentro de poco serán 800 las personas originarias de Europa del Este que hayan sido expulsadas.
Ante esta situación, las críticas al Gobierno francés no arrecian. Recientemente ha sido Amnistía Internacional (AI) la que ha vuelto a denunciar que se esté ligando a la población “romaní y nómada” la idea de la “delincuencia”. AI se suma así a las preocupaciones expresadas por diversas asociaciones pro derechos humanos, así como instituciones políticas. La organización dice considerar “alarmantes” las declaraciones de Nicolas Sarkozy, el presidente francés, cuando dijo que los campamentos de romaníes y nómadas eran “fuentes de delincuencia”, pues con ellas se contribuye “a la estigmatización y la discriminación de las comunidades romaníes y nómadas”.
Esta organización insta a las autoridades francesas a que combatan “la discriminación, en vez de hacer declaraciones incendiarias” y “teme que tales declaraciones den lugar a mayor discriminación aún de las comunidades romaníes y nómadas. No se debe devolver ni expulsar a nadie por el simple hecho de ser romaní” dicen desde AI.
Además, denuncian, como ya hizo la Comisión Europea hace unos días , que Francia opte por la expulsión de las comunidades nómadas (cuando además una gran parte de estas personas, dice la organización, son “ciudadanos franceses”), si existe una norma por la que “todos los municipios de más de 5.000 habitantes deben establecer áreas autorizadas de parada para los nómadas”
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, por su parte, ha vuelto a manifestarse en contra de las “repatriaciones colectivas de gitanos”, recomendando a Francia que opte por estudiar cada caso particular para evaluar la necesidad o no de expulsión. El relator del Comité sobre Francia, Pierre Prosper, reconoció que “la seguridad es una responsabilidad del Estado”, pero “lo que les decimos es que en la respuesta a las cuestiones de seguridad equilibren los derechos humanos individuales”.
La ONU se sumó a esta demanda en su comunicado, pidiendo a Francia que haga un esfuerzo por “buscar una solución duradera a los problemas que afectan a ese pueblo, una solución que respete sus derechos humanos”.
División en el gobierno
Las medidas de seguridad anunciadas por el Ejecutivo francés hace un mes han provocado polémica y división, no solo dentro de la derecha francesa, sino en el seno mismo del Gobierno. Esta mañana, el Ministro de Exteriores, Bernard Kouchner, ha expresado en una radio francesa su disconformidad con lo ocurrido. “No estoy contento con lo que ha pasado”, ha dicho. Además, Kouchner ha llegado a reconocer que pensó incluso en dimitir, pero que no optó por esa opción porque “irse es desertar” y por “eficacia: es absolutamente necesario ocuparse mucho más” del problema de los romaníes.