Paralizada una oposición del Ayuntamiento de Logroño por falta de paridad en la composición del tribunal

Un recurso presentado por varios opositores, y al que se ha sumado el Ayuntamiento, retrasa la decisión sobre unas pruebas para la selección de 14 operarios municipales. Pruebas, que, tras celebrarse un primer examen, fueron recurridas por el sindicato CSIF alegando falta de paridad en el tribunal calificador.

Este recurso del sindicato supuso que “el Juzgado Contencioso nº 1 de Logroño anulara la composición no paritaria de dicho tribunal y ordenara retrotraer las actuaciones”. Todo ello tras haberse realizado la primera prueba, que aprobaron un total de 98 personas de las que se presentaron para las 14 plazas existentes.

Como ha relatado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, “cuando el Ayuntamiento de Logroño recibió esta sentencia, a la vista de los acontecimientos y para no perjudicar más de lo necesario a aquellas personas que habían aprobado ese examen, se decidió no recurrir esa sentencia y, de hecho, se quería volver a componer el tribunal ajustándose a la ley de igualdad”.

Con todo, ha justificado que “el tribunal que este Ayuntamiento constituyó se ajustaba a la ley porque, como se dio bastante dificultad para que fuera su composición paritaria, se dio prioridad al perfil de los miembros del tribunal”.

Por ello, ha asegurado Sanz que “el tribunal estaba compuesto conforme a la ley, pero ajustándonos a esa excepción, debido a que era muy difícil componer un tribunal paritario por la especificidad del puesto que se estaba tratando”.

Así, las cosas, la portavoz ha recalcado que “el ayuntamiento de Logroño tenía intención de proceder a la ejecución de esa sentencia en el momento que fuera declarada su firmeza” y hacerlo “cuanto antes para como digo evitar el menor perjuicio a estas personas que habían aprobado”.

Esa intención se ha visto truncada “porque ha habido un grupo de perjudicados, unos 40 de los 98 aprobados, que han decidido unirse para recurrir esa sentencia y al recurrir esa sentencia evidentemente la sentencia no se puede declarar firme”.

Un recurso que, en palabras de Sanz, se fundamentaría en que “el tribunal por mucho que se cambie su composición no va a cambiar los criterios objetivos a la hora de la valoración de la prueba y solicitan que esa prueba se mantenga”. Y al que el Consistorio se ha sumado “porque cuando estas personas aparecen como codemandadas y el principal demandado es el Ayuntamiento, lo lógico es adherirse a ese recurso”.

“Ante esta situación y por coherencia, el Ayuntamiento de Logroño lo que ha hecho es adherirse a ese recurso y desde luego no puede proceder a ejecutar la sentencia hasta que esta no sea firme. Tenemos que esperar a que se proceda a declarar la firmeza de la sentencia para volver a constituir ese tribunal y volver a repetir el ejercicio”, ha concluido.

CSIF pide la dimisión

El sindicato CSIF asegura que avisó con más de 7 meses de antelación a la celebración del primer examen de que los tribunales de oposiciones debían ser paritarios ya que en caso de no serlo, serían ilegales de acuerdo a la legislación vigente, tal y como ha ratificado ahora el juzgado contencioso número 1. Así consta en el acta de la Mesa General de Negociación de fecha 9 de noviembre de 2023.

Aseguran que la concejala “hizo caso omiso a nuestras advertencias y planteó un tribunal para las oposiciones de operario completamente ilegal”. El sindicato presentó un recurso de reposición el 1 de diciembre de 2023 argumentando esa irregularidad, pero el Ayuntamiento “lejos de cambiar dicho tribunal nos desestimó el recurso y continuó con la ilegalidad”.

La demanda judicial se presentó el 1 de marzo de 2023. “A la concejala le hubiera costado poco modificar dicho tribunal, tal y como se demostró en el recurso y posteriormente en la demanda judicial presentada y que estimó completamente el juzgado. Pero la soberbia y la sinrazón de la concejala siguió en sus trece”. Considera el sindicato CSIF que “lo más grave es que la concejala pudo suspender la primera prueba de la oposición ante la evidencia de la ilegalidad y no lo hizo”. 

CSIF se sorprende de que la concejala diga ahora que se acogió a una excepción de la legalidad, por el principio de especialidad, “cuando colocó en el tribunal de operarios hasta policías locales, y otros miembros que nada tenían que ver con las funciones de operario. Además, dicha excepción a la ilegalidad no existe tal y como le ha expetado la sentencia”. 

El sindicato denunciante presentó unos días después una petición de aclaración de sentencia para que los 98 aprobados no se vieran perjudicados por la ilegalidad del Ayuntamiento, y ha asegurado que se adherirá también a cualquier recurso que planteen los aprobados para que se les mantenga en dicha situación.

No obstante, han anunciado que plantearán otro recurso para que los opositores aprobados mantengan su situación de aprobados como terceros de buena fe “que no pueden verse perjudicados por decisiones arbitrarias del Ayuntamiento”.