“Pase lo que pase, ellos han ganado porque llevamos cuatro años como presuntos culpables”

“Hemos conseguido que se sepa toda la verdad, pero tenemos todas las de perder”. Así de dura es la sentencia que Pablo y Jorge dictan para su caso o, según como ellos lo consideran, su “no-caso”.

El lunes se cumplirán cuatro años de aquel 14 de noviembre de 2012. Poco podían pensar entonces que su participación en la huelga general acabaría, a última hora de la tarde, hipotecando su futuro. A la manifestación le siguió un mitin de la CNT a las puertas del Palacete y a este, una carga policial que acabó con varias detenciones.

Una piedra según la policía. Un globo con pintura rosa según los manifestantes. Es el punto en el que todo estalla. Al día siguente, Pablo Alberdi es acusado de un delito de desórdenes públicos, atentado con medio peligroso y lesiones. Le piden 6 años y 9 meses de cárcel y una multa de 4.000 euros. Jorge Merino, que, según ha podido demostrar, se encontraba camino de su trabajo en una fábrica de Navarra, fue acusado de inducción a desórdenes públicos con una solicitud de pena de 9 años, que se redujo sin explicación aparente hace unos meses a dos años de cárcel y una multa de 1.291 euros.

Cuatro años después, sigue sin haber fecha para el juicio pero ambos tienen claro que se celebrará y que no les depara nada bueno. “Hemos aportado vídeos que demuestran cómo fueron las cosas, tenemos muchos testigos, pero tengo todas las de perder, he visto ya muchos juicios con todas las pruebas del mundo en los que lo único que se tiene en cuenta es el testimonio policial”, explica Pablo.

Jorge también lo tiene claro. “Que este asunto llegue a juicio es ya una injusticia en sí misma y una prueba de lo que va a pasar”, señala, “ellos podrían aportar las grabaciones que hizo la policía, pero curiosamente se borraron al día siguiente, o las de las cámaras de seguridad del Palacete, pero no las van a presentar. Aun así, con todas nuestras pruebas, yo me puedo comer dos años y Pablo siete, porque estamos en manos de la voluntad y la imparcialidad de un juez”.

A nivel de apoyos, Pablo y Jorge no pueden estar más satisfechos. “Se ha trabajado muchísimo en la calle, nuestra familia siempre ha estado ahí, apoyando y mojándose a pesar de las dificultades. También nuestra gente”, coinciden, “en todo este tiempo hemos ido viendo cómo pasábamos de ser los malos malísimos al principio, a que la gente se acerque ahora escandalizada por las penas que nos están pidiendo. Cada vez tenemos más apoyos”. De hecho, en todo este tiempo han conseguido reunir 16.000 firmas con su presencia en la calle, respaldada por la plataforma Stop Represión.

La incertidumbre del futuro

En lo personal, sin embargo, el panorama no es tan optimista. “Tengo la misma rabia que el primer día”, explica Pablo, “cada vez que recuerdo las mentiras y las amenazas que se vertían a través de los medios, todo lo que hemos pasado... ¡qué pasada! En todo este tiempo hemos conseguido muchísimo pero también desgasta”.

Pero sin duda, lo peor para ambos es no poder pensar en el futuro. “Yo soy carpintero y hay un proyecto que me llama muchísimo pero no puedo meterme, no puedo crear una empresa ni empezar un proyecto de larga duración porque no sé cuándo tendré que decirle al cliente que lo dejo a medias porque tengo que ir a la cárcel. Tampoco puedo presentar proyectos a una administración explicando al mismo tiempo que me piden siete años”.

Esta losa es compartida. “No me puedo plantear ningún plan de futuro. Podría estar deseando formar una familia o hacer una vida fuera de Logroño pero no puedo, porque no sé lo que va a pasar mañana”, añade Jorge. “Es de locos. Me acusan de algo y ni siquiera tienen que demostrar que lo he hecho, soy yo el que tengo que demostrar mi inocencia. Es como si te acusan mañana sin ninguna prueba de haber robado un trozo de la Luna. No lo has hecho pero, ¿cómo lo demuestras?”.

Consideran que el retraso en el juicio se debe a “causas políticas”. La fase de instrucción ya ha finalizado y se han presentado los escritos de acusación del fiscal y el abogado del Estado y los escritos de defensa a la espera de que la Audiencia Provincial admita las pruebas: vídeos, testimonios de testigos, informes informáticos de que los vídeos no están manipulados y un certificado de la empresa en la que trabajaba Jorge asegurando que estaba allí en el momento de los hechos. Por parte de la acusación, se solicita como prueba el interrogatorio de los acusados, el testimonio de los policías y partes médicos de lesiones.

“Ya no saben cómo justificarlo”, añade Pablo, “les gustaría que ese día no hubiera sucedido, pero sucedió, y nosotros lo seguimos pagando”.