La exconsejera de Servicios Sociales Sagrario Loza ha propuesto hoy “matizar” el modelo de residencias reduciendo su tamaño, con entre setenta y cien plazas, para “humanizar” la atención.
Loza ha participado en la Comisión de Estudio para la Recuperación Económica y Social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 a petición del Partido Popular y como experta en Servicios Sociales.
La actualmente gerente de una residencia cree que “el modelo no está en cuestión, mucho menos si se enfoca en si es público o privado”. A su juicio, “la cuestión no es tanto la fórmula de gestión sino que esté controlada por la Administración”.
Ha propuesto que las nuevas residencias que se construyan tengan entre setenta y cien plazas para que sean “centros menos masificados”, porque, ha recalcado, “son hogares, no son centros sociosanitarios”, de hecho ha cree que “el ámbito sociosanitario no existe”.
Ha señalado una “carencia absoluta de recursos humanos, sobre todo médicos y enfermeras” y ha propuesto una Gerencia de Servicios Sociales, junto a una jefatura dirigida a la lucha contra el fraude.
Los empleados de las residencias de personas mayores, ha dicho, no han trabajado seguros y muchas veces lo han hecho con una falsa seguridad. Cree que llegará un momento en el que habrá que rendir cuentas porque “las residencias de personas mayores han sido las grandes olvidadas”.
Ha recriminado que se llegó “tarde y mal” y “el alto número de fallecidos cuestiona la validez de la estrategia”. Junto a esto, ha visto que “las declaraciones de los representantes políticos han sido desafortunadas e irresponsables”.
La portavoz del Grupo Mixto Henar Moreno le ha cuestionado si es compatible el beneficio, para una empresa privada, con priorizar las condiciones de los usuarios de las residencias y las condiciones laborales adecuadas; también si cree que los empleados están bien retribuidos.
Loza, en su respuesta, ha insistido en que “no es tan importante el modelo como el control”, y “eso es lo que debe reforzarse”. Las empresas que gestionan las residencias, ha dicho, “tienen que ganar dinero, pero la calidad del servicio tiene que ser muy controlada por la Administración”. Ha reconocido que las retribuciones son bajas, pero ha dicho que están dentro de un convenio “y la empresa no puede hacer mucho”.
Desde Ciudadanos, Belinda León le ha pedido que descendiese al detalle sobre el modelo que propone y la compareciente se ha preguntado “por qué invertir en construir una residencia pública habiendo una residencia a la que se le pueden comprar los servicios”.
“Depende de lo que uno tenga en el territorio, para ello hace falta una planificación”, ha dicho. En su opinión, “como ciudadano lo que me importa es que estoy en una plaza publica y estoy protegido”.
“El modelo no está cuestionado, pero hay que matizarlo, donde hay residencias muy grandes la atención se puede controlar menos, la atención está mas deshumanizada, por lo tanto mi opinión es que hay que rebajar el numero de plazas de las residencias”, ha explicado. Ha añadido que la acreditación es una figura que no está desarrollada en esta comunidad autónoma.
El 'popular' Alfonso Domínguez ha querido insistir en la sensación que los gestores de los residencias habían tenido de los responsables políticos y, a su lado, el también 'popular' Alberto Bretón se ha referido a “datos objetivos” como que el 57 por ciento de los fallecidos son personas mayores.
En su respuesta, Loza se ha referido al Ingreso Mínimo Vital, que, ha dicho, “llega tarde porque todas las comunidades autónomas han ido desarrollando normas”.
Ha indicado que, “realmente, quien ha salvado a las residencias ha sido la UME”. Con respecto al Ejecutivo regional ha afirmado: “ellos nos pedían paciencia y nosotros estábamos contagiados”. También ha relatado “mucha descoordinación entre Salud y Servicios Sociales”, incluso ha dicho que percibían “cierta competencia entre ambas consejerías”.
Desde el PSOE, el portavoz Raúl Díaz ha preguntado hace cuantos años no se crea una residencia pública y la socialista Maria Resurrección Cruz ha apuntado que “la UME fue mandada por el gobierno, no apareció por generación espontánea”. También le ha recordado que su residencia fue una de las recibió un requerimiento de Salud por no haber cumplido las instrucciones del Gobierno.
Loza ha informado de que “nadie recibió una instrucción de que no se derivaran residentes al hospital, eso no ha ocurrido”, pero, ha añadido, “sí hubo un triaje y era el 112 quien decía si se trasladaba o no”. “Para saber si hubo mala praxis sólo habría que mirar cuántas llamadas se han hecho y cuántas han sido atendidas con derivación”, ha dicho.