CGT ha desconvocado los paros parciales en Renfe previstos para los próximos días 30 y 31 de julio y 1 de agosto, coincidiendo con una de las principales operaciones de salida y entrada de vacaciones del verano, tras haber alcanzado un acuerdo con la empresa ferroviaria.
Tras las reuniones mantenidas este miércoles con Renfe Operadora y con el Comité General de Empresa, por la mañana, y con el Comité de Huelga, por la tarde, el sindicato valoró “positivamente” la creación de una mesa específica para que la dirección de Renfe “aporte la información necesaria sobre la situación actual de la empresa y los planes de futuro que garanticen las condiciones laborales de los trabajadores y garantizar el empleo”.
El sindicato indicó en un comunicado que se ha elaborado un calendario de reunión que comenzará el próximo día 29, encuentro en el que Renfe se compromete a “compartir la información y debatir los aspectos que afecten a la viabilidad y sostenibilidad de la empresa”.
No obstante, CGT anticipó que se desvinculará del acuerdo en caso de que en las reuniones mantenidas con Renfe observe que no hay un contenido real de negociación u observe que no existe un compromiso por parte de la empresa con los trabajadores antes del 30 de octubre.
CGT, que reiteró su nueva apuesta por la negociación, había convocado estas tres nuevas jornadas de paros parciales con el fin de mostrar su rechazo a los planes del Ministerio de Fomento de cerrar las líneas y los servicios ferroviarios que no atiendan al interés general.
Fomento debe presentar antes del próximo 30 de noviembre la relación de los servicios ferroviarios de transporte de viajeros y los tramos y frecuencias que quedarán garantizados por ser considerados un servicio público (por razones económicas, sociales o medioambientales, o por presentar una suficiente demanda).
Estos servicios se diferenciarán y sumarán a los que Renfe debe prestar con criterios de competencia comercial y no pueden percibir ayudas del Estado.
El listado que elaborará Fomento deriva de lo establecido por la normativa europea, que limita las aportaciones estatales al ferrocarril a los servicios de interés públicos e insta a introducir criterios de competencia comercial en este servicio ante su próxima liberalización.