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OPINIÓN | 'Este año tampoco', por Antón Losada

La Audiencia Nacional lleva a juicio uno de los mayores casos de blanqueo de capitales registrados en España

El próximo curso judicial se avecina caliente para la Audiencia Nacional. No sólo para el titular del juzgado central de instrucción número 5, Pablo Ruz, que se encarga de la instrucción del caso Gürtel y del caso Bárcenas, sino para la Sala Penal de la Audiencia. El tribunal que preside el magistrado Fernando Grande Marlaska deberá juzgar, a partir del próximo 16 de septiembre, uno de los presuntos mayores casos de blanqueo de capitales registrados en España hasta el estallido del caso Gao Ping.

Grande Marlaska, junto a dos compañeros, decidirá sobre el futuro de los presuntos integrantes de una red de blanqueo de capitales encabezada por el ex abogado penalista Juan Piqué Vidal, que supuestamente afloró ilegalmente cerca de 80 millones de euros a principios del siglo XXI.

Hay una diferencia fundamental, sin embargo, entre la red de Gao Ping y la trama organizada por Piqué Vidal. Mientras los clientes del ciudadano chino Gao Ping, en su mayoría sólo pretendían ocultar dinero negro al fisco español, según afirma la investigación, el dinero de la trama de Piqué Vidal, de acuerdo con la acusación, procedía exclusivamente de un cártel de narcotraficantes mexicanos que, supuestamente, intentaban blanquear los beneficios de sus actividades delictivas en España.

Aunque, una vez más, el acto de juicio oral llega ocho años después de que se iniciaran las investigaciones. Piqué Vidal, otrora toga de oro de Barcelona, fue el elegido por el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en 1984, para ocuparse de su defensa en el caso Banco Catalana. Cometido que, junto al abogado Juan Córdoba, cumplió con éxito, porque Pujol fue exonerado en 1988.

Piqué Vidal se implicó presuntamente en esta trama de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico mexicano cuando su prestigio había caído en barrena a causa de su implicación en el caso Estevill, la mayor organización criminal en el seno de la judicatura española descubierta hasta la fecha. La implicación de Piqué en aquel caso no fue en absoluto tangencial.

El 'cerebro' de la trama

El 'cerebro' de la tramaEl propio juez Lluís Pascual Estevill señaló al penalista como cerebro de la trama, aunque el tribunal no encontró suficientes pruebas para confirmar esa afirmación, entre otras cosas porque Estevill había hecho negocios por su cuenta. Pero consideró que la participación de Piqué había sido lo bastante grave como para condenarle a seis años de prisión y de inhabilitación profesional.

Además, en aquella ocasión, Piqué pudo beneficiarse de la atenuante de reparar el mal causado antes del juicio porque la responsabilidad civil ascendía a poco más de unas decenas de miles de euros, pero en esta ocasión es completamente diferente.

Lejos de intentar mantenerse alejado de cualquier actividad delictiva en octubre de 2004, precisamente cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) procedía al juicio contra Estevill y Piqué, el penalista, consciente del menoscabo que los 10 años de instrucción del caso contra el magistrado había supuesto para su bufete, entró en una espiral desesperada por facturar que le llevó a mantener la ética como una preocupación menor a la hora de elegir los casos.

En octubre de 2004, la Guardia Civil detuvo a Piqué Vidal en su domicilio por un caso que no tenía relación alguna con el magistrado corrupto. Estaba acusado de haber organizado una red societaria para el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico mexicano. La cifra era de unos 80 millones de euros.

Para elaborar esa trama societaria, Piqué Vidal utilizó a muchos de sus clientes que, sin comerlo ni beberlo, se enfrentan ahora a una acusación de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. El 27 de septiembre pasado, el titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, dictó auto de apertura de juicio oral contra todos los implicados. El juez Andreu considera que los tres cabecillas de la trama son los mexicanos Miguel David Arce Herrera, Guillermo Francisco Ocaña Pardal y el propio Piqué Vidal. Para Ocaña y Piqué, pide una pena de nueve años de prisión, una multa de más de nueve millones de euros y casi 79 millones en concepto de responsabilidad civil. Y se mostró inflexible durante la instrucción con los imputados.

Lo paradójico del caso es que es el bufete de Piqué Vidal el encargado de defender a muchos de los peces pequeños atrapados en las redes de la rama catalana de esta red de narcotráfico. Algunos de los intermediarios que utilizó el penalista y que han recurrido a otros abogados están llegando a acuerdos de conformidad con la representante de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, que ejerce la acusación pública en la causa.

Sin embargo, los representados por Piqué Vidal se han negado, a pesar de las condiciones favorables ofrecidas por el ministerio público. Piqué Vidal, aunque sigue inhabilitado como abogado a raíz de la sentencia del caso Estevill, que también le condenaba por prevaricación, va difundiendo el falso rumor de que este nuevo caso “se archivará porque hay gente muy importante de Barcelona interesada en que no llegue a juicio”. Resulta chocante ese argumento, que tiraría a la basura más de ocho años de investigaciones tanto del juez Andreu como de la Fiscalía y de la Guardia Civil.

Además, es un argumento que Piqué Vidal ya ha utilizado en el pasado en repetidas ocasiones y que sólo ha coincidido con la realidad en una ocasión. Difundió el mismo rumor cuando defendía al padre de Javier de la Rosa en el escándalo de la Zona Franca de Barcelona a principios de los años 80. Javier de la Rosa Vázquez acabó fugándose en el maletero de Piqué Vidal, cruzó la frontera a Francia y huyo a Brasil, ante la inminente condena que se le venía encima por vender terrenos inexistentes de la Zona Franca de Barcelona. Sólo volvió a Barcelona cuando la causa ya había sido archivada por prescripción por la Audiencia de Barcelona.

Amenazas a periodistas

Amenazas a periodistasPor cierto, en el juicio por narcotráfico también está acusado Sebastián Martínez Ferraté, antiguo capitán de la Guardia Civil en los juzgados de Barcelona, metido a detective privado de cabecera de Piqué Vidal cuando fue investigado por corrupción. Martínez Ferraté fue el encargado de vigilar, seguir y amenazar a los periodistas de El País y El Mundo que empezaron a relacionar a Piqué Vidal con la trama de Estevill. En la actualidad está fuera del alcance de la Justicia española porque reside en Cuba. Y todo parece indicar que no le conviene volver porque Piqué está dispuesto a dejarle en la estacada, como ya ha hecho con uno de los implicados en la trama, Felipe Gutiérrez, que sigue en la prisión barcelonesa de Brians y por el que no ha movido ni un dedo.

Piqué está a punto de cumplir 83 años y, de resultar condenado, su ingreso en prisión depende exclusivamente del tribunal sentenciador. Fuentes judiciales consultadas, sin embargo, consideran que, aunque el penalista ya ha pasado por la cárcel por su implicación en el caso Estevill, y a pesar de su edad, la Audiencia Nacional no tiene intención alguna de perdonarle su paso por el penal por la especial gravedad de los delitos por los que, eventualmente, sería condenado.

El próximo curso judicial se avecina caliente para la Audiencia Nacional. No sólo para el titular del juzgado central de instrucción número 5, Pablo Ruz, que se encarga de la instrucción del caso Gürtel y del caso Bárcenas, sino para la Sala Penal de la Audiencia. El tribunal que preside el magistrado Fernando Grande Marlaska deberá juzgar, a partir del próximo 16 de septiembre, uno de los presuntos mayores casos de blanqueo de capitales registrados en España hasta el estallido del caso Gao Ping.

Grande Marlaska, junto a dos compañeros, decidirá sobre el futuro de los presuntos integrantes de una red de blanqueo de capitales encabezada por el ex abogado penalista Juan Piqué Vidal, que supuestamente afloró ilegalmente cerca de 80 millones de euros a principios del siglo XXI.