Diario de un relator de la ONU en Madrid: así trabaja el hombre que evaluará a España en pobreza y desigualdad

Domingo, diez de la mañana. Philip Alston, el relator especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos, comienza una jornada, que será larga, por Madrid. Ha visitado Galicia, País Vasco, Extremadura, Andalucía, Cataluña y ahora encara la recta final de una investigación de casi dos semanas que terminará este viernes. El australiano, un experto independiente que no forma parte del personal de la ONU ni percibe un sueldo, ha recorrido España y este domingo, durante todo el día, ha visitado la capital para reunirse con trabajadoras domésticas migrantes, con inquilinos a los que les han subido un 100% el precio del alquiler y con personas en situación de pobreza.

Hace su primera parada en el barrio de Orcasitas (Usera). Una veintena de mujeres esperan la llegada de Alston y su equipo. “Estamos practicando el English”, bromea un de ellas. El experto de la ONU llega puntual acompañado por otras cinco personas, entre ellas dos intérpretes, al Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Madrid que gestiona la asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC). Es un centro pionero en atención a empleadas del hogar que está en riesgo de desaparecer porque el Ayuntamiento, cogobernado por PP y Ciudadanos, recortó las ayudas a este centro en los presupuestos de 2020 aprobados en diciembre.

Aston escucha y las mujeres se desahogan. Le cuentan que su situación es “muy dura”; que además de ser limpiadoras o cuidadoras, a veces les toca hacer de costurera, de cocinera, de psicóloga, de confidente; que han llegado a trabajar hasta 18 horas sin descanso; que algunos empleadores han tardado años en inscribirlas en la seguridad social; que son víctimas de abusos que temen denunciar; que “simplemente” quieren ser tratadas como personas.

El relator especial de la ONU toma nota en un cuaderno rojo que lo ha acompañado todo el viaje y que por ahora lleva escrito hasta la mitad. Nada de lo que escucha le es ajeno porque ha estado investigando todas estas temáticas antes de venir. Finalmente, interviene: “Un centro como este es valiosísimo porque sin solidaridad y sin capacidad para trabajar juntas no lograrán nada”. El experto aclara que no puede resolver ningún problema particular, pero que volcará todo en un informe con recomendaciones para el Gobierno.

La investigación de estos 12 días, tras reunirse con afectados por la pobreza, miembros de la sociedad civil, académicos y políticos, se sumará a la que hizo antes de llegar, cuando entrevistó por teléfono a más de 60 personas y recibió unos 40 escritos. Este viernes, presentará los resultados preliminares de su evaluación, un informe de entre 15 y 20 páginas en inglés, y en junio enseñará una radiografía definitiva del país ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Ese es su trabajo, examinar la situación de un Estado o un asunto concreto de derechos humanos, e informar al respecto.

Ya tiene algunas pistas: en España, que es la quinta economía más grande de Europa, cuatro de cada diez personas vive en riesgo de pobreza o exclusión social y la tasa de desempleo dobla la media de la Unión Europea. El país también gasta mucho menos que la media de la UE en políticas de apoyo social más una década después de la crisis financiera de 2008. El relator ha llegado cuando el Ejecutivo progresista de PSOE y Unidas Podemos recién empieza para “recomendar la mejor manera en que el Gobierno puede apoyar a las personas en situación de pobreza”, pero no se reunirá con ningún miembro del Gobierno.

En Orcasitas, el experto de la ONU se hace las últimas fotos en grupo y sube a la furgoneta que traslada a todo el equipo por Madrid. Alston, que es catedrático de Leyes y Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York y realiza este trabajo de forma voluntaria, recorre unos 30 kilómetros para continuar con la apretada agenda, que suele empezar a las siete de la mañana estos días y terminar a la medianoche. Llegó a Madrid el 27 de enero, donde mantuvo algunas primeras reuniones. Después, visitó cinco comunidades autónomas en apenas cinco días y ha regresado este domingo a la capital.

A las 11.30, realiza segunda parada, que es en Torrejón de Ardoz, un municipio al este de Madrid. Es fácil identificar el punto de encuentro: un bloque gris de viviendas empapelado con pancartas que claman “somos familias, no carroña”. Allí esperan medio centenar de personas que habitan en viviendas que son propiedad de fondos buitre.

Muchos de esos vecinos viven en pisos públicos protegidos que el Ayuntamiento vendió al fondo Blackstone con rebajas. Ahora los residentes enfrentan un incremento del alquiler del 100%, según cuentan al relator especial de la ONU. Son “bloques en lucha” del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, es decir, vecinos de edificios que decide enfrentarse colectivamente a los “abusos inmobiliarios”.

“Han hecho un buen trabajo con los banners”, felicita Alston. El hombre habla poco, escucha más y hace breves comentarios cercanos como ese a las personas que lo reciben en cada uno de los lugares que visita este domingo. Se para en medio de un patio interno del edificio con las manos en los bolsillos y el cuaderno bajo el brazo. Jesús, uno de los vecinos afectados, le cuenta su experiencia en el micrófono: “Mi situación es muy lamentable porque ya perdí un piso”. Teme perder un segundo. Todos los meses paga a tiempo, según cuenta: “Pero ahora me piden 1.400 euros de alquiler y es imposible porque gano 1.000 euros”.

A Alston los relatos le resultan “conmovedores y perturbadores”. “Algunos dicen que [el Estado] no debe intervenir, pero la realidad es que sí ha habido intervenciones del Gobierno que han favorecido al capital y no al pueblo”, zanja el experto. “Sin dudas, tienen que luchar, pero lo que se necesita es una política de vivienda abarcadora que regule el mercado para evitar los abusos”, señala. “En muchos de los sitios que he visitado la vivienda no es un problema grave, pero en España las cosas son muy distintas. Tiene los niveles de vivienda social más bajos de Europa”.

Desde que es relator de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos, en 2014, ha investigado las situaciones en Chile, China, Mauritania, Rumanía y Arabia Saudi, entre otros países. Normalmente, evalúa la situación de dos países por año. Esta vez ha aterrizado en España después de solicitar la visita al Gobierno y recibir la invitación oficial del Ejecutivo, y será la última investigación de su mandato, que termina en mayo.

Tras visitar el bloque de viviendas en Torrejón de Ardoz, la tercera parada es en la Cañada Real, una sucesión de asentamientos irregulares que se extienden a lo largo de de 14,2 kilómetros en el sur de Madrid y en el que viven más de 7.000 personas. El pacto regional para regularizar la situación urbanística de la zona y garantizar el acceso a la vivienda digna de los habitantes avanza lento. Alston hace esta visita sin la prensa, con quien se reúne horas después.

La cuarta y última parada empieza a las 17.00 en Vallecas. El día se ajusta minuciosamente a los horarios previstos. Unos 60 vecinos de Madrid se reúnen en un encuentro organizado por la Red de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN, por sus siglas en inglés). Hablan sobre infancia, migración, empleo, vivienda, salud, pobreza, ayudas sociales, pensiones -y los que el Gobierno ha hecho o no en respuesta-. Son hombres y mujeres de diferentes edades que durante dos horas recrean un pleno y trasladan sus problemáticas al relator de la ONU. Son españoles, son migrantes, son jóvenes y adultos. “La pobreza tiene muchas caras”, señala el experto tras escuchar más de una veintena de testimonios.

“[En España] los relatos son similares y, por supuesto, también diferentes”, señala Alston y enumera “la vivienda imposible de pagar, la falta de empleo, los salarios y condiciones inadecuados”. “Esto pasa en muchos países, la diferencia es que España es un país rico y parece que prospera. O sea, que se puede permitir más por las personas de bajos ingresos”, precisa.

Un hombre muestra su escepticismo: “Tengo la sensación de que la ONU puede decir misa y los países pasarse las recomendaciones por donde quiera. El informe, siendo sinceros, ¿para qué va a servir?”. Altson aclara que él no es “la ONU”, sino un experto independiente, que pondrá “un reflector” sobre los problemas que ellos señalan. “Puedo decir lo que se me antoje, no soy nada diplomático”, se autodefine. “Después, la pelota queda de su lado de la cancha”, expresa. “Nada está garantizado, pero mi esperanza es que sea un catalizador”, apunta.

El pleno se disuelve, Alston cierra su cuaderno y cuando él y su equipo salen a la calle ya está oscuro. Ha sido el segundo día de evaluación en Madrid -el primero fue el 27 de enero, en su primer día en España- y todavía queda la semana por delante. Se reunirá con trabajadores de los distintos ministerios, visitará el Congreso, hablará con miembros de ONG y se entrevistará con más afectados. El único día sin actividades agendadas es el jueves, cuando preparará las conclusiones -durante 16 horas, calcula- que expondrá el día siguiente y se sabrá, de forma preliminar, si España pasa el examen.