La acampada de personas sin hogar cumple tres meses sin respuesta de las instituciones

La acampada de personas sin hogar que a mediados de abril se instaló frente al Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, en el Paseo del Prado de Madrid, ha cumplido tres meses en los que la reivindicación política se ha transmitido a las instituciones, pero sin que la situación de emergencia de los allí concentrados se resuelva. “Lo estoy pasando tan mal que hasta he pensado en suicidarme, lo digo así”, confiesa Itziar Jiménez, una joven de 28 años embarazada y sin recursos que pertenece a este asentamiento.

Ante su situación de desamparo, este grupo de personas sin hogar quería ejercer presión antes de las elecciones generales del pasado 28 de abril y Miki, uno de los portavoces, quiso repetir la 'Acampada por Derechos', de la que también fue impulsor, que tuvo lugar en Barcelona a finales de 2017, pero esta vez a nivel estatal. En los tres meses que llevan instalados, el número de tiendas de campaña se ha multiplicado y además, una segunda acampada se ha colocado frente a la Plaza de Cibeles “para darle la bienvenida al nuevo alcalde”, según afirman.

La mezcla de personas es totalmente heterogénea y va más allá de la reivindicación política. Muchos simplemente no tienen dónde estar y se sienten más seguros en grupo: diferentes nacionalidades, personas jóvenes con altos grados de discapacidad, mayores con graves problemas médicos, personas que aun con trabajo no pueden pagar un alquiler y hasta mujeres embarazadas, como Itziar.

Uno de sus objetivos al emplazarse frente al Ministerio era conseguir ser escuchados. El 10 de junio, se reunieron con la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Isabel Lima Fernández. A este encuentro acudieron cinco miembros de la acampada -Joaquina Alba, Manuel Márquez, Gema Orellano, José Pedro y Miki- que entregaron un documento en el que detallaban sus reclamaciones. Su finalidad era hacer entender que la situación de las personas sin hogar es “de emergencia” y que la acogida “debe ser inmediata”.

En esta reunión, también pidieron atención y una solución a sus casos particulares: Joaquina tiene un hijo con discapacidad y su marido, Manuel, tiene problemas cardíacos que le han hecho salir varias veces en ambulancia de la acampada, para luego volver a ella, mientras espera a ser operado a finales de julio. Pero el Ministerio no tiene competencias para hacer una intervención directa, ya que es responsabilidad de los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos. Según Miki, el grupo insistió en que sí está en su mano “indicarles las directrices a seguir para que no dejen a nadie en la calle”. La secretaria de Estado se comprometió con ellos a reactivar la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar, para lo que se va a formar un grupo de trabajo interministerial, donde se tendrá en cuenta a las autonomías, a la Federación Española de Municipios y Provincias y se escuchará al tercer sector, aseguran.

En mayo también habían transmitido sus peticiones al Congreso de los Diputados y el 10 de julio, se dirigieron de nuevo a todos los grupos parlamentarios. Han llegado a reunirse con Isabel Franco y Miguel Urbán, diputada y eurodiputado de Podemos, y han solicitado una cita con el nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

De la parroquia del Padre Ángel a la acampada

En la acampada no solo hay activistas. Se han unido a ella personas que simplemente no tienen dónde estar y que, ante las malas condiciones y saturación de los albergues, ese asentamiento les supone una mejor opción. Algunos han llegado hasta allí desde la parroquia del Padre Ángel. Es el caso de Itziar o de Paloma y Francisco, una pareja de 57 y 62 años, sin hogar y que cobran la Renta Mínima de Inserción (RMI, 400€ en Madrid) de él como único ingreso. Paloma sufre cinco hernias en la espalda y Francisco es diabético.

Natalia Barber, una de las dos trabajadoras sociales contratadas por Mensajeros de la Paz para esta iglesia, les instó a irse a la acampada, a la que además el padre Ángel había donado algunas tiendas de campaña. Paloma y Francisco no saben a dónde tienen que acudir para conseguir ayuda.

“Aquí no podemos tener camas porque no somos un albergue. Una persona con hernias no puede estar sentada en una silla todo el día. La acampada no es lo mejor, pero por lo menos duermen estirados. No me queda otra que mandarlos allí y seguir quejándome”, cuenta la trabajadora social que tomó esa decisión. Barber es consciente de lo terrible de la situación y explica sus constantes reclamaciones: “Tanto el SAMUR Social [perteneciente al Ayuntamiento de Madrid] como la Comunidad están saturados. No paro de enviar quejas al Defensor del Pueblo. Al 'pobre', si ya tiene la vida difícil, desde las instituciones se la complicamos aún más”.

Sin alquiler social y sin atención del SAMUR

Entre sus quejas y peticiones, una es común a todos: “Queremos un hogar” y aluden al alquiler social como solución. La Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, preguntada por esta situación, respondió a eldiario.es que no está en su competencia lo referente al alquiler de viviendas sociales ni la atención y respuesta a sus necesidades, siendo esto “responsabilidad de los servicios sociales de proximidad”.

Por otro lado, la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras explica que para la adjudicación de viviendas con alquileres sociales tienen una lista de espera, con “unas 3.200 solicitudes de especial necesidad”, que sería la categoría en la que se incluirían a las personas sin hogar. “No hay ningún piso que estando disponible no se adjudique”, explica, porque hay más solicitantes que viviendas disponibles.

Sobre la atención del SAMUR Social, Miki explica que desde el principio les llamaron por teléfono y presentaron instancias en el Ayuntamiento reclamando sus servicios. “Hemos pedido que vengan y hagan un censo, que conozcan cada caso. Y no quieren saber nada de nosotros”, lamenta. Cuenta que la respuesta recibida en más de una ocasión fue que “por órdenes de un superior, solo atenderían casos individuales, no 'a la acampada'”. “Les explicamos que hay personas con problemas médicos y de movilidad que no pueden ir hasta su sede. Aunque estemos en grupo, seguimos estando en la calle. No tiene sentido”, reclama.

El SAMUR Social, por su parte, considera a la acampada solo como “un lugar de activismo político”. “No se puede actuar como si se tratase de un asentamiento” y tampoco podrían hacer el censo solicitado en una “acampada reivindicativa”, porque “sería ilegal”. Niegan el rechazo que denuncian los acampados y aseguran que atienden “cada caso de personas que solicitan asistencia”. Reconocen que “las plazas de alojamiento para emergencia social del Ayuntamiento se encuentran saturadas por la afluencia de refugiados” y que además de solicitar la colaboración de la Secretaría de Estado de Migraciones para tratar de solucionarlo, “para combatir el sinhogarismo, el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social va a desarrollar una serie de acciones para favorecer el alojamiento de las personas sin hogar en viviendas en entorno comunitario que faciliten su integración”.

Un trabajador social consultado por eldiario.es reconoce que en la acampada hay personas con más necesidad que otras, pero que “falta trabajo de campo”: “Es una cuestión de acceso a derechos en general, no solo a vivienda. Aquí hace falta que vengan los servicios sociales y estudien cada caso para darles una solución. Hay perfiles que se pueden derivar fácilmente al programa 'Housing First' de RAIS, por ejemplo”.

Sobre las ONG, las personas de la acampada afirman que alguna “ha pasado por allí para dar comida”, pero ninguna para ofrecer alternativas a estar en la calle.

Algunas han conseguido que personas particulares quieran ayudarles. Es el caso de Itziar. Vive en la acampada porque después de una ruptura de lazos familiares, pérdida de trabajo y de dificultades para poder alquilar una habitación en Madrid junto a su pareja, simplemente, no tiene dónde estar. Las únicas personas que están aliviando su desesperación son Susana y Carolina, dos hermanas que encontraron su mensaje de auxilio en una web colaborativa (“Me van a desahuciar, necesito una tienda de campaña y un saco”) y le ofrecieron su ayuda desinteresada.

Su solidaridad va más allá de llevarle ropa: le están buscando trabajo a su pareja, una vivienda que puedan alquilar, recaudan fondos para pagar la futura fianza y comparten su tiempo con alguien a quien su familia y el Estado dan la espalda.

Las personas sin hogar de estas acampadas aseguran que seguirán en sus tiendas de campaña “porque no tienen otro sitio al que ir” hasta que alguien les ayude y puedan tener un hogar, tal y como defiende el artículo 47 de la Constitución Española.

Miki explica que una de sus expectativas es que el PSOE y Unidas Podemos “den una respuesta al sinhogarismo con un plazo determinado en el pacto que negocien” para un posible gobierno de coalición. “Estamos contactando con los diputados de Podemos con los que ya hemos hablado y sería una grandísima noticia”, afirma esperanzado.