Las magistradas titulares de los juzgados de primera instancia 10, 11 y 33 de Madrid acordaron en una reunión con la Policía Judicial ordenar un desahucio conjunto de las tres viviendas del número 11 de la calle Argumosa después de que los agentes les trasladaran la imposibilidad de ejecutar las órdenes en al menos cinco ocasiones por problemas de “orden público”.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han explicado que en la reunión estuvieron presentes agentes, las tres magistradas, funcionarios de sus juzgados, dos letradas de la Administración de Justicia del Servicio Común de Notificaciones y Embargos y miembros de la Policía Judicial.
Según consta en los tres autos que ordenan el desahucio, a los que ha tenido acceso eldiario.es, hasta en cinco ocasiones los policías habían alegado problemas de “orden público” para ejecutar la orden de los respectivos juzgados. Con esa expresión se refieren a la movilización de distintos colectivos para impedir el desalojo de las familias que residen en esos pisos. La propietaria, en los tres casos, es Estrella Esteban Aguado. Los residentes en las tres viviendas son todos familiares.
El Juzgado de primera instancia número 33 de Madrid, que atiende el caso del 4ºB, donde reside Josefa Santiago Salazar, conocida en el barrio como Pepi, habla de cinco suspensiones del desahucio, una de ellas, el 19 de septiembre, “por carecer de efectivos la Policía Nacional”, y otro el 14 de diciembre “por motivos de orden público”.
“Resulta necesario, para dar eficaz cumplimiento a la resolución judicial, recabar el auxilio de la Policía Judicial a fin de que, con los medios proporcionados, se garantice la seguridad de la Comisión Judicial, en la identificación de las personas que obstaculicen o impidan el cumplimiento de la misma a fin de que puedan ser apercibidas de posible responsabilidad penal”, escribe la jueza María Teresa de la Asunción Rodríguez. Este jueves, la Policía ha detenido a seis personas que intentaban impedir el desalojo.
La jueza también había ordenado dirigir un oficio a la Delegación del Gobierno “a fin de que arbitre los medios policiales necesarios y proporcionados para evitar una obstaculización dolosa de la diligencia señalada y asistan a la comisión judicial a los fines acordados”.
“Ni atención prioritaria, ni emergencia habitacional”
La magistrada del caso de Pepi aseguró en otro auto del pasado 13 de febrero que Pepi no está “amparada por ningún supuesto ni de atención prioritaria ni de emergencia habitacional”. Y añadía que la mujer había rechazado “varias alternativas” para irse a otro lugar, como una plaza en una residencia o ayuda económica para el pago del alquiler en otra vivienda. “A lo que se une que cobra una pensión no contributiva a partir de agosto de 2018”, señalaba la magistrada.
Los autos de los juzgados 10 y 11 reproducen los mismos mandamientos a Delegación del Gobierno y servicios sociales en idénticos términos. En el caso del 3ºA, donde reside Ramón Moreno Salazar, primo de Rosi, el desahucio se suspendió en dos ocasiones al alegar el demandado “riesgo de exclusión social”. En otras dos ocasiones, el 19 de enero y el 15 de febrero, fue imposible realizarlo por la movilización vecinal. En el primero, el auto del Juzgado número 11 señala “imposibilidad de llevarlo a cabo, y en el segundo se alegan ”motivos de orden público“ y ”escasez de efectivos de policía local“.
Respecto a la vivienda donde reside Juana Salazar Muñoz, el Juzgado de primera instancia número 10 critica la actuación de la Policía Municipal, que el 18 de enero no se presentó a la ejecución del desahucio. “Se describe en la diligencia una aglomeración de unas cien personas gritando e impidiendo el acceso al inmueble, la falta de comparecencia de la policía municipal, acudiendo finalmente un solo agente”.
“El Samur Social -añade- se ausentó tras manifestar que no tenían solución habitacional preparada. La Central de Policía Municipal no recibe la llamada de la Comisión Judicial por lo que ésta, ante la imposibilidad siquiera de acceder al número del inmuble, impide la suspensión”.
¿A quién pertenecen los pisos?
La web libremercado.com publicó el pasado 17 de febrero unas declaraciones de Pedro Esteban, hermano de la mujer que aparece como demandante en los tres juzgados, en las que afirma: “Rosi tiene ocupado el piso de mi prima Estrella Esteban y su madre de 90 años, que vive con su hijo, también incapacitado. Su situación es terrible, como la nuestra. Somos gente normal que heredamos esos pisos del bloque y esas familias nos dejaron de pagar hace casi dos años el alquiler. Están apoyados por la plataforma de Inquilinos. Nos persiguen, acosan, estamos desesperados, tenemos miedo”.
Sin embargo, la abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que lleva el caso de Pepi Santiago, Alejandra Jacinto, explica que es una inmobiliaria y no un representante de Estrella la que el año pasado envió a todas las familias “un burofax, una carta firmada por Proindivisos, en la que se les comunica la resolución de sus contratos y que, por tanto, tienen que marchar de las viviendas”.
Según explica el portavoz de la plataforma Bloques en Lucha, Fernando Bardera, al principio de la operación, el piso estaba repartido según la propiedad vertical entre tres miembros de la familia Aguado al 33, 16 y 16% y la empresa Proindivisos, al 33%. Es decir, cada uno era propietario de un porcentaje de todo el edificio. Pero, en los siguientes meses, “lo que han hecho es propiedad horizontal”, explica Bardera. Esto es, repartir ese porcentaje en pisos concretos.
Así, por ejemplo, Proindivisos es la propietaria del piso de Pepi, según explica su abogada. Pero, entonces, ¿por qué consta Estrella Esteban Aguado en los autos de desahucio dictados esta semana y no la empresa? “Es una pregunta que nos hacemos desde el principio y para la que no tenemos respuesta”, indica Bardera a esta redacción. El portavoz de Bloques en Lucha apunta además hacia vínculos entre la familia y el fondo: “El abogado es Santiago Viciano Esteban, sobrino de Estrella Esteban Aguado, y, a su vez, socio de Proindivisos”.