Los organizadores del acto suspendido previsto para el próximo domingo a favor del derecho a decidir han decidido que lo van a celebrar transformándolo en un acto a favor de la libertad de expresión.
Tras la decisión del juez de lo contencioso-administrativo, José Yusty Bastarreche, de suspender cautelarmente el debate que iba a producirse en la Nave de Terneras, un espacio municipal cedido por el Gobierno de Carmena, tildan la decisión de injusta por atentar contra un derecho fundamental y suman a su reivindicación la libertad de expresión.
“En Madrid por la libertad de expresión y la democracia y el derecho a decidir”. Bajo este nuevo título se transforma el acto que todavía no cuenta con un espacio en el que celebrarse. Como han explicado los organizadores en una rueda de prensa, están buscando un lugar que pueda albergar un aforo de unas 500 personas, aunque no descartan tampoco hacerlo al aire libre.
Intervendrán diputados catalanes que apoyan el referéndum y representantes de organizaciones de Madrid que también lo apoyan, han asegurado en esa misma rueda de prensa.
El magistrado Yusty Bastarreche alega en su auto que el evento suspendido “consiste en esencia en un acto de apoyo a la Ley 19/2017 del Parlamento de la comunidad autónoma de Cataluña”, esto es la Ley para la celebración del Referéndum que ha anulado el Tribunal Constitucional.
“La cesión del local indicado implica favorecer un acto de apoyo a una consulta convocada por una ley que ha sido suspendida en su eficacia por el Tribunal Constitucional y además se dirige claramente contra lo dispuesto en la Constitución Española”, en cuanto a que la soberanía nacional reside en el pueblo español y que su sistema de forma política es la monarquía parlamentaria, alega el magistrado.
Según ha expresado en rueda de prensa uno de los responsables que registró la petición en el Ayuntamiento, Pedro Casas, el recurso de los populares quería prohibir la cesión del espacio municipal, mientras que el auto de Yusty prohíbe el acto. “El recurso del PP se ciñe a que se suspenda un acto administrativo; se pide que se paralice la cesión del local, pero el juez va mucho más allá de lo que los propios demandantes le pedían”, ha recriminado Casas.